Con las pifias cometidas en la defensa del mezcal oaxaqueño, el consejero jurídico del Gobierno del Estado, parece estar más interesado en beneficiar los intereses del clan político al que pertenece –el Grupo Atlacomulco– que a los productores del estado; de resultar exitosa una estrategia que impidiera que el Estado de México tuviera la denominación de origen, piezas clave de los empresarios que controlan la cuna de Enrique Peña Nieto –como el hermano del ex director de Pemex, Juan Jesús Lozoya Austin-, se verían seriamente perjudicados
Alonso PÉREZ AVENDAÑO / Luis RAMÍREZ
Con el enemigo en casa, así se mantiene la lucha de productores de mezcal oaxaqueño por el papel que el consejero jurídico de la gubernatura, José Octavio Tinajero Zenil, ha desempeñado para llevar la contra en la defensa jurídica –y callejera- que ha emprendido Alejandro Murat Hinojosa. Pese a que el gobernador priista se ha empeñado en mostrar que la defensa del mezcal es un acto prioritario de su administración, las acciones emprendidas por el “superconsejero” han causado, intencionalmente, graves fracasos como el que la Suprema Corte de la Justicia de la Nación rechazara un recurso de inconformidad favorable para Oaxaca.
La intención de Tinajero Zenil ha sido proteger al clan del cual provienen tanto él como Murat Hinojosa, el Grupo Atlacomulco, que en vinculación con el hoy prófugo de la justicia Emilio Lozoya Austin, ha logrado inmiscuirse tanto desde el sector público como desde el privado en la producción del mezcal y en el boom de la exportación de esta bebida, que en 2018 logró ventas por al menos 350 millones de pesos en el extranjero.
Las fallas del súper consejero millonario
El 8 de agosto de 2018, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) una resolución para ampliar la Declaración General de Protección de la Denominación de Origen Mezcal e incluir a un municipio de Puebla, seis de Aguascalientes, 15 del Estado de México y 23 de Morelos, una decisión que de inmediato generó inconformidad de los estados protegidos bajo la denominación de origen, principalmente Oaxaca.
El 28 de agosto, el gobernador llevó su inconformidad a las calles de la Ciudad de México. En un acto de “heroísmo” y rebeldía –como el que su padre, José Murat, realizó en febrero de 2002 en el zócalo de la Ciudad de México para exigir al gobierno de Vicente Fox construir las supercarreteras a la Costa e Istmo– Murat Hinojosa realizó una protesta frente al IMPI para denunciar que su determinación de ampliar la denominación de origen «va en contra de la defensa del patrimonio de la nación y convierte el mezcal en un producto mercantilista (sic)”.
Veinte días más tarde, la lucha del gobernador se volvió jurídica y en apoyo al Consejo Regulador del Mezcal y 200 autoridades municipales de Oaxaca, Michoacán, Zacatecas, Durango, San Luis Potosí, Tamaulipas y Guerrero interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La controversia constitucional 173/2018 a la que se adhirieron tanto los diputados locales, entonces en calidad de electos, de Morena, Acción Nacional, de la Revolución Democrática y del Partido del Trabajo, así como el propio gobernador Murat Hinojosa, todos involucrados bajo la figura del “amigo del juez”, buscaba “no dejar en desamparo a los pueblos indígenas productores del mezcal” además de manifestar su apoyo “simpatía y solidaridad a las comunidades indígenas que promovieron dicha demanda”.
En su resolución, dictada apenas tres días después, el 25 de septiembre de 2018, el ministro de la Corte Alfredo Guillermo Ortiz Mena dio una lección de jurisprudencia al súper consejero de Oaxaca, quien fue el principal promovente de este recurso o al menos tuvo que haber evitado el ridículo en el que se exhibió a los Poderes del Estado de Oaxaca.
Ante los criterios de invalidez expuestos por el titular del Poder Ejecutivo y los diputados electos de Oaxaca, el magistrado expuso en primera instancia la falta “de interés legítimo” de los sujetos involucrados para acusar que el acto impugnado cause un principio de agravio.
“El hecho de que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconozca en su artículo 105 fracción II iniciar una controversia constitucional cuando alguna de las entidades, poderes u órganos del Estado consideren que se ha afectado su esfera de atribuciones es insuficiente para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación realice un análisis de constitucionalidad de las normas o actos impugnados desvinculado del ámbito competencia¡ del actor, ya que, al no existir un principio de agravio, carece de interés legítimo”, señala la resolución del magistrado.
Ortiz Mena también señaló que las resoluciones emitidas por el Director General adjunto del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, por las que se modifica la Declaración General de Protección de la Denominación de Origen Mezcal “de ninguna manera afecta la esfera de competencia y de atribuciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga a los municipios actores”.
