ALERTAN QUE EN OAXACA YA TIENEN PRESENCIA
Van más de 100 mil homicidios y 27 mil desaparecidos en el país por la delincuencia organizada
José HANNAN ROBLES
Oaxaca está en un punto de inflexión que debe de poner en alerta a los oaxaqueños y a las autoridades, la presencia del crimen organizado en la zona sur del país está creciendo, ya tomó Veracruz y Guerrero por completo, Oaxaca tiene ya indicios, advirtió Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México.
Entrevistado por Real Politik, al participar en el Segundo Foro Regional por los Derechos de la Niñez y Adolescencia en el Sureste de México, sostuvo que la violencia contra niños y adolescentes en México se ha recrudecido en los últimos nueve años.
Los niños atrapados por crimen organizado
Pérez García manifestó que los niños, niñas y adolescentes en el país, después de 2006, en que se tuvo una tasa de homicidio más o menos en el estándar internacional, entendidas con el nivel de desarrollo del país, no quedaron ajenos a esa realidad.
A partir de 2007, comenzó a crecer, siendo 2012 el peor año que tuvo la infancia en nuestro país, las tasas de homicidio en estados como Chihuahua, Sinaloa, se colocaron cinco veces arriba de la media nacional, es decir ser niño, niña o adolescente daba más probabilidades de ser asesinados que los adultos.
El inicio de la lucha contra el crimen organizado, en julio de 2007, marcó un precedente histórico, porque el Estado decidió confrontarse con los grupos criminales haciendo uso de las fuerzas de seguridad involucrando al Ejército y a las policías.
Los resultados en estos años es, la militarización de la seguridad ciudadana, lo que no ha significado de ninguna manera, mayor integridad o protección para los ciudadanos, por el contrario se ha tenido un baño de sangre. “Se perdió la cuenta ya, más de 100 mil homicidios y 27 mil desaparecidos”, precisó.
En este contexto de violencia generalizada, agregó, también han surgido expresiones de violencia cruda y extrema, ya no es solamente al cometer el homicidio sino dejar una marca, un mensaje y, lamentablemente, niños y niñas no han quedado ajenas a esta realidad.
Se tienen que diferenciar los tipos de violencia y motivos, hay una violencia del fuero común, pero también hay una violencia vinculada a los grupos de intereses que luchan por el territorio, por espacios de poder, es ahí donde se encuentran las expresiones de violencia mucho más cruda, puntualizó el entrevistado.
En el sur del país hay violencia extrema
Durante muchos años el sur del país no vivió estos niveles de violencia extrema, lo que ha cambiado en los últimos cuatro años, particularmente en los últimos dos, en Guerrero y Veracruz comenzaron a hacer como focos rojos en términos de grupos criminales que tomaron el control territorial y de instituciones con serias afectaciones de violencia a los ciudadanos.
En este contexto, explicó el director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, muchos de los homicidios que están sucediendo tienen varias explicaciones, una de ellas es la normalización de la violencia extrema que incorpora los delitos comunes, otra, sin duda, es que los niños y las niñas ya están siendo blanco de ataque de los grupos criminales para mandarse mensaje entre ellos.
Destacó que el tercer elemento preocupante, es la falta de protección del Estado a los niños, el INEGI ha reportado que 7 de cada 10 adultos en este país no dejan salir a los niños a la calle por miedo a la inseguridad.
“Este elemento básico que significa sentirnos seguros en este país ya no nos lo están garantizando las autoridades y está generando que las familias encierren a sus hijos, y en lugares extremos como Tamaulipas o Guerrero, tengan que desplazarse a otras zonas para poder vivir.
Refirió que mientras el Estado no cumpla con su responsabilidad de garantizar el derecho a la vida y a la integridad, de invertir en la infancia, de hacer leyes mejores y sobre todo, sancionar a los delitos para que no queden impones, en esta proporción se van a ver los cambios, de lo contrario seguirá igual.
