Cierre de ejercicio: ¿Un golpe de timón?
El uno de diciembre de 2010, el llamado gobierno de la alternancia nació con una divisa: poner un dique con el pasado, en tres aspectos fundamentales. El autoritarismo, el respeto a los derechos humanos y una rotunda negativa a la corrupción. Para ello, se instrumentó un nuevo discurso respecto a la transparencia y la rendición de cuentas. Con el bono democrático en la bolsa se llevaría a juicio a los corruptos del pasado, que habían saqueado el magro presupuesto estatal, con al menos 4 mil millones de pesos. La responsable de llevar al cadalso a los corruptos del antiguo régimen, por voluntad propia, sería la enjundiosa panista designada en la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, Perla Marisela Woolrich. Por ello, el tema de los indiciados se publicitó profusamente, durante todo 2011. Se mencionaba a 32 ex funcionarios y sus nombres aparecían por igual en medios locales y nacionales; impresos y electrónicos.
Entre la ciudadanía había una gran expectación. Dada nuestra particular tendencia a hacer cera y pabilo del político, del funcionario y del gobernante en desgracia, se echaron las campanas al vuelo para festinar la virtual consignación de los indiciados. Nada ocurrió. Los llamados “peces gordos” siguen gozando de lo que se llevaron y sólo se detuvo y puso en prisión a dos que el vulgo calificó como simples “charales”. Otro más sería consignado hace poco menos de un año por un delito que nada tenía que ver con su participación en el desfalco millonario. En la conciencia colectiva, de aquella promesa de castigar a los corruptos, se fue cayendo en la certeza de que todo había sido un ardid; demagogia pura. Pero en el fondo, ¿cuál era el motivo de fondo para dejar en la impunidad la corrupción del pasado? Por un lado la pereza o negligencia para aplicar la ley y, por el otro, ¿cómo ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio?
En efecto, los escándalos de corrupción, de desvío de recursos y otros ilícitos al interior del gobierno de la alternancia, empezaron a lacerar al actual régimen. El caso de SINFRA y su ex titular, Netzahualcóyotl Salvatierra y la presunta protección que habría recibido, ha sido un asunto emblemático en el gobierno de Gabino Cué. Y es que tal parece que las denuncias respecto a los negocios en ciertas áreas claves de la administración pública, ataron de manos prácticamente a los responsables de practicar auditorías y exigir transparencia y rendición de cuentas. Es decir, se había tropezado con la misma piedra que los regímenes anteriores; los mismos vicios y las mismas prácticas abominables de servirse del erario. Sobre la transparencia se privilegió la discrecionalidad y la opacidad. En este entorno, se entregaron sumas millonarias a dirigentes de organizaciones sociales que viven de la limosna oficial que, obviamente, jamás rinden cuentas pero además, nunca se llenan. Sólo entre 2011 y 2013 se dice, el gobierno habría entregado más de mil millones de pesos a fondo perdido a dirigentes de organizaciones como COCEI, MULT, FALP, CODECI, CODEDI, CIPO, “Antorcha Campesina” y un amplio directorio de vividores de la limosna oficial. Junto a la sangría brutal que representa el magisterio, dieron por resultado un estado desfondado y empobrecido. La tarea pues, del nuevo titular de la Secretaría de la Contraloría, recientemente designado por el ejecutivo estatal, es compleja y un verdadero desafío.
