Crisis policial y ley enlatada
Dos temas mantienen al gobierno –pero más a la sociedad oaxaqueña- en suspenso y zozobra: por un lado el paro de la Policía Estatal y corporaciones afines y, por otro lado, la postergada y aún no aprobada Ley Estatal de Educación que, a decir de algunos legisladores, sigue durmiendo en el sueño de los justos, ante las condiciones adversas para aprobarla y las presiones de un magisterio empoderado con la impunidad gubernamental. Respecto al primero, esta semana inició con una noticia bastante grave: los inconformes, presuntamente encapuchados, tomaron la madrugada del lunes, el Centro de Control, Comando y Comunicación de la Secretaría de Seguridad Pública, conocido como C-4, además de las instalaciones, oficinas, centros de mando y otros de dicha dependencia. No hay que soslayar que con este hecho asumieron el control de información de primera mano en materia de seguridad e inteligencia, además del armamento con el que cuenta la citada dependencia.
Desde hace casi dos semanas, elementos de la Policía Estatal convocaron a un paro de labores que inició, justamente, el domingo 14 de septiembre. La petición central era la renuncia del titular de la SSP, Alberto Esteva Salinas, además de otras demandas de tipo pecuniario como pago de viáticos, uniformes, avituallamiento, etc. Menos de una semana después, un grupo de 20 mandos ratificó su lealtad a las instituciones, seguido de otros quinientos elementos de tropa. Sin embargo, la amenaza de despido de 153 elementos rebeldes, lejos de paliar la situación la exacerbó, radicalizando los aludidos sus acciones. En una entrevista, luego del fin de los festejos del 15 de septiembre, el ejecutivo estatal insistió en que la renuncia de Esteva Salinas no estaba sujeta a negociación. Los problemas, empero, continuaron, teniendo como principal víctima a la sociedad oaxaqueña, quien se encuentra a merced de la delincuencia. El paro policial y la toma del C-4 y oficinas, se ha visto bajo el mismo prisma en que ve la protesta magisterial: todo se logra a través del chantaje. El titular de la SSP, no obstante, abrió un nuevo frente: el ex gobernador José Murat.
En torno a la citada Ley Estatal de Educación y en virtud de la dilación para su aprobación en el Congreso del Estado, ésta se ha entrampado en una serie de argumentos, dimes y diretes. El PRI apoya cualquier propuesta que conlleve a la armonización; el PRD maneja un doble discurso, en tanto que el PAN ha fijado su postura –con sus excepciones- de que apoyará la iniciativa que envió el ejecutivo. La iniciativa gubernamental, que contiene en su totalidad lo que quiere el magisterio, no cumple las expectativas que se requieren para armonizarla –o adecuarla- con la ley federal. Es, en términos llanos, un instrumento para privilegiar los cotos de poder de la Sección 22; un catálogo de invenciones como son los términos: comunalidad, comunitario, colectivo, holístico y otros. Pero tal parece que los diputados no tienen visos de aprobarla en breve. Lo más probable es que esto se haga hasta el segundo período ordinario de sesiones, si antes no ocurre algo importante, como la solicitud de amparo ante el Poder Judicial de la Federación, como sugirió Luis Carlos Ugalde, hace unos días, en una conferencia dictada en un conocido lugar de la capital.
Lo grave es que han pasado casi siete meses de que se venció el término constitucional y Oaxaca aún no tiene ley. Ante este panorama tan adverso, motivado por la cerrazón del magisterio –cuyo movimiento está cada vez más desinflado- y la complacencia gubernamental, lo más probable es que sea el gobierno federal quien tome acciones más enérgicas, sobre todo solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), hacer realidad la controversia constitucional.
