EDITORIAL
El pasado primero de septiembre, como lo establece la Constitución, el presidente Andrés Manuel López Obrador rindió su II Informe de Gobierno. El escenario nacional no pudo ser el menos propicio. Más de 64 mil muertos por la pandemia de Covid-19; rozando ya los 600 mil contagios y, teniendo como telón de fondo el total descrédito de la supuesta honestidad en su gobierno, a raíz de la difusión de algunos videos de donaciones en efectivo a su hermano Pío, que son configurados como delitos electorales, al no rendir cuenta de dichos recursos ante el órgano electoral: el INE. Unas horas antes del citado informe, un miembro más del gabinete legal, Víctor Manuel Toledo Manzur, ex titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), presentó su renuncia, en tanto que otro de los puntales del gobierno de la 4T, Ricardo Peralta, fue prácticamente cesado de la Subsecretaría en la Segob.
La idea de que AMLO ha alentado el rencor y el encono entre los mexicanos; el manejo de un doble discurso; las contradicciones con los propios integrantes del gabinete, con el pueril argumento de que maneja “otros datos”, mostraron a un presidente cuya imagen si bien se mantiene arriba del 56%, ha caído estrepitosamente en el ánimo ciudadano. Uno de los factores ha sido el proceso sospechoso, amañado y contra derecho, al ex director de Pemex, Emilio Lozoya y la famosa consulta para llevar a juicio a los ex presidentes, que ha sido considerada como un eje para que el presidente siga en la boleta el año próximo y su partido, Morena, pueda apuntalarse de nueva cuenta, como la principal fuerza política del país. En otros términos, seguir en una perpetua campaña política.
Entre algunos partidos políticos subyace la idea de que el gobierno de la 4T, sólo busca distractores para escurrirle al bulto de los grandes problemas nacionales, como es el de la inseguridad, el manejo de la pandemia y la crisis económica que se avecina, que ha reconocido el mismo titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esta actitud ha sido asumida como irresponsable y tendenciosa, como es, justamente, el famoso juicio a los ex presidentes. Hay una crisis evidente en el sector salud, denuncias de corrupción y antecedentes nada honestos de algunos de sus colaboradores como la titular de la Secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval; de Energía, Rocío Nahle y del director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, entre otros. Pero las ha minimizado en su afán de cobrar facturas con el pasado.
