El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas determinó que el Estado mexicano violó el derecho a la vida de Jesús Israel Moreno Pérez, joven desaparecido en julio de 2011, en la costa oaxaqueña, cuando realizaba un viaje de investigación con fines académicos, un caso repleto de irregularidades por parte de la extinta Procuraduría General de Justicia del Estado –hoy Fiscalía General– encabezada entonces por Manuel de Jesús López López; culpables fabricados, montajes y hasta una autopsia sin el cuerpo, evidencian el cinismo, simulación, omisión y negligencia en la impartición de justicia
Yolanda PEACH
Pretendieron tapar el sol con un dedo y limpiar la imagen de incompetencia en la procuración de justicia de Oaxaca, al “investigar” la desaparición de Jesús Israel Moreno Pérez, estudiante de la Facultad de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en julio de 2011. La entonces Procuraduría General de Justicia del Estado informó que el joven fue asesinado y arrojado al mar, consignó a cuatro implicados a pesar de que no se halló el cadáver.
El sello del descrédito y la ineptitud institucional han perseguido este caso que llegó a niveles internacionales; ahora el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) concluyó que el Estado mexicano violó el derecho a la vida de Jesús Israel Moreno Pérez por no investigar su paradero luego de su desaparición ocurrida en Oaxaca hace ocho años.
EXTRAÑA DESAPARICIÓN
Lo último que se supo de Jesús Israel fue el 8 de julio de 2011. Se comunicó con sus padres y les dijo que llegaba a Chacahua, después de dormir en Puerto Escondido. Antes estuvo en Oaxaca y visitó las ruinas de Monte Albán.
El plan era permanecer siete días en Chacahua y viajar el 14 a Mazunte, donde se reuniría con otros amigos.
Sin saber nada más, su padre viajó el 10 de agosto a Oaxaca, donde lo mandaron a Puerto Escondido, para luego ser enviado a Río Grande, Tututepec e iniciar la indagatoria. Fotografía en mano recorrió casa por casa y así comenzó su peregrinar para encontrarlo y prácticamente realizar las investigaciones.
Ante la presión, la entonces Procuraduría de Justicia anunció a inicios de 2012, que después de investigar descubrieron que el 10 de julio del 2011, cuatro personas, Javier Rodríguez Tapia, Margarito González Domínguez, Honorio Corcuera Noyola e Irene Méndez, asesinaron al joven de 20 años.
Detallaron que al regresar a bordo de la panga y al ir a mitad de la laguna, Israel fue golpeado con los remos para robarle su celular, un Ipod, una cámara fotográfica y mil pesos que guardaba en una bolsa tejida roja; después lo apuñalaron y tiraron su cuerpo en el agua frente a la bocabarra.
Diez días después, un grupo de pescadores habrían divisado el cuerpo flotar a unos 60 kilómetros de la bocabarra, sin poder sacarlo.
A pesar de la incredulidad del padre del universitario, quien al realizar sus propias indagatorias calificó los resultados oficiales como inconsistentes e irreales, el procurador Manuel de Jesús López López y sus subalternos defendieron su propia investigación.
La defensa de la antropóloga Irene Méndez, descubrió que Javier Rodríguez, quien supuestamente “confesó”, negó la totalidad de la versión difundida por la PGJE, unas horas antes de que el procurador la diera a conocer con bombo y platillo ante medios informativos.
Demostraron que Irene nunca estuvo en el lugar donde supuestamente fue asesinado Israel, entre ellas, destacó la información proporcionada por la empresa Telcel sobre las coordenadas de ubicación de las llamadas realizadas por la inculpada los días 8, 9 y 10 de julio, cuando estuvo en la zona de los volcanes, en Puebla y el Distrito Federal; de manera particular, resalta su estancia en su casa de la colonia Narvarte el día en el que se supone se habría cometido el crimen.
En ese momento, su abogado calificó de inconcebible que por la presión que había en torno al caso, la Procuraduría inventara una historia en la que se perjudicó seriamente a varias personas que fueron tomadas como ‘chivos expiatorios’.
PENOSO PEREGRINAR
Al tomar en manos la indagatoria, el padre de Israel, viajó a Chacahua. Localizó la palapa donde se hospedó Israel los primeros días. En el otro extremo de la aldea, un vendedor de pescado –José Montiel, apodado “El Fallo”– asegura que lo hospedó por 30 pesos.
Es un sitio inmundo. En un rincón encontraron húmeda la mochila de Israel, con todas sus pertenencias excepto el celular y el cargador.
El propietario dijo que la dejó para cruzar la laguna al cocodrilario, pero los lancheros dijeron que esa mañana nadie cruzó al criadero.
Al día siguiente, los agentes investigadores de Río Grande regresaron y sin orden de presentación se llevaron esposado a Montiel. Ante este error de proceso, los lugareños dejaron de colaborar.
A pesar de que lo solicitó insistentemente, la Procuraduría no pidió el rastreo de las llamadas y mensajes del celular, activo, pues le abonaban crédito; tampoco solicitaron los movimientos de la tarjeta de debido Banorte con su beca de estudiante.
Dar con la identidad de quien tenía el teléfono fue un trabajo en solitario. Extraoficialmente el padre consiguió un rastreo de la línea telefónica Telcel y se enteró que el número sigue activo en Jamiltepec. El 1 de septiembre recibió un mensaje: “La verdad, mi niña se encontró este chip, pero no lo conocemos”.
Fue en Oaxaca que consiguió que en Jamiltepec presentaran a Ricarda Nicolás Reyes, quien se contradijo al asegurar que se encontró dos teléfonos y una cámara en una bolsa de plástico en el basurero municipal.
Tras la insistencia del padre, un mes después, Israel fue declarado muerto por la Procuraduría.
