De no ejercer ese presupuesto en el último trimestre del año, los recursos tendrán que ser devueltos a la Secretaría de Hacienda. La dependencia a cargo de Alfonso Martínez Córdoba responde a una solicitud de información que no tiene ningún tipo de acuerdo publicitario con algún medio de comunicación, lo que contravendría uno de sus objetivos. La relación del vocero gubernamental con los medios se ha caracterizado por entorpecer el trabajo de los periodistas al concentrar las decisiones sobre la información que manejan los integrantes del gabinete y prohibir entrevistas, salvo las que el funcionario autoriza
Flor HERNÁNDEZ
La Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de Oaxaca “guardó en el cajón” para el último trimestre del año más de 205 millones de pesos destinados a rubros publicitarios, sin que tenga contemplado la asignación de los recursos a campañas de promoción y difusión de las actividades gubernamentales.
El ente, encabezado por Alfonso Martínez Córdoba, reportó un gasto de 75 millones 664 mil 913.71 pesos entre enero y septiembre de este 2017, lo que representa apenas un 25 por ciento del recurso estipulado que alcanzó los 280 millones 883 mil 089 pesos.
De acuerdo a la “Información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio trimestral del gasto en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás normatividad aplicable”, en nueve meses, la Coordinación erogó únicamente una cuarta parte de su presupuesto.
Ante ello, en el último trimestre del año la dependencia deberá ejercer 205 millones 218 mil 176.09 pesos para evitar devolverlos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como parte de un subejercicio.
Obligaciones incumplidas
En la década de los 70 el gobierno de Oaxaca creó la Dirección de Relaciones Públicas que posteriormente se convertiría en Comunicación Social, la cual ha sufrido transformaciones principalmente en la primera y segunda década de este siglo que dieron paso a la conformación de la Coordinación General.
Entre las funciones específicas del ente –de acuerdo al Manual de Organización de 2014 aún vigente, ya que es el único al que se hace referencia en la página www.comunicacionsocial.oaxaca.gob.mx— se encuentra “suscribir todos aquellos instrumentos legales acuerdos, convenios y contratos en materia de comunicación con los tres órdenes de gobierno, o bien, con otras entidades públicas y empresas del sector privado”.
Sin embargo, el órgano reconoció a través de la solicitud de información 00647017 no tener ningún tipo de acuerdo publicitario con algún medio de comunicación, lo que contravendría uno de sus fines.
La responsable de la Unidad de Transparencia de la Coordinación, Marlenne Vale García respondió a la pregunta “¿cuál es el criterio bajo el cual se determina otorgar convenios a los medios de comunicación?” que: “se hace del conocimiento al solicitante que esta Coordinación no tiene realizado algún tipo de convenio este año”.
Así también la institución tiene como fin “compilar y difundir la información sobre las actividades que en ejercicio de sus atribuciones, lleven a cabo las distintas dependencias y entidades paraestatales, del Poder Ejecutivo del Estado”, pero mantiene el monopolio de la información que generan las secretarías y entes gubernamentales, entorpeciendo el flujo y la gestión de entrevistas con funcionarios del gobierno.
La instancia es responsable de coordinar programas, o campañas generales o específicas de comunicación, lo que de acuerdo a la misma respuesta a la solicitud de información antes mencionada, no ha ocurrido.
Debo niego, dinero sí tengo
En febrero de 2012, el gobierno del estado entonces encabezado por Gabino Cué Monteagudo respondió a la solicitud de información 6703 que el área de Comunicación Social, signó y pagó convenios por 161 millones 758 mil 883 pesos a 27 periódicos, 30 portales informativos, 21 radiodifusoras y ocho canales de televisión durante 2011.
El pago de publicidad se convirtió en el último año del ex mandatario aliancista (2016) en una larga espera que para algunos dueños de medios de comunicación aún no termina.
Y pese a la existencia de facturas y comprobación de publicaciones, el gobierno de Alejandro Murat desde la Coordinación de Comunicación Social desconoció los adeudos y dilató el pago a proveedores, bajo el argumento de carecer de recursos.
