La agitada política oaxaqueña
Quien haya dicho que Oaxaca es una entidad en permanente conflicto no se equivocó. Las broncas, como en ninguna parte del país, brotan por doquier. Por ejemplo, gobiernos van y gobiernos vienen y a los problemas lacerantes de Oaxaca sólo le dan soluciones a corto plazo, de tal suerte que ahí siguen latentes. Y eso si tomar en cuenta los conflictos agrarios que día a día cobran nuevas víctimas, como el homicidio de un ciudadano en días pasados, por problemas entre Santiago Textitlán y San Pedro El Alto, el primero perteneciente al distrito de Sola de Vega y el segundo de Zimatlán. Pero hay dos que de no darle solución pueden ocasionar un serio descalabro: uno es el tema de Puerto Escondido, uno de nuestros principales destinos de playa, que se debate entre la ambición política, el protagonismo, el futurismo y la arbitrariedad y dos, el asunto aún no resuelto de la soberanía oaxaqueña en Los Chimalapas, que cada en cuando vuelve al escenario.
Si bien es cierto que la problemática reciente de Puerto Escondido quedó en aparente paz, luego de la mesa de negociación que se estableció para dirimir el conflicto que se vivió la semana pasada, entre el presidente municipal de Santa María Colotepec y los comerciantes del “adoquín”, este destino turístico sigue bogando en dos aguas: Colotepec y San Pedro Mixtepec. Ambos municipios se comen los recursos que podrían contribuir al despegue de Puerto y ambos han impuesto sus leyes a esta agencia municipal, hoy de manera pacífica, mañana de manera arbitraria. La gran paradoja es que teniendo tal importancia por el movimiento del turismo, la economía, un lugar a nivel nacional e internacional, nuestro destino de playa siga supeditado políticamente a dos cabeceras municipales. ¿No será este un buen momento para que el Congreso del Estado recupere la vieja discusión de darle a Puerto Escondido la categoría de municipio y lo saque de la gravitación de los dos municipios que se disputan sus impuestos?
Del asunto de Los Chimalapas ha corrido tienta por litros. Se trata de un viejo tema. Sin embargo, en los dos últimos años ha tomado un viraje de grave riesgo, pero sobre todo de peligro para nuestra soberanía en esa rica zona selvática. Desde que en 2011, el gobierno de Gabino Cué contrató un despacho de abogados, presuntamente especialistas en asuntos constitucionales. No obstante sus cartas, exhibieron ignorancia supina en el tema del litigio agrario y limítrofe. El asunto se entrampó. Desde un principio la “defensa de Los Chimalapas” tuvo un estigma: el manoseo, la mediocridad y una defensa jurídica torpe. La lucha por nuestra soberanía parece no interesarle más que a los afectados, pues como pila de agua bendita todo mundo ha metido la mano pero no para darles a los zoques lo que le corresponde, sino como una forma absurda de protagonismo y vanidad. Y es que luego resultó que el despacho jurídico citado se deslindó de las torpezas de la Consejería Jurídica del gobierno estatal, que en afán de componer las cosas parece estarlas sumergiendo en un nudo de confusión. El asunto hubiera pasado desapercibido –como siempre lo ha sido- sin embargo, se trata de una petición de parte de la dependencia estatal a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para que comparezcan ante ese tribunal, doce municipios del distrito de San Carlos Yautepec, que muchos conocedores del tema agrario, no saben qué diablos tienen que hacer en un litigio que no les afecta ni remotamente.
