En menos de media hora, una juez de Control determinó dejar en libertad a uno de los implicados en la artera agresión contra el reportero Othón García Díaz, al argumentar inconsistencias en la investigación del Ministerio Público y considerar que, por ser periodista, la víctima pudiera haber tomado ventaja ante el inculpado; además la juzgadora consideró que no hubo un atentado contra el ejercicio de la libertad de expresión cuando el comunicador fue golpeado al momento de cubrir una protesta de propietarios de agencias funerarias
Yolanda PEACH
La impunidad ante las agresiones en agravio de periodistas quedó latente en Oaxaca, luego de que liberaran a uno de los implicados en el ataque violento contra el reportero Othón García Díaz, cinco horas después de detenido, al señalar la juez errores en la investigación de la Fiscalía General del Estado.
Nuevamente, el mal manejo en las investigaciones de delitos de la dependencia a cargo de Rubén Vasconcelos Méndez, obliga a los jueces a otorgar la libertad a personas involucradas en diversos delitos, incluso, de alto impacto, debido a las inconsistencias en las indagatorias y a las omisiones en el debido proceso.
Con este caso, queda demostrado, una vez más, la corrupción que impera en la Fiscalía, ya sea, por aceptar una encomienda para la que no están capacitados, o por el contubernio que existe, desde tiempo atrás, con las agencias funerarias, cuyos encargados tienen pactos con los representantes sociales y de investigaciones sobre los casos de homicidio.
EL GRAN NEGOCIO
La pandemia mundial que se vive por el Covid-19 “benefició” a las agencias funerarias, al incrementar, de manera substancial, los servicios que éstas otorgan.
Justo cuando este coronavirus provocaba las primeras muertes en Oaxaca se empezaron a sancionar a algunas funerarias.
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) reconoció que detectaron funerarias “patito” que actúan en la informalidad y encarecían de manera abusiva sus tarifas, por lo que llamó a denunciar las anomalías.
En San Pablo Etla, autoridades municipales clausuraron un crematorio e instalaron filtros para impedir que esta empresa brindara sus servicios, al considerar que estaban provocando contaminación a los pobladores.
José Aldívar, representante legal del crematorio, explicó, en su momento, que esta medida violó un amparo otorgado por un juez federal.
Aseguró que, con posterioridad, autoridades municipales y de Servicios de Salud de Oaxaca corroboraron que no existía ningún riesgo en el crematorio, no obstante, fueron los propios pobladores quienes ocuparon el predio para impedir el ingreso y después, impusieron sellos de clausura firmados por el edil y el síndico municipal.
Lamentaron que los relacionen con propagadores del virus y sea tanta la psicosis respecto al Covid-19 que sufran ataques de pobladores, “ningún servicio funerario es un foco de infección y hasta el momento ningún colaborador ha sido contagiado por coronavirus”.
Hasta antes de la pandemia, los vendedores de este servicio, se apostaban afuera de los hospitales en busca de probables clientes, y lo que, es un secreto a voces, es el pacto que tenían con los Ministerios Públicos y a partir de la entrada en vigor del Sistema de Justicia Adversarial, con los agentes de investigaciones, para ser avisados cuando ocurriera un fallecimiento ya fuese por muerte natural, accidente u homicidio.
El aviso oportuno les daba la oportunidad de poder contactar en forma primera con los familiares de la víctima y ofrecerles el servicio funerario. Incluso, se tenía una tarifa establecida para compensar al representante social que les informaba sobre los casos de muerte violenta.
AMAGARON CON PARO
José Aldívar Ríos, quien también dijo ser presidente de la asociación de Funerarias en Oaxaca, informó, en el marco de una protesta, que luego de reunirse con personal de los Servicios de Salud de Oaxaca para solucionar el conflicto que vivían con pobladores, analizaban un paro de labores.
Explicó que las autoridades sanitarias les informaron que la problemática por las protestas de la sociedad no era de su competencia, por lo que planeaban unirse al menos 78 agencias funerarias a este paro.
Sin embargo, empleados de otras funerarias advirtieron que, ante la clausura de su negocio, acusado de ilegal y ante el rechazo ahora de vecinos de la Colonia del Maestro, Aldivar Ríos, quien es pastor cristiano y director general de Doxa Internacional Casas Paternas AC, creó la Asociación de Funerarias de Oaxaca y se impuso como dirigente.
Las protestas que encabezaron el 28 de julio pasado para presionar a las autoridades de los Servicios de Salud, incluyó el bloqueo de cruceros estratégicos de la capital oaxaqueña.
