Inaugurado en marzo de 2016 por el entonces gobernador Gabino Cué, el penal varonil de Tlacolula, a la fecha sigue sin operar debido a las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación. El Gobierno anterior pagó casi 30 millones de pesos de una obra que la Constructora Corpora no ejecutó
Flor HERNÁNDEZ
La filial de grupo Higa: “Concretos y Obra Civil del Pacífico”, así como a la “Constructora Copora”, empresas en convenio responsables de la edificación del Centro de Reinserción Social Varonil de Mediana Seguridad de Tlacolula, recibieron pagos por casi 30 millones de pesos de una obra que no ejecutaron.
Así lo detectó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la revisión de Inversiones Físicas 14-A-20000-04-1003 efectuada a la Cuenta Pública 2014 a un monto de 541 millones 706 mil pesos del gasto federal destinado a este proyecto, y concluida el 17 de diciembre de 2015.
El documento –en poder de este medio—identifica irregularidades que van desde el manejo poco transparente de los contratos por parte de la Secretaría de las Infraestructuras y Ordenamiento Territorial Sustentable (Sinfra); inconsistencias en la obra; falta de presentación de fianza de garantía de cumplimiento de contrato y el pago por obra no ejecutada que suma 27 millones 649 mil nueve pesos.
El dato:
Manejo poco transparente de los contratos por parte de Sinfra; inconsistencias en la obra; falta de presentación de fianza de garantía de cumplimiento de contrato y el pago por obra no ejecutada, entre las irregularidades que se encontraron en el Centro de Reinserción Social Varonil de Mediana Seguridad de Tlacolula
Vaivenes de contratos
El Centro de Reinserción Social de Tlacolula fue planeado para albergar a mil 584 internos, distribuidos en 12 pabellones; entre éstos, dos para sujetos a protección y uno más para personas con discapacidad mental.
Lo anterior, atendía a una necesidad de abatir el hacinamiento en las cárceles de la entidad, principalmente la Penitenciaría Central de Ixcotel.
Por ello, el 2 de agosto de 2012 Sinfra formalizó el contrato de obra pública número J03 UI 02 08 0095/2012, adjudicado directamente a las empresas en convenio de participación conjunta Constructora Copora, S.A. de C.V., y Concretos y Obra Civil del Pacífico, S.A. de C.V., ésta última filial de Grupo Higa.
En este primer contrato se pactó un monto de mil 97 millones 530 mil nueve pesos, además de fijarse un plazo de 550 días naturales para la realización de la obra, comprendidos del 20 de agosto de 2012 al 20 de febrero de 2014.
Sin embargo, mediante el acta circunstanciada del 21 de septiembre de 2013, Sinfra dio terminación anticipada del acuerdo bajo el argumento de que la Secretaría de Finanzas carecía de recursos para cubrir los trabajos durante el ejercicio fiscal 2013. Mediante este proceso formalizado el 30 de septiembre de ese año, se formalizó el finiquito por un importe total erogado de 452 millones 71 mil pesos pagados en 48 estimaciones.
La ASF advierte “manejo poco transparente de los recursos, debido a que el 7 de febrero de 2014 –cinco meses después de la terminación anticipada del primer contrato– la entidad fiscalizada (Sinfra) recontrató nuevamente a ambas empresas bajo el acuerdo JO3 UI 02 08 0001/2014, por un importe de 888 millones 196 mil pesos para la terminación de la construcción y equipamiento de mobiliario fijo del Centro de Reinserción Social, sin contar nuevamente con la suficiencia presupuestaria”.
Irregularidades en la obra
La Auditoría Superior de la Federación, también señala que el contrato de obra número J03 UI 02 08 0001/2014, es decir, el segundo signado por Sinfra con Copora y Concretos y Obra Civil del Pacífico, incumplió con las normas técnicas de la salud para la construcción de los espacios de tratamiento hospitalarios.
Y refiere que durante una visita efectuada por personal de la dependencia y Sinfra en julio de 2015, se corroboró que se colocaron muros de ladrillo vidriado con juntas aparentes, pisos y plafones con acabados, que contraviene las disposiciones generales para la atención de pacientes, fijadas en la Norma Oficial Mexicana NOM-016-SSA3-2012.
Las áreas en las que se focalizan estas irregularidades se encuentran en hospitalización, recuperación, consultorios, laboratorios clínicos y sépticos, así como en administrativas y corredores del centro médico del penal.
“Como resultado de la visita de verificación física del Centro, se observó mala calidad en los pisos con acabado pulido y muros de concreto con acabado aparente, ya que en general presentan fisuras en su superficie y reparación en las juntas de la cimbra; y se identificaron 13 sondeos realizados a la carpeta asfáltica en vialidades y estacionamiento que presentan reporte de rechazo por no cumplir con el contenido asfáltico y composición granulométrica”, detalla el informe de la ASF.
