Ley a modo y destiempo
El 12 de marzo se venció el plazo constitucional para aprobar en Oaxaca, la Ley Estatal de Educación, que armonizara con la ley federal y la Reforma Educativa. Dicha norma no sólo no se aprobó sino que dio inicio a un jaloneo con la Sección 22, lo que motivó a que el mismo gobernador Gabino Cué; el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Alejandro Avilés; el presidente de la Mesa Directiva, Jesús López Rodríguez y los dirigentes de la S-22, Rubén Núñez Ginéz y Francisco Villalobos, secretario general y de organización de la gremial, convocaran a los medios de comunicación, legisladores y gabinete en pleno, a un acto realizado en el Teatro “Macedonio Alcalá”, en donde se daría a conocer que todos, de la mano, aprobarían una ley consensuada y acorde a las necesidades de los oaxaqueños. Ésta fue la primera farsa que trajo consigo la citada Ley Estatal de Educación.
A partir de ahí, la S-22 –también denominado Cártel-22- desplegó una serie de 37 foros temáticos, según sus dirigentes, para validar y consensuar con todas las fuerzas políticas, expertos, organizaciones sociales y civiles. Los foros referidos fueron a modo del llamado Plan para la Transformación de la Educación en Oaxaca (PTEO), que desde el año pasado, cuando se veía venir la Reforma Educativa, los cilindreros del Cártel habían preparado. Dicho plan, analizado en su momento por expertos del Instituto Politécnico Nacional (IPN), fue catalogado no como un instrumento para mejorar la calidad de la educación, para abatir el rezago educativo o elevar los estándares que nos mantienen a la cola del desarrollo nacional, sino un eje de adoctrinamiento, de ideologización y otros, en donde se justifica el ausentismo de los maestros y se perfila la educación, no en el aula sino en la calle. En virtud de la dilación y la evidente falta de voluntad política para armonizar la ley estatal con la federal, el Gobierno de Enrique Peña Nieto interpuso ante la SCJN una controversia constitucional.
Bajo esta perspectiva y obstinada en que el PTEO debe ser la guía de la Ley Estatal y aprovechando la excesiva tolerancia, la impunidad y la validación de sus atropellos por parte de su aliado, Gabino Cué, la dirigencia seccional inició desde fines de junio y los meses de julio y agosto, una política de cerrarse a cualquier otra propuesta. Tal es el caso de los abortados “Diálogos por la Educación”, que puso en marcha el Congreso del Estado y que nunca pudieron llevarse a cabo, gracias a la persecución y hostigamiento a los diputados, sobre todo del PRI. Desde hace más de un mes y medio, los bloqueos, las movilizaciones, el cierre de centros comerciales, de la caseta de cobro de Huitzo y otras linduras, amén de los daños a oficinas de senadores, diputados y partidos políticos, han trastocado la paz social y la tranquilidad de los oaxaqueños. La situación se exacerbó con la participación de los normalistas, a quienes la dirigencia de la S-22 ha engañado y utilizado burdamente. Todo ello ha sido el telón de fondo para exigir con chantaje y presión, la aprobación de la ley de la Sección 22.
El lunes 11 de agosto, la gremial entregó al gobernador Gabino Cué su propuesta, al tenor de las marchas que salieron desde varios puntos de la capital oaxaqueña. Los dirigentes han amenazado una y otra vez que, de aprobar la LXII Legislatura una iniciativa diferente a la que ellos han propuesto, abortarán el inicio del ciclo escolar 2014-2015. Sabidos de que en Oaxaca han desplegado –como un verdadero cártel criminal- la política del terror y la extorsión, creen los maestros que no hay nada más eficaz para cumplir su cometido y tener una ley a modo, que tomar al pueblo como rehén. Ahora sólo falta que la ley propuesta, no armonice con la ley federal –que se espera que así sea- para que la SCJN sea quien ponga a Gobierno, legislatura y Cártel-22 en su lugar.
