Este tipo de empresas deben verificar la propiedad de artículos que empeñan, además de cometer abusos en contra de los pignorantes con altas de interés de hasta 6% mensual
José HANNAN ROBLES
Fotos: Jairo ARAGÓN
Las casas de empeño tienen la obligación de exigir a los pignorantes las facturas o documentos que acrediten la propiedad de los artículos que empeñen, indicó Paulo Tapia Palacios, delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en Oaxaca.
“Con esto se evita que esos negocios se conviertan en espacios donde se pudieran recurrir a prácticas indebidas”, comentó.
El funcionario resaltó que las casas de empeño tienen la obligación de registrar su contrato de adhesión ante la Profeco, como lo mandata la Norma Oficial Mexicana (NOM) 169 SCFI 2007 de los Servicios Mutuo con Interés y Garantía Prendaria.
La Profeco verificará y sancionará si en el contrato no existen cláusulas abusivas en contra de los derechos del consumidor y del pignorante, quien ante la necesidad económica se ve orillada a dar como prenda un bien para obtener un financiamiento inmediato, agregó.
Tapia Palacio reveló que al momento menos de la tercera parte de las casas de empeño del país han cumplido con este deber, en lo que respecta a Oaxaca sólo el 25% lo ha hecho, lo que sitúa a las demás casas de empeño en estado de ilegalidad al incumplir con la obligación fundamental de registrar su contrato de empeño.
Invocó a las personas que tengan la necesidad de acudir a las casas de empeño a verificar que efectivamente estén registradas en la Profeco, “nosotros estamos obligados a sancionar esas cláusulas y ver que no atenten en contra de los derechos del consumidor.
Explicó que son cláusulas abusivas, por ejemplo, cuando les dicen que la tasa de interés es de 3% mensual, pero posteriormente le agregan otros conceptos como seguro de depósito y otros más que provocan que la tasa se dispare a 5 o 6% elevándose muy por encima de las tasas del mercado.
Quienes empeñan sus objetos deben verificar que estén los precios a la vista de los artículos que ya ponen en remate, checar hasta cuántos refrendos tienen derecho. El pignorante como el consumidor deben de tener muy claro a que tienen derecho, precisó.
Van 24 quejas contra casas de empeño por abusos
El funcionario federal, reveló que a la fecha ha recibido 24 quejas de consumidores y personas que enajenaron sus bienes, de estas, 14 se encuentran conciliadas a favor del consumidor y 10 en proceso porque fueron presentadas a mediados del mes de agosto.
A raíz de un operativo de verificación están en proceso de sanción tres casas de empeño por incumplir con las normas. El operativo continúa vigente.
Cuando una queja no se resuelve a favor del consumidor la sanción que se aplica a estos negocios es cercana a los 10 mil pesos.
El funcionario federal refirió que al no estar registradas en la Profeco, se desconoce cuántas casas de empeño funcionan en Oaxaca, pero se aproximan a 200 en todo el estado, en la capital del estado y Valles Centrales rebasan las 70 empresas de este tipo.
El principal motivo de sanción es la falta del contrato de adhesión, así como la negativa de entregar el producto que está en prenda, alegando que se venció el plazo y no fue desempeñado, lo que se ha comprobado que es incierto ya que a las casas de empeño les resulta más rentable vender o quedarse con el artículo.
Entre otras irregularidades se encuentra la negativa de hacer devoluciones o bonificaciones y negativa de pago por deterioro, la falta de precios de los productos a la vista lo que permite que de un día para otro los puedan mover discrecionalmente.
Tapia Palacios señaló que estos negocios resuelven las necesidades inmediatas de la gente, pero al mismo tiempo, por la urgencia de las personas, prestan a tasas muy altas, cayendo en la usura porque no les dicen con claridad, en muchas ocasiones, el monto total, les dicen que es al 3% y resultan pagando el 6%.
Comisión Federal de Electricidad ocupa primer lugar en quejas
Al referirse a los colegios particulares, afirmó que la Profeco no ha recibido quejas porque se hizo un llamado fuerte para que no se incrementaran las colegiaturas, a que se tomaran en cuenta a las sociedades de padres de familia en el momento en que se definieran las tasas de las colegiaturas porque es una obligación que mandata el reglamento de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Se han recibido 14 quejas, en lo que va del año, por otros conceptos, como la falta de validez oficial de las carreras, negativa de devolución de colegiaturas o documentos a manera de coacción para que los alumnos continúen en la misma escuela.
Por otra parte, sostuvo que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ocupa el primer lugar en quejas, sobre todo porque el cobro varía de manera importante de un bimestre a otro. La Profecco tiene una mesa permanente con la CFE para conciliar lo que permite resolver la mayoría de quejas en un plazo de tres días.
En segundo lugar está Telcel, continúa Cablemas y luego Iusacell, por el cobro de servicios que no son solicitados, cuando ya las leyes en materia de telecomunicaciones obligan a que por escrito el consumidor solicite algún servicio adicional.
Estas empresas de comunicaciones siguen con la vieja práctica de cobrar al consumidor por servicios que no piden, como por ejemplo la suscripción a algún club.
El Delegado recordó que al reformarse el reglamento de la Profeco se creó la Procuraduría Federal en materia de telecomunicaciones lo que permite dar una respuesta todavía más eficiente y ágil a las quejas en el renglón de telefonía, televisión de cable, televisión regular y radio.
En relación a las gasolineras, anotó que en el último operativo se verificaron 12 estaciones de servicio en el estado, encontrándose en nueve irregularidades inconsistencias técnicas, en Ocotlán de Morelos se detectó que estaban dando litros incompletos, en este caso se aplicará una sanción muy fuerte, pues las multas exceden los 100 mil pesos, aseguró.
En otros casos los dispensarios se encontraban en mal estado poniendo en riesgo la seguridad de los conductores.
En este año se han sancionado más de 25 restaurantes por cobrar la propina de forma obligatoria, costumbre que está desapareciendo ya en Oaxaca. Por este concepto las sanciones van de los 10 a los 70 mil pesos.
