En días pasados, ante los asesinatos de defensores de derechos humanos en Oaxaca, el Comité de Defensa de los Derechos Indígenas (CODECI) denunciaron el hostigamiento y amenazas constantes sufridas por la organización, así como la falta de atención y protección por parte del Gobierno del Estado de Oaxaca, por lo que además prevén la creación de una policía comunitaria.
En una conferencia de prensa en el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, el pasado 7 de agosto se leyeron una acción urgente lanzada por organizaciones y colectivos adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y organizaciones solidarias y fue proporcionada una información de contexto tanto sobre la organización CODEDI como sobre los ejes fundamentales de su lucha, orientada a la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y de su territorio.
Además, destacó que la organización trabaja en una zona de grande interés del capital nacional y extranjero, donde actualmente existen “nueve concesiones mineras; al menos cinco proyectos de pequeñas centrales hidroeléctricas; proyectos eólicos; construcción de infraestructuras para conexión de la Zona Económica Especial de Salina Cruz; la creciente industria turística y la consecuente especulación de tierras”.
La decisión de formar una policía comunitaria, en las palabras de la comisión que intervino en el Frayba, se debe a la “incapacidad del Estado y a lo que nos ha pasado”. Sin embargo, el ejército, las autoridades del estado de Oaxaca, la policía federal y estatal, y hasta las autoridades municipales de Santiago Xanica, parecen ver en esta decisión una declaración más de hostilidad que de defensa.
Los defensores de CODEDI reiteran que su voluntad es únicamente protegerse de una agresión desproporcionada y constante. Y los acontecimientos de los últimos seis meses lo confirman.
