Editorial
La crítica se ha volcado con dureza –y probada razón- sobre el gobierno federal, particularmente sobre la Secretaría de Gobernación (SEGOB), ante su incapacidad para resolver de fondo el problema de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), cuyo eje, a nivel local, el Cártel-22, se ha salido con la suya al boicotear el inicio del ciclo escolar 2016/2017. No ha sido fortuita la descalificación del gobierno de Enrique Peña Nieto ante la serie de componendas que hay en su entorno, para justificar lo que en un principio se descalificó: ni la presión ni el chantaje puede demoler lo que ya es precepto constitucional: la Reforma Educativa y las leyes reglamentarias en la materia. Pero ahí va, marcha atrás.
La Federación parece estar en un plan abiertamente defensivo. Ha minimizado por completo la demanda de los grupos empresariales –sus antiguos aliados, a quienes les ha dado la espalda por completo- en el sentido de aplicar la ley, mantener firme el Estado de Derecho y utilizar la fuerza ante el fracaso del “diálogo”. Se ha puesto contra la pared ante los señalamientos de la sociedad civil, para abrir las famosas mesas de negociación y el pueblo sepa, qué exige la beligerante y conflictiva CNTE y qué les ha concedido el gobierno. Más aún, a qué clase de arreglos han llegado, pues desde que iniciaron ese teatro, tal parece que el gobierno ha cedido todo, ante un organismo disidente que se ha engallado aún más.
Desde el lunes 22 de agosto, la violencia empieza a asomar en decenas de comunidades e incluso, en la misma capital y los Valles Centrales. Padres de familia y autoridades municipales conscientes del daño que se provoca a la educación de la niñez, no están dispuestos a permitir que las escuelas sigan cerradas. El problema se agrava en comunidades marginadas en las que madres de familia con hijos que asisten a la escuela, reciben los apoyos del Programa “Prospera”. La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), a pesar de la insistencia de que los recursos y programas atienden a la población en situación de pobreza, por norma no puede entregar los apoyos, en tanto no se tengan los registros de inscripción y asistencia a la escuela. Ello ha sido soslayado por los maestros de la S-22, seguros y empecinados, en que sus acciones jamás tendrán castigo, como ha quedado ya probado.
La habilidad y perversidad con que los dirigentes han manejado el conflicto, llevó al enfrentamiento de Asunción Nochixtlán el pasado 19 de junio, en que hicieron caer en una trampa a los gobiernos federal y estatal. En el fondo hay un motivo de peso: inhabilitar a la Policía Federal para intervenir en el desalojo de bloqueos y toma de oficinas u otros. Pese a que el presidente haya dicho que se usará la fuerza pública, lo cierto es que ni en sueños se cree hacerlo, luego de los constantes escándalos y cuestionamientos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y su torpe postura de proteger sólo los derechos de delincuentes y hampones de la lucha social.
Los casos de Tlatlaya, Ayotzinapa, Nochixtlán y ahora Tanhuato, inhibirán la participación de la Policía Federal, aún en operativos en contra de los grupos criminales, no sea que les “vayan a violar sus derechos humanos”. Poco pues podemos esperar los oaxaqueños, que haya una intervención decidida para restablecer la paz y la gobernabilidad. La esperanza es que las autoridades municipales y los padres de familia tomen como suya la lucha por restituir el derecho a la educación de sus hijos y la paz social. De no hacerlo o prestarse a la presión de los grupos de choque del magisterio, poco, realmente poco puede esperarse de que la CNTE/Sección 22, cumpla con su responsabilidad docente, por la que se le paga con nuestros impuestos.
