Pascal BELTRÁN DEL RÍO
La derecha y la izquierda extremas de este país andan enojadas. La razón es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación acaba de darles sendas sacudidas en sus respectivas visiones de cómo debe organizarse la sociedad.
A la primera la paró de pestañas porque decidió que violan la Constitución los códigos civiles de los estados que consideran al matrimonio sólo como la unión entre un hombre y una mujer. A la segunda la hizo rabiar porque determinó que el derecho de los niños a la educación está por encima del derecho de los maestros a su plaza.
Para mí, ambas decisiones de la Corte resultan acertadas. No lo digo desde el punto de vista de la fundamentación jurídica —en la que no me meto, pues no es mi especialidad—, sino pensando en los mejores criterios de construcción de ciudadanía. La ley es el gran igualador de la sociedad.
En el primer caso, el del reconocimiento de los matrimonios entre personas del mismo sexo, no me cabe en la cabeza que dos adultos que deciden unir sus vidas necesiten del permiso de un tercero.
La percepción de que el matrimonio sólo puede ser un contrato celebrado por un hombre y una mujer es una exclusión que establece que hay ciudadanos de primera y de segunda: los heterosexuales y los homosexuales.
En su tesis jurisprudencial, la Corte fijó el criterio —que ahora deberán seguir jueces y tribunales— de que la finalidad del matrimonio reconocida por la Constitución no es la procreación sino la protección de la familia.
“Pretender vincular los requisitos del matrimonio a las preferencias sexuales de quienes pueden acceder a la institución matrimonial con la procreación es discriminatorio”, puntualizó.
En el segundo caso, la Suprema Corte advirtió a los miembros del magisterio que se oponen a la Reforma Educativa que sus derechos laborales están por debajo del interés superior de los niños y del derecho de éstos a recibir una educación de calidad.
Luego de que integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) buscaran ampararse contra la Reforma Educativa y la evaluación docente, la Corte los paró en seco al fallar que tienen la obligación de someterse a las evaluaciones para decidir no sólo su ingreso, promoción y reconocimiento, sino también su permanencia en el Servicio Profesional Docente.
Los ministros sostuvieron el argumento de que los maestros son trabajadores de excepción, pues su función afecta el otorgamiento de otro derecho, el de los niños a recibir educación. En sus protestas, la CNTE siempre ha esgrimido sus derechos como trabajadores pero, en palabras y en hechos, ha negado la función básica que la sociedad les ha encomendado.
Para poder participar adecuadamente en la educación de sus alumnos, los profesores deben someterse a evaluaciones, consideró la Corte.
“Los procesos de evaluación (establecidos por la reforma) persiguen una finalidad constitucionalmente válida, sintéticamente, que es el mejoramiento de la calidad educativa. Esta medida es idónea porque la implementación de procesos de evaluación permite controlar la calidad del servicio docente, de conformidad con los estándares de fuente nacional e internacional”.
De esa manera, con muy pocos días de diferencia, la Corte dio al traste la visión que sendos grupos de mexicanos —los de fe religiosa y los de dogma revolucionario— pretendían imponer a todos los demás.
Si la extrema derecha se hubiera salido con la suya, el creacionismo sería la norma en este país, pues el matrimonio tendría sólo un sentido bíblico.
Si la extrema izquierda hubiese ganado este round, los maestros podrían asistir o no asistir a clases y enseñar lo que quisieran y como quisieran.
Por eso yo celebro estas dos decisiones, porque tienen un sentido civilizatorio, apuntan a una mejor convivencia entre mexicanos.
Nadie tiene por qué meterse a las alcobas de los demás y decidir cómo viven sus vidas, como nadie tiene derecho a tomar como rehén a la educación de los demás para proteger sus intereses.
