Sólo hay seis personas detenidas, pero desde hace cinco años a la fecha, los gobiernos federal y estatal no han dado respuesta a la exigencia de justicia
Jazmín GÓMEZ
Por fraude a mil 500 personas que a la fecha exigen justicia y reparación del daño, de las regiones de la Costa y la Mixteca, sólo hay seis personas detenidas una de ellas que ya había sido liberada el año pasado, dio a conocer la abogada auxiliar de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Edith Santibáñez.
Expresó que la exigencia de las personas defraudadas por cajas de ahorro “patito” es de justicia y reparación del daño a través del Fideicomiso Pago (Fipago) que ofrece el Gobierno Federal, pero que requiere una aportación por parte del gobierno del estado.
Manifestó que a cinco años del cierre de cajas de ahorro como son Corporativo Azteca, Tres Mixtecas, IGM, Enlace Popular, Más Soluciones del Sur, por mencionar algunas, miles de personas en la entidad se quedaron sin el sustento familiar, sin su único patrimonio.
Fraude de 300
millones de pesos
Destacó que a partir de su lucha por el fraude de más de 300 millones de pesos, han detenido solo a seis personas, mismas a las cuales aún no se les dicta sentencia, entre las personas detenidas se encuentran: Lucila Cordero Guevara, de Tres Mixtecas, Joaquín Cuauhtémoc Martín Salazar Bautista, de Corporativo Azteca, David Cordero Guevara, presidente de Tres Mixtecas, Mayra Deyanira, de Tres Mixtecas, Over Asidarta, presidente de Enlace Popular y Flor Gasga, de Enlace Popular.
Abundó que a Lucila Cordero, quien fue aprehendida en agosto del año pasado, autoridades de la Fiscalía General del Estado, antes Procuraduría General de Justicia, la habían dejado en libertad tras cuatro meses de cárcel con derecho a fianza, sin embargo, tras sus exigencias hace dos meses fue nuevamente aprehendida.
Indicó que esta persona cuenta con 300 órdenes de aprehensión, sin embargo, autoridades que la liberaron ni siquiera revisaron su expediente, por lo tanto iniciaron un proceso en contra de la autoridad que la liberó por omisión.
La abogada indicó que con el objetivo de asegurarse de que se encarcelara a cada una de las personas defraudadoras de cajas de ahorro, trasladaron todas las averiguaciones a la Procuraduría General de la República por el delito de captación irregular de recursos, en donde suman al menos 50 órdenes de aprehensión, pero autoridades estatales no han hecho su trabajo.
Edith Santibáñez explicó que personas defraudadas de cajas de ahorro continuarán con sus protestas luego de que el jueves 15 de octubre nuevamente les cancelaran una mesa de diálogo en donde se les informaría los avances de sus peticiones.
Manifestó que la mesa de diálogo programada desde octubre, se haría con el jefe de la oficina de la Gubernatura, Alberto Esteva Salinas, con su particular el licenciado Raúl Ruiz, el fiscal Joaquín Carrillo Ruiz, con el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Alfredo Lagunas Huerta, y el secretario de Desarrollo Social y Humano, Alejandro López Jarquín.
Gobierno no da respuesta a las denuncias
Indicó que a cinco años del fraude, las autoridades siguen dando largas a las personas defraudadas sin importar que muchas de ellas estén gastando el poco recurso que les queda a sus familias para demandar justicia.
Abundó que en más de una decena de ocasiones les han cancelado las mesas de diálogo con diversos pretextos, entre ellos que tienen actividades fuera de la ciudad, que hay protestas en ciudad administrativa o que está tomado palacio de gobierno como en la última mesa programada.
“A estos funcionarios no les importa que la gente venga de lejos, muchas de ellas pidiendo prestado y con la esperanza de poder recuperar parte de su patrimonio, a funcionarios solo les interesa su bienestar, su seguridad y servirse a sí mismos”, señaló.
Expresó además que existe negligencia porque son las mismas autoridades estatales en complicidad con autoridades municipales quienes permiten que abran cajas de ahorro fuera de la ley, exponiendo a miles de familias y personas que en su condición de migrantes en Estados Unidos buscan un lugar en donde ahorrar y se van por opciones equivocadas.
Finalmente, Edith Santibáñez puntualizó que no cesarán en su exigencia, pues existe un compromiso del Gobernador del Estado Gabino Cué Monteagudo que deberá cumplirse hacia personas que confiaron en él y su gobierno.
