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Seguridad pública vulnerable

editorialDesde el año pasado, un grupo de policías estatales, dirigidos por un tal Jeyco Pérez Morales, han estado en una posición de abierta rebeldía. En julio de 2014, en plena Guelaguetza, este grupo hizo de las suyas: tomando como bandera la exigencia de renuncia del titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Alberto Esteva y un sinfín de peticiones, se declararon en paro. Hace un par de meses fue sacrificado el ex Comisionado de la Policía Estatal, Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla, quien fue relevado por Víctor Amado Alonso. Fue una concesión para el grupo de inconformes que argumentaban malos tratos y despotismo. Pero no ha cedido la presión. Los inconformes siguen en las mismas, desafiando al gobierno de Gabino Cué y poniendo en tela de juicio la disciplina que debe prevalecer en una corporación policial.

Más que la supuesta búsqueda de demandas gremiales, se ha abdicado de una delicada responsabilidad: dar seguridad al pueblo oaxaqueño. El asunto –sin duda alguna- tiene un trasfondo político. La podredumbre y la manipulación flotan como una nata perniciosa. El paro no era sólo para agilizar la renuncia del ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública, que ya se dio, sino exhibir de manera entreverada, la intención perversa de abrir la puerta al incumplimiento de la ley. Las corporaciones policiales, más allá de su derecho legítimo a manifestarse, deben tener códigos disciplinarios y de honor, que van más allá de los que rigen a la sociedad en general. No son ni maestros, ni organizaciones sociales. Son servidores públicos con una divisa irrenunciable, que es salvaguardar la integridad física y el patrimonio del ciudadano. Las corporaciones deben estar sujetas a las normas y reglamentos de sus comisiones internas de honor y justicia. De poco le servirán al pueblo si carecen  de estos principios elementales.

Sea cual fuere su demanda principal, en el abanico de peticiones presentadas desde el 27 de septiembre pasado: dignificar su tarea, mejorar sus condiciones de trabajo, su demanda de mejores salarios y prestaciones, pueden ser legítimas, como legítimo es también, aprobar los exámenes de control y confianza y estar sujetos a una constante evaluación. La sociedad no puede confiar en delincuentes encubiertos, con charola y arma de cargo, o trabajando no para el Estado que es quien les paga, sino para otros patrones, como lamentablemente se ha visto en otros lugares. Ante la situación que se vivió en las dos últimas semanas; la vulnerabilidad ante la delincuencia; la indefensión ante la falta de seguridad y la comisión de delitos en tanto los policías se mantienen en paro, la Federación envió a un numeroso contingente de la Policía Federal a recuperar el cuartel en donde se mantienen atrincherados los rebeldes, generando un conato de violencia. Heridos y detenidos fue el saldo. Pese al llamado para el diálogo, los inconformes continuaron con la cerrazón. La seguridad nacional es algo que no puede estar sujeta a negociación ni, mucho menos, al chantaje. Que no se diga que Oaxaca es una ínsula de impunidad aparte.

El mal ejemplo del magisterio ha cundido por doquier: protestar por todo y por nada, llegando inclusive a adoptar posturas ridículas como la de arropar el paro de policías, en las que las inocentes reses de siempre, es decir los mentores, simpatizan con el aparato represor y los carniceros del gobierno, es decir, los policías. No sólo se han puesto en evidencia frente a sus mismos compañeros, sino que han exhibido sus peores bajezas.

 

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