La protesta perpetua
La protesta social, se dice en los discursos oficiales, es muestra de que Oaxaca está vivo. Ningún argumento es más absurdo. Si las estadísticas no mienten, la nuestra es la entidad de la protesta perpetua; del chantaje y la presión. En ninguna parte del país un grupo de veinte personas o menos paraliza una carretera; impide el libre flujo del turismo y, por tanto, de la economía. Sólo aquí. No hay un día, uno solo, en que la ciudadanía no esté abotagada por los bloqueos. Las manifestaciones han crecido en progresión geométrica, es decir, por multiplicación. Tres y hasta cinco por día. Maestros, sindicatos, transportistas, normalistas, comuneros, utilizan el clásico método del chantaje. Comunidades alejadas en la Sierra Sur, como Santiago Xanica, San Felipe Lachillo, Santa Catarina Xanaguía, San Juan Ozolotepec y muchas más, aprendieron bien el caminito: ahora secuestran a empleados de la Ciudad Administrativa o Judicial y enarbolan la presión como el sistema más eficaz, para doblegar al gobierno.
Cualquier mecanismo de negociación es rebasado por el chantaje. La sentencia de: “o atienden nuestras demandas o bloqueamos”, la utiliza cualquier baba de perico. El Frente Popular Revolucionario (FPR) es un caso típico. Violentan la convivencia social para que los dirigentes se llenen los bolsillos. La idea es cebarse contra de la ciudadanía; atentar contra del derecho a la libre circulación; vulnerar los derechos humanos de trabajadores, madres de familia, niños. Porque el afectado no es ciertamente el gobierno. Es el ciudadano común el afectado. Pero hay aún atolondrados, incluso partidos políticos, que los aplauden. Se ha insistido hasta el cansancio en que los diputados locales aprueben mecanismos regulatorios de la protesta. Pero no. Hay dirigentes de partidos y hasta legisladores que afirman que se trata de criminalizar la protesta social. Es decir, hay que dejar que los vándalos sigan destruyendo el patrimonio cultural; que arremetan en contra de viviendas y negocios; que sigan poniendo a todos contra la pared. Incluso que incendien la ciudad.
Vale pues entender a nuestros diputados: desde hace un año se venció el plazo para aprobar la Ley Estatal de Educación y es la hora en que siguen los jaloneos. Oaxaca es el único estado que no cuenta con ley educativa y en donde la Reforma Educativa ha abortado por completo. Incluso los dirigentes de la Sección 22 siguen emitiendo convocatorias para directores, subdirectores, supervisores, en contra de toda norma y legalidad. Cierto pues, el miedo y el terror han permeado. Hay incapacidad para darle al pueblo –no lo que quiere la 22- la ley que necesita. Pero hasta en eso, Oaxaca es un estado de excepción. Hay que culpar al de atrás o echarse la bolita. Lavarse las manos. Decir que nunca más se usará la fuerza pública para silenciar la protesta. Y ahí vamos, no sólo a la cola del desarrollo nacional sino como el eje del escándalo mediático. Pueblo sin ley; pueblo en vilo. No es fortuito que a menudo estemos en los noticiarios, calificados como un pueblo que vive en estado de naturaleza. El caso Ayotzinapa vino a exacerbar más la situación, habida cuenta de que el Cártel-22 había perdido banderas. Ante el pueblo oaxaqueño estaba en la lona, enarbolando la sinrazón. Pero no es el único caso. Sólo hay que ver los diarios para darse cuenta que todo principio de orden, todo atisbo de paz social y tranquilidad ciudadana, está cada vez más lejos. Oaxaca es una “Utopía” al revés: aquí ya no se puede vivir.