Lo anterior, pese al presupuesto de 280 millones 883 mil 089 pesos que ejerce en este 2017 la instancia dedicada a la difusión de las actividades del gobierno de Oaxaca, recurso que representa tres veces el presupuesto destinado en 2016 al municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, uno de los más grandes de la entidad por número de pobladores.
La negación de los compromisos financieros por parte de las autoridades provocaron que en el mejor de los casos, los directivos de diversos medios de comunicación lograron recuperar en el mejor de los casos el 70 por ciento de los servicios devengados, al ingresar a un esquema de “proyecto productivo” a través de Bansefi.
Gobierno opaco
La relación entre el titular de Comunicación Social con los editores, columnistas y reporteros ha sido distante, el principal reclamo desde la llegada de Alfonso Martínez a la coordinación, es la falta de información y disposición de transparentar las acciones gubernamentales.
La labor que desempeña el funcionario público se ha caracterizado por entorpecer el trabajo de los periodistas, al concentrar la totalidad de decisiones sobre la información que manejan los secretarios del gabinete.
Ante ello, los servidores públicos únicamente pueden ofrecer entrevistas en eventos públicos, o bien cuando el coordinador general les autoriza, de tal forma que la rendición de cuentas es solo parte del discurso oficial.
En una sociedad democrática el acceso a la información es un derecho de la ciudadanía, la pluralidad de los medios de comunicación permite un equilibrio de poderes y contribuye con la participación de la población en la toma de decisiones.
En puerta ley que regula publicidad
A nivel nacional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizará el próximo 15 de noviembre el proyecto de sentencia elaborado por el ministro Arturo Zaldívar, derivado de la revisión de un amparo promovido por la organización defensora de la libertad de expresión Artículo 19, ante la falta de una ley que regule la publicidad oficial.
El magistrado se ha pronunciado por establecer una normatividad al respecto, debido a que la ausencia de regulación de la publicidad oficial en los medios en México provoca un “ejercicio arbitrario del presupuesto de comunicación social, pues favorece a medios afines al gobierno y limita recursos a medios que no lo son, asfixiándolos financieramente y poniendo en riesgo su existencia”.
La sentencia de ser aprobada, ordenaría al Congreso expedir la ley que regule el gasto en comunicación social antes del 30 de abril de 2018, lo que a su vez deberá replicarse en los Congresos locales.
Propiedades millonarias
Alfonso Martínez Córdoba es originario de la ciudad de México, obtuvo su título de licenciado en periodismo por convenio 286 signado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) con instituciones dedicadas a impartir esta carrera, de acuerdo a su cédula profesional tramitada en 2011, es decir, no curso de manera regular la licenciatura.
El responsable de la relación medios- gobierno, fue candidato plurinominal perdedor del Partido Nueva Alianza a la Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal en 2012, cuando contendió por la jefatura del gobierno Rosario Guerra Díaz.
También se desempeñó como subdirector general de Comunicación y Apoyo en el Infonavit, cuando se encontraba al frente el actual gobernador de Oaxaca, entre 2013 y 2016.
De acuerdo a su declaración 3 de 3, en 2015 adquirió un departamento de contado por un valor de un millón 695 mil pesos, así como una vivienda y un departamento a crédito por un monto de siete millones 840 mil pesos.
Mientras que en 2016 contrajo un nuevo crédito por siete millones y medio de pesos, y recibió en donación una casa con valor de tres millones 609 mil pesos. En ese año reportó ganancias por tres millones y medio de pesos.
Actualmente en el gobierno de Alejandro Murat, Martínez Córdoba tiene ingresos netos –de acuerdo a la nómina publicada como parte de las obligaciones de transparencia del área de Comunicación Social—por 34 mil 569 pesos mensuales.
No obstante el funcionario percibe una compensación cuyo monto se desconoce, ya que no es público en la plataforma antes mencionada.