Cerraron, con carrozas y vehículos de transporte público, las calles de Tinoco y Palacios y JP García, en los cruces con Morelos, Independencia e Hidalgo, además del crucero de Independencia y 20 de Noviembre.
Presuntamente, contrataron a un grupo de choque para enfrentar a los automovilistas que se negaran a respetar los bloqueos.
La protesta era cubierta por un grupo de reporteros, por lo que al menos, cuatro de éstos, fueron agredidos, entre ellos, Othón García Díaz, periodista del medio digital El Fogonazo, quien fue golpeado con saña en el rostro hasta sangrar.
“Al agresor le molestó que cuestionara y grabara el desarrollo del evento”, comentó uno de sus compañeros.
La agresión, grabada y fotografiada por reporteros, fue difundida en redes sociales.
Othón fue ingresado al área de urgencias de la Cruz Roja Mexicana donde recibió los primeros auxilios por la lesión en el ojo y parpado derecho, del que sufrió sangrado abundante.
Posteriormente, presentó la denuncia formal para exigir justicia ante la agresión sufrida, que, a la postre, ha minado su salud, ya que comienza a tener dificultad en la vista; incluso, el médico legista que lo valoró, clasificó las lesiones como aquellas que tardan en sanar más de 14 días.
PÍRRICO TRIUNFO
El pasado 1 de septiembre, la Fiscalía General de Justicia publicó que la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) detuvo a Julio César, responsable de la funeraria Santa Lucía, como uno de los agresores del reportero Othón García Díaz.
Detalló que la aprehensión se efectuó en el municipio de Santa María Atzompa, remitido al Ministerio Público y puesto a disposición de un juez del Poder Judicial de Oaxaca.
“Trasciende este día que elementos de la AEI detuvieron en Atzompa a Julio César L. L., como responsable de la cobarde agresión contra el periodista ¡La Fiscalía está del lado del gremio periodístico!”.
Personal del área de prensa circuló el mensaje y anexó una fotografía del acusado de la agresión.
“Algo completamente inusual, desde la entrada en vigor del Sistema de Justicia Adversarial y, sobre todo, en la actual administración, ya no nos ‘sueltan’ las fotos. Me extrañó que esta vez hasta difundieran la imagen (del agresor) en redes sociales”, confirmó Jorge Pérez Velasco, uno de los directivos de la Asociación de Periodistas de Información Policiaca (APIP).
Cinco horas después de detenido, la juez de Control, Soraly E. C. V, desestimó las pruebas presentadas por la Fiscalía General del Estado y al término de la audiencia lo dejó en total libertad.
La audiencia de imputación se realizó en forma virtual y la juez de Control, entre otras pruebas, no validó lo dicho por los testigos presenciales de la agresión.
Señaló errores e inconsistencias en la integración de la Carpeta de Investigación, como no realizar una investigación científica, sino sólo basarse en los videos y fotografías, que es el material probatorio presentado.
Abundó que, en ningún momento, en su investigación, proporcionó el nombre completo de los agresores, sino solamente se basó en los señalamientos directos del afectado.
El reportero agraviado, Othón García Díaz, consideró irresponsablemente que la juez, entre sus argumentos, dijera que “por ser periodista pudo haber tomado ventaja”.
La juzgadora tampoco consideró que existiera un atentado contra el ejercicio de la libertad de expresión, pese a que el reportero fue golpeado para impedir que siguiera documentando las acciones violentas que emprendían los funerarios en su protesta.
“El Ministerio Público me dijo que iba a apelar (…) los errores de las autoridades las sufre la ciudadanía, porque no sólo es mi caso, sino los que vemos a diario que, por omisiones o errores, se vive en la total impunidad”.
Entre otras inconsistencias, la audiencia se retrasó “sabes que cuando se señala fecha y hora se inicia puntual. Se tardaron para presentar al detenido”.
Éste, no sólo no declaró ni presentó pruebas a su favor, por el contrario, renunció al término de ampliación que otorga la ley.
En tan sólo media hora, la juez resolvió que el imputado debía quedar libre, “la juez a cada rato callaba al fiscal, cuando éste pretendía leer la declaración de los testigos, ella le decía que se fuera a lo concreto (…) hubo mucho favoritismo”.
Finalmente, César, el implicado, abandonó la sala de audiencia con una enorme sonrisa. Al salir, no sólo se burló del Ministerio Público y del periodista agraviado, sino de la ineficiente justicia que prevalece en Oaxaca, en donde todavía impera la impunidad.
