Congreso local: Parálisis total
Hace más de un mes que la LXII Legislatura, por falta de acuerdos y jaloneos, suspendió las sesiones. Esta omisión se ha hecho algo común. Algo recurrente y grave, pues hay diversas iniciativas que no han sido aprobadas. En ese sentido, bien se puede hablar de un incumplimiento de los legisladores y legisladoras, con su compromiso ciudadano. Pero, ¿qué es lo que pasa entre las diversas fracciones políticas ahí representadas? Es simple. Todo prevalece, menos los consensos, los acuerdos y la vocación de servicio que implica dirimir las controversias en la tribuna legislativa, como compete a quienes se presume son legítimos representantes populares. Hay una agenda apremiante, como por ejemplo la aprobación de la Ley Estatal de Educación. Somos la única entidad que no la tiene pese a que el plazo constitucional para aprobarla venció desde marzo de 2014. Se sabe que hay al menos seis iniciativas presentadas en el Congreso, tanto por partidos, sindicatos y particulares.
La misma suerte ha corrido la Ley Indígena, no obstante a que ya es común que se cacaree que Oaxaca es un mosaico pluriétnico y multicultural; que todo se remita a los pueblos originarios; a los derechos indígenas inalienables; a las consultas en comunidades indígenas. Lo cierto es que la parálisis legislativa local ha hecho imposible actualizar el marco jurídico constitucional. La ley indígena vigente es de 1994. Pero lo que más ha hecho imposible lograr acuerdos y consensos son las leyes secundarias de la Reforma Electoral recientemente aprobada. Por un lado unos legisladores le quieren dar largas al tema; por el otro, están aquellos que ya tienen listos argumentos, gritos y sombrerazos para cuestionarlo. Y todo se va postergando –dicen- a cambio de generosos cañonazos.
Recientemente la legislatura local lanzó la convocatoria para designar a los tres comisionados y cinco consejeros de lo que será el nuevo Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que sustituye a lo que se denominó COTAIPO. Lejos de buscar devolverle su carácter ciudadano, buscando rescatar la filosofía de lo que en 2001 fue el llamado “Grupo Oaxaca”, impulsor de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información y de los órganos garantes como el IFAI, hay quienes en el mismo Congreso insisten en volverlo de nueva cuenta, rehén de los partidos políticos.
Esto es, tal parece que ahí todo es negocio o el famoso “pago por evento”. Legislar, aprobar leyes y reglamentos, todo ello para enriquecer el marco jurídico y mejorar la calidad de vida de los oaxaqueños, parece tener un costo adicional. No sólo pagamos más de 600 millones de pesos al año en el mantenimiento del Poder Legislativo, sino que además, hay que estar esperando a qué horas se ponen de acuerdo para cumplir con su papel.
Otro de los temas que mantiene crispada la situación en el Congreso es la designación del nuevo Secretario Ejecutivo en el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEPCO/OPLE), y que, según las nuevas disposiciones, debe ser designado por los diputados. Las diversas fracciones parlamentarias, en su afán de salvaguardar este coto insisten en no soltar prenda. PRI, PAN y PRD, cada quien por su lado, tratan de llevar agua a su molino político. Una vez que se cayó la propuesta de Rubén Darío Calleja, quien fue balconeado en la lista de aviadores del IEEPO, quedó una terna, que hoy mantiene a los legisladores entrampados para la designación.
