Editorial
La detención y posterior reclusión de los dos principales cabecillas de la Sección 22, miembros prominentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Rubén Núñez Ginez y Francisco Villalobos Ricárdez, el fin de semana pasado, desató para los oaxaqueños el infierno al que no acabamos de acostumbrarnos: bloqueos, barricadas, incendio y secuestro de unidades utilitarias, entre otros desfiguros. De poco sirvió la exhibida que les dieron a ambos, sobre todo a Núñez, de haber hecho operaciones millonarias al amparo de empresas privadas, para llenarse los bolsillos con las cuotas de los maestros o de los bienes que adquirían con descuentos en nómina; tampoco los sueldos estratosféricos que se asignaron la mayoría de los radicales que han manejado el movimiento, varios de los cuales están ya recluidos en penales federales. Desde el lunes, los oaxaqueños padecemos los excesos y atropellos de ese segmento abominable de la sociedad, llamado magisterio.
Desde el mismo sábado 11 de junio, cuando se dieron las aprehensiones que estaban vigentes desde hace mucho, iniciaron los disturbios, que nos han puesto a los ojos de México y el mundo, como un pueblo ingobernable. En el interior del estado, sobre todo en la región del Istmo de Tehuantepec se cerraron puntos claves para la circulación, lo mismo que en la Mixteca, la Cuenca y la Costa. Los grupos radicales magisteriales, ligados a la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) y sus adláteres del Frente Popular Revolucionario (FPR), COMUNA, manejada por Flavio Sosa y decenas más, tomaron las vías que rodean a la capital oaxaqueña e instalaron barricadas, incluso en las principales calles del Centro Histórico.
La ciudadanía aplaudió en general la detención de la dupla Núñez/Villalobos, aunque se lamenta de que el gobierno federal y menos el estatal, no vayan a fondo para devolverle a los oaxaqueños un poco de sus derechos civiles, sobre todo, la libre circulación. Los bloqueos carreteros han generado un hondo malestar, más aún el secuestro de camiones utilitarios, que fueron saqueados. Los viajeros que tuvieron que acudir a diversas partes del país; los extranjeros y turistas que no pudieron abordar sus vuelos ante el cierre del Aeropuerto Internacional de Santa Cruz Xoxocotlán, volvieron a tronar en contra del gobierno, por no aplicar la ley de manera oportuna, para acabar con los desmanes magisteriales. El fenómeno se repitió en la Ciudad de México, con los capitalinos exigiendo la intervención de la Federación para restituir la calma y el orden.
La aprehensión de los íconos de la CNTE –son los que asumen el radicalismo en dicha disidencia- se dio tres días antes del décimo aniversario del frustrado desalojo que padeció el movimiento magisterial y grupos radicales infiltrados, el 14 de junio de 2006. Dicha fecha se ha vuelto emblemática para aquellos que de manera permanente viven del chantaje, como Flavio Sosa, dirigente de COMUNA, César Mateos, de la misma franquicia y otros. Se trata de nostálgicos del 2006, que darían su alma al Diablo para repetir aquel teatro que montaron, del cual la principal víctima fue el pueblo oaxaqueño. Estos pillos, al igual que sus colegas al frente del Cártel-22, han sido magnificados en sus acciones por la famosa Comisión de la Verdad, en la que están quienes hoy se asumen como jueces de instrucción y fiscales del Santo Oficio: el sacerdote, Alejandro Solalinde, el periodista Diego Osorno y la activista de los derechos humanos, Marina Jiménez.