En el caso de Cristopher hay corresponsables
Al referirse al caso de Cristopher Márquez, menor de seis años asesinado por otros cinco menores de edad en Chihuahua al jugar al secuestro, expuso que se tendría que entender en la búsqueda de justicia que también hay corresponsables, es decir, las autoridades no cumplieron con su tarea preventiva, día con día se va conociendo más información, como que la mayor parte de chicos implicados no estaban en la escuela.
Uno de los chicos, de 15 años, fue recientemente expulsado de la escuela, la madre buscó apoyo en el sistema DIF local, “no lo tengo muy claro, eso lo sabremos pronto, si es la misma madre del chico adolescente que por remordimiento se inculpó, y fue su propia madre que en un acto de civismo y amor materno lo entregó a las autoridades”.
Por supuesto, sostuvo, los padres tienen una corresponsabilidad en la detección y búsqueda de ayuda, por otra parte están las autoridades de ese municipio que vive en condiciones de precariedad con el crimen organizado presente, no era un tema secreto ya se conocía que esa zona era de alto riesgo en materia de seguridad, las autoridades al parecer no tenían ningún tipo de intervención.
Responsables de homicidio deben ser procesados
Juan Martín Pérez García, señaló que los jovencitos que participaron en este homicidio tienen que ser responsables y sujetos a procedimiento de acuerdo al marco de leyes existentes en el país, y como se ha anunciado por parte de las autoridades, los dos adolescentes de 15 años serán sujetos a un proceso judicial, siendo altamente probable que sean privados de su libertad por 10 años, que es la máxima pena que tiene Chihuahua en estos casos.
Los menores de 13 y 14 años, no pueden ser privados de la libertad teniendo que entrar a otro mecanismo de protección, lo que no significa que los regresen a su casa o vuelvan a estar en una condición de agredir a otros.
Comentó que en niños de esta edad, la experiencia de agredir a otro, incluso de privarlo de la vida, no es algo que esté incorporado en la dinámica cotidiana, es decir, son niños que han sido víctima de mucha violencia, seguramente extrema, de descuido, de desatención, es un poco absurdo que hasta ahora que cometieron un hecho tan lamentable tengan la atención del público, de la comunidad, de la prensa.
Laura Bozzo busca sacar raja política y económica
El defensor de los derechos de niños, sostuvo que en medio del sentir popular de que hay que castigar a los niños homicidas, que hay que darles pena de muerte, surge el personaje extraño de Laura Bozo, sacando raja política y económica de ello. “Es algo que hay que denunciar o sea el tema es tan lamentable, tan indignante que no se puede permitir que nadie se beneficie y lucre con ello”
No se puede permitir que nadie lucre con el dolor de la gente y, sobre todo, que se criminalice a los niños y a las niñas que de por sí eran víctimas, y ahora lamentablemente, asumieron un roll de victimarios, pero eso no los exime de responsabilidad, resaltó.
Aclaró que no caer en impunidad, no significa que van a estar sueltos cometiendo atrocidades, son niños y niñas que van a tener que recibir un tratamiento de acuerdo a su edad para que puedan incorporarse a la sociedad de una manera productiva, pero sobre todo, garantizando su integridad.
Algunas personas dicen que, por qué los protegen y no dejan saber quiénes son; pues porque son menores y la ley establece que tiene que protegerse su identidad, es lo que en el ámbito del Internet llamamos el derecho del olvido, en la justicia para adolescentes también los actos que se cometieron de niño no tiene por qué perseguirse en la vida adulta, obviamente si reciben el tratamiento apropiado, anotó.
Los niños no actuaron como adultos tampoco deben ser tratados como adultos, hay muchos elementos que dan cuenta que no actuaron como adultos, por ejemplo, el remordimiento que llevó a uno de los adolescentes a declarar y a denunciarse asimismo como responsable, eso no lo hace un adulto, entonces no podemos pensar que se puedan sancionar como adultos, además de que las leyes no lo permiten, “aunque en México el Partido Verde, que le encanta siempre sacar estos temas ahora promete la pena de muerte para los niños asesinos”.
