La detención del exgobernador de Chihuahua César Duarte retrata de nuevo la corrupción durante el último periodo de hegemonía priista en México; fue capturado en Miami, Florida, en el marco de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Estados Unidos
Elías CAMHAJI
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha regresado a los primeros planos de la política mexicana y no fue por las antiguas promesas de renovación ni por su peso como oposición al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La detención del exgobernador César Duarte este miércoles en Miami se ha convertido en el último eslabón de una larga cadena de casos de corrupción, que lo llevaron a perder la contienda presidencial hace dos años y que amenazan con sepultar sus aspiraciones políticas de cara a las elecciones legislativas de 2021.
La detención de Duarte, que estaba prófugo de la justicia desde 2017, se ha producido tras decenas de denuncias por malversación de fondos durante su periodo como gobernador del Estado norteño de Chihuahua entre 2010 y 2016. La lista de acusaciones contra Duarte es extensa e incluye el desvío de más de 1.200 millones de pesos (unos 60 millones de dólares), el endeudamiento desproporcionado de su Estado hasta los 48.000 millones de pesos (2.500 millones de dólares) y el desfalco de otros 6.000 millones (320 millones de dólares). Duarte, además, es señalado por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales por desviar alrededor de 250 millones de pesos (12 millones de dólares) del erario público para financiar las campañas electorales del PRI en 2016.
Javier Corral, su sucesor en el Gobierno de Chihuahua y principal rival político, calificó la gestión de Duarte como “un robo burdo” y promovió más de una decena de denuncias ante la Fiscalía estatal, también llevó en su momento a la Fiscalía federal 70 tomos y 50 discos con pruebas de los delitos. El abanico de métodos del exgobernador para hacerse de dinero público incluye contratos amañados, depósitos de fondos para emergencias a sus empresas y pagos directos a testaferros y colaboradores sin la documentación requerida desde programas sociales, según se lee en la solicitud de extradición que México envió a Estados Unidos. Corral acusó en 2017 al Gobierno de Enrique Peña Nieto de no querer perseguir y encubrir los crímenes de Duarte, hasta que el expresidente cedió y presentó la solicitud de extradición en 2018, con una orden de busca y captura a la Interpol.
En el historial de Duarte están también operaciones, de menos, polémicas como la construcción de una presa de tres millones de metros cúbicos en uno de sus ranchos, la negativa recurrente a declarar su patrimonio y una denuncia en España por querer saldar deudas privadas con dinero público. El exgobernador siempre ha asegurado que se trata de una venganza poselectoral de Corral y logró que en 2018 la Procuraduría General de la República, predecesora de la Fiscalía actual y que en ese momento todavía dependía del Ejecutivo, desechara una denuncia en su contra por el desvío de 65 millones de pesos.
El anuncio del arresto se ha producido durante la visita del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, a su homólogo estadounidense, Donald Trump. Mientras todas las miradas estaban en la Casa Blanca, Duarte era arrestado en Florida. La detención se ha dado también en una semana cargada de anuncios de gran peso por parte del Gobierno mexicano. El lunes se acordó la extradición desde España de Emilio Lozoya, exdirector de la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex) y principal señalado por la trama de Odebrecht en México, acusado de aceptar alrededor de 10 millones de dólares en sobornos que supuestamente terminaron en la campaña del PRI en las votaciones federales de 2018. El martes se hizo público un vuelco en la investigación del caso Ayotzinapa, con el hallazgo de los restos de uno de los 43 estudiantes desaparecidos hace seis años y el desmantelamiento de la llamada “verdad histórica”, la versión de los hechos que defendió el Gobierno de Peña Nieto para acallar las críticas durante su mandato. Este miércoles, el turno ha sido de Duarte, sin que se revelaran mayores detalles de su captura.
Duarte pasó de ser reconocido públicamente por el expresidente Peña Nieto como uno de los rostros del “nuevo PRI”, en una promesa por dejar atrás la imagen negativa de la agrupación política, en 2012 a ser expulsado del partido a mediados del año pasado. “Siempre lo he dicho, el PRI estará del lado de la ley, y en contra de la corrupción, tope hasta donde tope”, ha escrito en Twitter el dirigente priista, Alejandro Moreno, quien ha evitado mencionar el nombre de Duarte. “Si algún priista cayó en actos de corrupción habrá traicionado al Gobierno, a las instituciones y al partido”, ha agregado Moreno, líder de un partido que pagó cara la merma en su credibilidad en las votaciones de 2018 y que arrastra desde entonces los peores resultados electorales de su historia.
La narrativa de un “nuevo PRI” no hizo más que empeorar a la postre la imagen del partido. Duarte es el último eslabón de una cadena de exgobernadores priistas que han sido acusados y procesados por corrupción. La lista incluye a Javier Duarte, exgobernador de Veracruz y sin ningún vínculo sanguíneo pese al apellido, condenado a nueve años de prisión después de declararse culpable de lavado de dinero y asociación delictuosa, tras ser capturado en Guatemala en 2017, así como a Roberto Borge, exmandatario de Quintana Roo, que fue detenido en junio de 2017 en Panamá por varios fraudes que superan los 45 millones de dólares.
