Roberto López Rosado
Luego de que el ex presidente Felipe Calderón le declaró la guerra al narcotráfico y vino una serie de problemas como nunca se habían visto en el país: ejecutados por todos lados, feminicidios, secuestros, tortura, gobiernos infiltrados, corrupción galopante, etcétera, etcétera, etcétera, pensamos que habíamos vivido lo peor.
En plena campaña electoral, el entonces candidato presidencial de la coalición Compromiso por México, Enrique Peña Nieto, se comprometió a regresar la paz y el orden que, afirmaba, había sido alterado por grupos de la delincuencia organizada.”No más violencia ni miedo, hay que darle paz y seguridad a México”, planteaba.
Poco antes de empezar el tercer año de gobierno priista estamos muy lejos de aquella promesa del ahora Ejecutivo Federal. Como nunca, el país enfrenta, en su historia reciente, una de las crisis más graves, más alarmantes que ha significado un interés y preocupación destacada de gran parte de la sociedad mexicana y, particularmente, de organismos internacionales.
Tlatlaya y Ayotzinapa se han convertido en pesos completos que le quiebran la columna a cualquiera. Su peso aumenta de manera significativa porque se suman otros casos como las “muertas de Juárez”, la masacre de San Fernando, miles y miles de secuestros, la colusión de las autoridades con el crimen organizado.
Si uno le rasca a la memoria van a salir no docenas de casos, sino cientos. No se nos puede olvidar aquel ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, acusado de muchas cosas, entre ellas de enriquecimiento ilícito y de haber dejado endeudado de manera galopante e ilegal a su entidad antes de irse. Seguramente no podemos olvidarnos de Tomás Yarrington, ex gobernador de Tamaulipas vinculado con un cártel de la droga y lo mismo que el ex gobernador de Veracruz, Fidel Herrera a quien se señala de andar en los mismos pasos y de “sacarse la lotería en tres ocasiones” o aquel que presumía tener 400 pares de zapatos, cientos de trajes y miles de camisas pero que la gente pobre a la que gobernaba no tenía acceso a medicamentos en las instituciones de seguridad social del Estado. Sí, estoy hablando del tabasqueño del PRI, Andrés Granier Melo.
No podemos olvidar por ningún motivo al aún poderoso ex gobernador y mentor político de Enrique Peña Nieto, Arturo Montiel a quien por cierto la Interpol anda tras de él. Ya veremos si el gobierno federal copera con la orden de aprensión y lo entrega a quien lo reclama en Francia.
Pero para no salirnos de la entidad que gobernó Peña Nieto y el señor Montiel, hay que echarle un vistazo a lo que sucede en el Estado de México donde quien se quedó de encargado de la entidad, es decir, Eruviel Ávila, encabeza el Estado más inseguro del país.
El Presidente, su gabinete y, desde luego, los legisladores del PRI, a propósito de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa gritan: “¡Al ladrón!, ¡al ladrón!” con el propósito, claro, de desviar la atención de lo ocurrido en Tlatlaya, aunque no les ha funcionado porque de todos modos la sociedad mexicana y la internacional responsabiliza de estos hechos al Estado mexicano y, desde luego, a Peña Nieto.
Dice el analista Leo Zukermann: “Mientras que toda la atención mediática se ha concentrado en Iguala, hemos perdido de vista a la entidad más insegura del país: la que gobernó Peña Nieto y que hoy gobierna su delfín, Eruviel Ávila”.
El analista ha ofrecido una numeralia apabullante, reveladora de la entidad que gobernó antes Peña Nieto. Son muchos los datos que ofrece Zukermann que se pueden resumir en unas líneas. Es la entidad con más víctimas entre la población, donde se comete la mayor tasa de delitos con armas, la de mayor extorsiones, entre otros muchos rubros. Efectivamente, como dice Zukermann, no es gratuito que sea la entidad con la mayor percepción ciudadana de vivir en la inseguridad. El gobierno del Estado de México, y digo yo, también el federal, están en un “burdo intento para encubrir la realidad”.
De lo ocurrido en Iguala, como institución, el PRD debe asumir las consecuencias, lo mismo quienes palomearon a José Luis Abarca para que fuera candidato. Ya estuvo bien de echarse unos con otros la bolita de la culpabilidad. El partido está viviendo la peor situación política de su vida, por lo que a nadie conviene entrar en confrontaciones como ha señalado mi compañero diputado Hugo Jarquín: “el enemigo está esperando a que nos dividamos y aprovechar para responsabilizarnos de lo que ocurre en el país, para no asumir las culpas que a ellos les corresponde cargar, porque nosotros debemos asumir las propias”.
Insisto, el Presidente y su partido no quieren asumir públicamente sus responsabilidades, al menos, las que le corresponden al Ejército mexicano, a él como comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas en lo sucedido en Tlatlaya y en Ayotzinapa, al menos, como tampoco las que le tocan al procurador General de la República, Jesús Murillo Karam y al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quienes fueron omisos cuando debieron actuar desde mucho tiempo antes a partir de sus responsabilidades federales. Lo mismo el Poder Legislativo que no es otra cosa que una Oficialía de Partes y el Poder Judicial, muñeco de ventrílocuo de los intereses de los poderosos.
Por esto, tienen gran peso, por quien vinieron -del ex presidente Ernesto Zedillo-, unas declaraciones de prensa luego de un evento que encabezó Peña Nieto en la capital del país. Zedillo dijo a los reporteros: “en un Estado débil, la justicia tiene un precio”; “…en México estamos mal, muy mal”; la igualdad de oportunidades no podrán ser una realidad, “si no tenemos un auténtico, verdadero, vigoroso y eficaz Estado de Derecho”.
Por ello, es simplemente kafkiano el llamado de Peña Nieto quien convocó a las fuerzas políticas y organizaciones de la sociedad para “asegurar la vigencia plena del Estado de derecho en nuestro país”.
¿Cómo convocar a un pacto para que se respete la ley?¿Cómo convocar a los gobernantes que no asumen su responsabilidad de velar por el bien de sus poblaciones, sino que protegen los intereses de los poderosos, como señaló Zukermann.
El Presidente mostró que poco le importan los acontecimientos de Tlatlaya y Ayotzinapa. Se fue a la China y Australia, valiéndole, dejando un país en el caos, en la incredulidad, lleno de rabia, incendiado, y a todo esto se suma que nos enteramos que todavía no termina su sexenio y ya tiene una mansión de 7 millones de dólares que nadie cree que la compró su esposa con sus ahorros de actriz de telenovela.
Por ello, ¿Dónde estamos? ¿Frente al despeñadero?, ¿Frente a un Estado fallido?, ¿Frente a un Estado cínico?, ¿Dónde estamos?