En su resolución, se desechó de plano por notoriamente improcedente la demanda presentada en vía de controversia constitucional. Hasta ahora, el gobierno de Oaxaca ha logrado solamente frenar la producción de mezcal en Aguascalientes.
El enemigo en casa
Fuentes consultadas por Real Politik señalaron que el papel de Zenil Tinajero no fue únicamente el de un espectador inexperto en materia de derecho constitucional, sino que incluso para evitar que los deseos del grupo de Atlacomulco fueran afectados por la Suprema Corte de Justicia, dejó correr una estrategia jurídica previsiblemente fallida, además de sabotear directamente las posibilidades legales de los municipios que se llamaban afectados.
La intención del súper consejero, apuntan, habría sido atender los intereses de la familia Lozoya Austin antes que los del estado de Oaxaca y los productores de mezcal. ¿Cómo beneficiaría que más estados pudieran invertir en la industria del mezcal al ex director de Pemex? Fácil. Entre las relaciones que hizo paralelamente a la construcción de la reforma energética, Emilio Lozoya optó por diversificar sus inversiones a diversos campos, entre ellos el mezcalero. Como pieza principal de su movimiento, colocó a su hermano, Juan Jesús Javier Lozoya Austin, como secretario del Consejo Regulador de la Calidad del Mezcal, al mando del sempiterno dirigente Hipócrates Nolasco Cansino.
Desde esa posición, Juan Jesús creó una decena de marcas de mezcal de exportación: la Botica, El puesto de la Esquina, La Empacadora de Provisiones, Subidona, Virgen del Camino¸ Chateau Tultitlán, Perrito de Pradera, Cacomixtle, Teporingo, Ingue-Zu.
Lozoya Austin ha sido denunciado públicamente por vender las certificaciones a mezcaleros hasta en tres millones de pesos.
Con la presencia de los Lozoya Austin fijada en el mezcal y con la ampliación de la denominación de origen al Estado de México –que se mantiene vigente- más personajes del grupo Atlacomulco podrían comenzar a beneficiarse del boom mezcalero y exportar estas bebidas a Estados Unidos y Europa.
Las fallas del súper consejero
José Octavio Zenil Tinajero es parte del Grupo Toluca, el círculo cercano que ha seguido al gobernador Alejandro Murat desde que éste se desempeñaba como funcionario en el Estado de México y como director nacional del Infonavit. En esta dependencia federal, Tinajero ocupó el cargo de subdirector jurídico y en los primeros meses del gobierno de Murat Hinojosa fue propuesto como candidato a la Fiscalía General de Justicia del Estado. El fallo en contra del alfil del gobernador lo dejó en la banca por un mes, tras el cual fue nombrado, el 16 de junio de 2017, consejero jurídico del Gobierno del Estado en sustitución de Ángel Alejo Torres.
En esta posición, Murat se ha dedicado a fortalecer a Zenil Tinajero, pese a que los resultados en diversos ámbitos, desde el combate a la corrupción hasta la defensa del territorio oaxaqueño, no llegan.
A la consejería se le ha facultado para decidir sobre diversas áreas del gobierno estatal –Registro Civil, Registro Público de la Propiedad, Catastro, la dirección de Notarías Públicas, la Defensoría Pública-, que en suma cuentan con un presupuesto anual de más de 300 millones de pesos.
El primer obstáculo, la sobrecarga de la nómina, no ha logrado salvarse. “Gran parte del gasto se va en el área de nómina, el pago a los trabajadores públicos que reciben quincenal y mensual”, acepta el funcionario en entrevista.
Asimismo, el Registro Civil ha sido señalado por la Contraloría estatal como una de las dependencias públicas con mayor grado de corrupción. Actualmente están abiertas 30 carpetas de investigación por corrupción y 10 expedientes por actos administrativos irregulares; asimismo, ocho funcionarios han sido sancionados. Pese a estas cifras, las denuncias ciudadanas por corrupción en esta dependencia siguen acumulándose.
Otros temas, más graves que competen a Zenil Tinajero, también están estancados, uno de ellos la controversia constitucional por invasión de tierra por parte de comunidades de Chiapas a los municipios de los Chimalapas.
Aunque Zenil asegura que en estos dos años de administración “se ha avanzado más que en cualquier otro periodo”.
“Tenemos ya prácticamente una sola probanza que desahogar, que es una pericial en materia de geografía, que señaló la Suprema Corte, una vez que sea desahogada, se cerrará instrucción y se someterá a resolución. La resolución está muy pronto”.
La lentitud en el proceso, añade, se debe a que el gobierno del estado de Chiapas ha promovido una serie de recursos para demorar el procedimiento.
Al consejero se le dificulta incluso precisar cuál es el número de conflictos agrarios persistentes en el estado, pese a que estos son causa de agresiones armadas que ha dejado decenas de muertes en la entidad durante el actual gobierno.