Las líneas de investigación eran varias: que Jesús Israel decidió ausentarse y perder contacto con sus padres debido al distanciamiento existente.
La segunda era que se internó a nadar en el mar y fue arrastrado por una corriente marina.
La tercera es que salió a pasear con los hermanos José Alfredo, Justo y José Luis Montes Criollo, así como Eusebio Bustos, pero cayó accidentalmente de la lancha y murió ahogado.
La cuarta es que hizo amistad con un turista originario del Distrito Federal: Edgardo, quien visita el lugar dos veces al año y ambos se fueron del lugar.
La quinta era que en su estancia en Chacahua tuvo acceso a información relacionada con la comisión de diversos ilícitos y por eso lo mataron, para después enterrarlo en la playa o tirarlo en mar adentro.
La sexta que fue asesinado por lugareños para robarle sus pertenencias y luego enterraron el cadáver, para luego tirarlo a los cocodrilos o lanzarlo al mar. Esa fue la que escogieron.
DESCUBREN ENTRAMADO
Carlos Moreno Zamora insistió en señalar aspectos totalmente irreales en la investigación oficial, como los objetos robados a su hijo (Ipod, cámara y teléfono celular), de los cuales sólo el teléfono existió.
La ropa que dicen que llevaba tampoco es real, y el cadáver que según fue visto por los tiburoneros no coincide con las características de Israel, además de que nunca lo sacaron.
La Procuraduría estatal insistió en la hipótesisal ser liberada Irene Méndez. “Eso no quiere decir que vaya a dar un giro la investigación, desafió Manuel de Jesús López, entonces procurador, a quienes pudieran demandar a la dependencia o al propio gobierno de Oaxaca por la presunta violación de derechos de los acusados y la ilegalidad de las acciones promovidas en el referido caso, y lanzó: “el que afirma, está obligado a probar. Punto”.
En tanto, el papá de Israel, continuó por sus propios medios las indagatorias, a través de continuas visitas a Oaxaca, vía redes sociales y denuncias a nivel federal. Consiguió que la Procuraduría General de la República (PGR) atrajera el caso.
Meses después, en una conferencia de prensa ofrecida en diciembre de 2012, Manuel de Jesús López López, afirmó que la investigación no se había cerrado. Indicó que la Subprocuraduría para la Atención de Delitos de Alto Impacto (SADAI), continuaba las diligencias para establecer el paradero del joven denunciado como desaparecido y seguirían aportando pruebas al proceso contra los detenidos.
“Es importante señalar que existen personas detenidas que probablemente tuvieron participación en los hechos consignados ante el Juez en su momento”, insistió.
PRESIONAN CON INVESTIGACIÓN
En el año 2014, la PGR, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina comenzaron a difundir un aviso de recompensa de hasta un millón y medio de pesos a quienes proporcionen información veraz y útil, “que coadyuve eficaz, eficiente, efectiva y oportunamente a la localización de Jesús Israel Moreno Pérez, privado de su libertad” en Chacahua.
Incluso entonces, se acusó a la Procuraduría estatal de no colaborar cuando le solicitaban informes, “tal parece que quieren encubrir a los verdaderos responsables”.
Tras una recomendación dictada en 2016 de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, en junio de 2017 el fiscal del estado, Rubén Vasconcelos Méndez, se comprometió a crear un grupo de búsqueda especializado, cuyos integrantes tengan experiencia en estas labores.
No cumplió y fue hasta este año, cuando la Cuarta Sala Penal y Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, mediante sentencia de 3 de julio de 2019, resolvió el Juicio para la Protección de los Derechos Humanos interpuesto por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, por el incumplimiento de la recomendación 13/2016.
Confirmó que la Fiscalía había sido omisa en dar cumplimiento a los puntos recomendatorios que establecieron la realización inmediata de una investigación, seria, profesional y científica, agotando todas las líneas de investigación tendientes a la localización con vida de Jesús Israel, así como la sanción de los servidores públicos involucrados en amenazas a las víctimas, y aquellos que obstaculizaron la investigación.
La Sala ordenó el cumplimiento de la recomendación y declaró la obligación de la Fiscalía de rendir información al Tribunal de manera bimestral para asegurar los avances en el cumplimiento del fallo. En caso de que la Fiscalía incumpla el fallo, se podría seguir de manera oficiosa el trámite de inejecución y tendrá las más amplias facultades para lograr el cumplimiento de la sentencia, incluyendo la separación del puesto y consignación de la autoridad responsable, es decir, del actual fiscal general.
Al tratarse de una indagatoria en el tradicional sistema penal, se encargó al área “de rezago”, en Ciudad Judicial, que se responsabilizara del asunto. El fiscal que comenzó a conocer del incidente, descubrió varias anomalías, como la autopsia, donde se revela que Israel sufrió hemorragia interna y lesiones abdominales, aun cuando no existió cadáver.
Sin embargo, ante el reacomodo del personal y argumentando la falta de recursos, la investigación sobre las inconsistencias sigue detenida.
En tanto, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas concluyó que el Estado mexicano violó el derecho a la vida de Jesús Israel Moreno Pérez al no investigar su paradero, lo que implica una responsabilidad internacional para el Estado mexicano.
Acusó que el Estado es responsable de haber cometido actos de tortura y malos tratos contra sus familiares.
Destacó que el Estado ha violado el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU en combinación con el artículo 2, además del Pacto, del que México es parte, reafirma que el Estado se compromete a garantizar que toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales,
El Comité urgió al Estado mexicano proporcionar una reparación integral a las personas cuyos derechos hayan sido vulnerados en relación con el caso; así, será la Secretaría de Relaciones Internacionales quien deba dar la cara para resolver un entramado creado por la procuración de justicia oaxaqueña.
