Sociedad en indefensión
A fines del mes de julio y principios de agosto, la capital oaxaqueña vivió disturbios y actos vandálicos, vistos si acaso sólo en el 2006. Ataques a partidos políticos y medios de información; a oficinas privadas, vías generales de comunicación y el asalto a las libertades de la sociedad. Hechos indignantes sólo aceptables en la perspectiva de quienes se han asumido como los nuevos patronos del pueblo oaxaqueño. Empresarios, miembros de la sociedad civil, legisladores y ciudadanos de a pie, demandaron al ejecutivo estatal acciones enérgicas, conforme a Derecho y viables en una entidad en que –se presume- nadie está por encima de la ley. Fueron peticiones vanas, inútiles, efímeras. La respuesta fue indignante: no se usará la fuerza pública para castigar el vandalismo depredador de esos días, además de declaraciones imprudentes del titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Alberto Esteva.
Es importante recordar que en abril de 2011, el ejecutivo estatal envió a la Sexagésima Primera Legislatura del Estado un paquete de reformas constitucionales, para la aprobación de figuras como el referéndum, el plebiscito, la revocación de mandato y el cabildo abierto. Se presume que cuando el Estado ha abdicado de su razón histórica, de proteger los derechos y libertades ciudadanas; de salvaguardar el Estado de Derecho y el régimen de propiedad, para devenir protector de grupos. El Estado no debe perder de vista su objetivo esencial. Las figuras a que nos referimos, son aplicables cuando en el Gobierno en turno no ha habido voluntad política para proteger los derechos de la sociedad sino los de un grupo, en este caso del magisterio.
No se trata pues sólo de amenazar con el uso de la fuerza pública o manifestar reservas para usarla. Desde hace mucho debió usarse. Lo que ocurre en Oaxaca no admite la menor duda de que el ciudadano está en total indefensión ante turbas de facinerosos, frente a una estructura de poder que abdicando de su ética de la responsabilidad –como nos legó Max Weber- sólo finge demencia, articulando un discurso desgastado, respecto al privilegio del diálogo, la tolerancia y la reconciliación, en el que nadie cree, pues aquí, desde hace mucho la realidad superó a la ficción. Oaxaca es hoy en día un pueblo sin ley que vive un estado de excepción. He ahí el por qué en la restauración del tejido social, en la reconciliación a la que llama la Iglesia y organismos civiles, se debe asumir una nueva concepción de la ley, en la que ésta no se convierta en un simple resorte del arreglo político, sino en la ley a secas, cuya observancia no admite distingos.
La petición ciudadana de que el Gobierno de Gabino Cué haga uso de la fuerza pública no es una demanda descabellada ni, mucho menos, algo que no sea inherente al ejercicio del poder, sino la urgencia de restablecer el orden, acabar con la anarquía prohijada por una caterva de fanáticos y mantener el Estado de Derecho. Lo hemos dicho una y mil veces: sin orden y legalidad no hay desarrollo. Hay que agotar el diálogo y la negociación. Pero la ley no puede ser sólo un instrumento ni alentar la impunidad de quienes sin razón o con ella, agreden impunemente al pueblo inerme. Oaxaca –también hemos insistido en ello- jamás podrá salir del marasmo y el rezago, en tanto a los maestros de la Sección 22 no se les dé una dura lección. Lo grave es que, al menos en este Gobierno, esto sólo será una utopía, como lo fue el cambio y la transición.