Los errores:
Entre las anomalías se detectó la colocaron muros de ladrillo vidriado con juntas aparentes, pisos y plafones con acabados, que contraviene las disposiciones generales para la atención de pacientes. Las fallas se encuentran en las áreas de hospitalización, recuperación, consultorios, laboratorios clínicos y sépticos, así como en administrativas y corredores del centro médico del penal
Obras pagadas y no ejecutadas
El penal varonil de Tlacolula de Matamoros fue inaugurado en marzo de 2016 por el entonces gobernador del estado, Gabino Cué Monteagudo, sin que hasta el momento se haya puesto en operación.
El actual director general de Reinserción Social del Estado, Juan José Rodríguez Molina, confirma que no hay plazo para realizar el traslado de los 973 privados de la libertad que se encuentran en la Penitenciaría Central.
Y por su parte, personal de Sinfra que pidió el anonimato, refiere que el Centro de Reinserción de Tlacolula fue una de las obras no recibidas por la administración de Alejandro Murat Hinojosa a su antecesor, por las múltiples anomalías presentadas en su construcción, además que el dictamen efectuado por esa dependencia fue entregado a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental de Oaxaca, para que se finquen responsabilidades.
La auditoría de la ASF señala que en la revisión del contrato J03 UI 02 08 0001/2014, se detectó que la entidad fiscalizada pagó obra no ejecutada por 27 millones 649 mil nueve pesos en la partida A, “conjunto y exteriores”, subpartida A01 “plataformas”, específicamente en las actividades de despalme, compactación, excavación en material tipo I y II, carga, acarreo relleno y limpieza.
La visita efectuada por personal de la instancia en julio de 2015, refiere el dictamen, se comprobó que en la parte frontal y laterales del inmueble no se ejecutaron dichas actividades que corresponden a 97 mil 578.6 metros cuadrados, además de que no se presentaron las pruebas de laboratorio ni el reporte fotográfico que acrediten su ejecución.
La inauguración
El 30 de marzo de 2016, el entonces mandatario Gabino Cué Monteagudo, acompañado por el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, inauguraron el penal varonil de mediana seguridad de Tlacolula.
El costo total de la obra fue de dos mil 642 millones de pesos, con inversión de origen federal y estatal, lo que representa casi el doble de la inversión inicialmente contratada con Copora y Concretos y Obra Civil del Pacífico.
A más de un año del recorrido oficial y corte del listón inaugural, el Centro se encuentra únicamente custodiado por el personal mínimo de vigilancia, según confirma el director de Reinserción Social, en tanto la sobrepoblación persiste en la Penitenciaría Central.
La corrupción trastocó la millonaria obra que permanece en desuso.
Sexenio de anomalías
El gobierno de Oaxaca que encabezó el aliancista (PAN-PRD-PT- MC) Gabino Cué Monteagudo de 2010 a 2016, ejerció de manera irregular 15 mil 324 millones de pesos, monto documentado en revisiones efectuadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en los años 2012, 2013, 2014 y 2015.
De acuerdo al contralor del estado, José Ángel Díaz Navarro, en una primera revisión efectuada por la nueva administración del priista Alejandro Murat Hinojosa, al manejo de los recursos de sus antecesores, se han descubierto anomalías en el gasto público.
“En 2012, la ASF detectó montos por solventar por 733 millones de pesos; en 2013, por mil 400 millones; 2014 por tres mil 52 millones y en 2015 por tres mil 834 millones de pesos”, precisa el funcionario en entrevista transmitida en radio, única forma en la que informan los funcionarios de la actual administración.
Esta cifra millonaria, explica, simplemente “no aparece” en comprobaciones, por lo que las sospechas van desde desvío de recursos, hasta la malversación, de ahí que considere fundamental que los ex servidores públicos aclaren las inconsistencias señaladas por la Auditoría Superior.
Las investigaciones
Por su parte, el fiscal General, Rubén Vasconcelos Méndez, revela que desde el arranque de la administración hasta junio, la Secretaría de la Contraloría no ha presentado ninguna denuncia penal contra ex funcionarios de la administración del gobierno de Gabino Cué, esto pese a los señalamientos públicos efectuados por el contralor.
Y garantiza que bajo su titularidad en la Fiscalía, saldrán del archivo los expedientes que durante años permanecieron esperando “más pruebas” y que en caso de detectar que éstos hayan sido escondidos como parte de una red de impunidad de la anterior administración, también se fincarán responsabilidades.
Mientras tanto, las millonarias obras realizadas en el sexenio anterior y también en el de Ulises Ruiz Ortiz, permanecen en la opacidad e inoperatividad, frente a la urgencia de la ciudadanía de contar con hospitales, escuelas e incluso, abatir problemáticas como la sobrepoblación penitenciaria.