No tienen una perspectiva, México firmó tratados internacionales que no le permiten dar marcha atrás en esto, por el contrario Chihuahua es de los estados que más atrasados en defensa de niños y niñas está.
México firmó la convención hace 25 años, y el estado de Chihuahua apenas hace dos años tuvo una primera ley para los derechos de niños y niñas, es decir 23 años después.
Crimen organizado a punto de tomar Oaxaca
Chihuahua, es el estado que tiene la tasa de homicidios más alta contra niños y niñas en toda la historia de México, 5 veces más por arriba de la media nacional.
“El Gobierno del estado de Chihuahua, no tiene la cara para hablar de proteger a niños y niñas, cambiar las leyes endureciéndolas, ahora que es lo más fácil concentrarnos en estos chicos y no asumir la responsabilidad de los descuidos, se dice que es mucho más fácil castigar que prevenir”.
El director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, previno que Oaxaca está en un punto de inflexión en que los oaxaqueños deben poner cuidado y atención, pues la presencia del crimen organizado en la zona sur del país está creciendo, ya tomó Veracruz y Guerreo por completo, “Oaxaca tiene ya indicios creo que todavía hay un poco más de institucionalidad, pero eso dependerá de que los oaxaqueños defiendan su estado de derecho, sus instituciones y su participación ciudadana”.
En este sentido, precisó, los niños de Oaxaca no son comparados con los de los estados más violentados, pero no hay garantía.
Puso como ejemplo que en 2010 y 2011 Chihuahua, Sinaloa, Tamaulipas y Coahuila, eran los estados con más violencia homicida, Guerrero empezaba a despuntar, actualmente Guerrero es el estado con mayor violencia en homicidios.
“No hay nada que esté por escrito que diga que Oaxaca no pueda ser el siguiente en la lista, por eso es tan importante poner atención de lo que está pasando ahora, y la clave está en luchar contra la impunidad, sí un delito queda en la impunidad es un mensaje para que se repita, para que alguien más lo haga porque no tiene consecuencias”.
Recomendó a los medios de comunicación tener un manejo ético de estos hechos, ya que la propia Ley General de Derechos de Niños y Adolescentes, publicada el 4 de diciembre, establece algunos criterios, por ejemplo a los niños y a las víctimas se les tiene que proteger la identidad, lo que implica rostros difuminados, voces alteradas, no dar ningún indicio que les permita identificar su domicilio, entre otros detalles.
Expresó que no se les puede tratar como adultos porque no lo son. Reiteró que personajes como Laura Bozzo y otros que sacan raja política o lucro, tienen que ser sancionados, y no los niños que la sociedad a pesar de tener capacidad no hizo nada en materia de prevención.
Los niños representa 35.7 % de la población, aproximadamente 4 de cada 10 mexicanos son niños, todo lo que pasa en el país para bien o mal les toca.
Niños que están en el crimen organizado son víctimas
Se habla de narco explotación, un niño o un adolescente que está en las filas del crimen organizado no puede ser considerado más que como víctima. En días pasados en Ginebra, el Comité de Derechos de Niños de Naciones Unidas recordó al Estado Mexicano el incumplimiento de sus compromisos para proteger a los niños de ser víctima del crimen organizado, esto es una realidad, reconoció.
Se calcula de manera muy conservadora, que entre 25 y 30 mil adolescentes están vinculados al crimen organizado como informantes, procesadores de sustancias, muy pocos casos como sicarios.
Hubo una declaración de la Secretaría de Gobernación que envió a la Cámara de Diputados, hablando de mil adolescentes detenidos acusados de sicariato “tendría que tener esta evidencia, y si es cierto es algo muy grave porque volvemos al caso de Chihuahua, donde no hemos sido capaces de prevenir”.
El Comité de Derechos de niños de Naciones Unidas en marzo de 2011 recomendó al Estado Mexicano desarrollar programas de desvinculación, para que los chicos tuvieran como salvoconducto poder escapar de esos grupos y fueran tratadas como víctimas, porque cuando los detienen en operativo ya son procesados como criminales.
