El Oaxaca bronco
En conflictos agrarios a lo largo de la historia, en Oaxaca, como en la novela de Edmundo Valadés, la muerte tiene permiso. En 1986, la masacre de policías que quedaron a dos fuegos, luego de ir desarmados a calmar los ánimos en el conflicto entre Yaxe y Chichicapan, dio la vuelta al mundo. Los muertos, cifras más cifras menos, fueron aproximadamente catorce. El golpe pegó de lleno en la administración del gobernador interino, Jesús Martínez Álvarez. La crítica se volcó en contra del gobierno estatal, en virtud de la absurda orden de recibir fuego sin hacer nada por defenderse. No obstante, fueron dieciséis los que cayeron en la misma década de los ochenta, por viejas rencillas entre Santiago Amoltepec y Santa María Zaniza, en la Sierra Sur. Sólo dos o tres instigadores fueron consignados. Uno de ellos, el ex presidente de Amoltepec, Antonio Roque, purgó condena por más de 16 años en el penal de Ixcotel.
La lista de crímenes masivos ha sido el sello distintivo en nuestra entidad, por conflictos limítrofes o añejas disputas agrarias. Justo cuando el ex gobernador José Murat tomaba posesión el primero de diciembre de 1998, otros dos pueblos se enfrascaban en una lucha sangrienta: San Lorenzo Texmelucan y Santo Domingo Teojomulco. ¿Resultado? Catorce muertos. Y qué decir de aquella masacre perpetrada el 31 de mayo de 2001, en el paraje “Agua Fría”, cuando comuneros que viajaban en un camión de volteo provenientes de un aserradero y originarios de Santiago Texmelucan, ahí en la Sierra Sur, fueron acribillados presuntamente por vecinos de la ranchería de Las Huertas, municipio de Santo Domingo Teojomulco. Este crimen, como muchos otros, quedó en impunidad. De poco sirvieron los buenos oficios de la Comisión de los Derechos Humanos, con su informe especial al respecto. En este hecho se privilegió la inmediatez sobre la eficacia. Quienes fueron sometidos a proceso, pronto fueron liberados. Ninguno quedó en prisión.
No obstante, la carrera criminal ha seguido también por conflictos políticos. El mejor ejemplo es el que ocurrió en San Juan del Río, agencia municipal de Santiago Choapan, en mayo de 2011. Por desacuerdos en la elección de autoridades municipales, diez personas fueron asesinadas en una emboscada. Pero esta carrera criminal no termina. Un escalofrío recorrió el cuerpo de muchos oaxaqueños cuando se enteraron de la ejecución de un ciudadano y el asesinato cobarde de diez personas más, incluyendo tres menores de edad, el sábado 14 de diciembre, los cuales fueron incinerados en una camioneta, en lo que se presume un ajuste de cuentas entre esa dupla violenta: San Juan Mixtepec y Santo Domingo Yosoñama, cuyo odio ancestral no tiene límite. Las acusaciones mutuas no se han hecho esperar, pero más aún, entre los grupos y organizaciones que podrían tener las manos metidas: “Antorcha Campesina”, el Frente Nacional Indígena Campesino (FNIC) y la Red Indígena Oaxaqueña (RIO).
De nueva cuenta pues, fuimos la nota; otra vez Oaxaca estuvo en los titulares del país y el mundo. Ojalá que esta vez las autoridades no nos salgan con sus mesas de diálogo o los inútiles y ficticios acuerdos de paz. Se trata de un crimen colectivo. Un atentado a toda norma de convivencia social. Los autores deben recibir todo el peso de la ley; los hechos deben investigarse y hay que ir por los criminales. Nada de componendas ni de redentores sociales que salgan a justificar esta masacre, con el ardid de la pobreza o con los viejos argumentos de que la tierra se abona con sangre. Y eso que no tomamos en cuenta la violencia que ha prohijado la Sección 22 y que, obviamente, puede devenir un baño de sangre.
