A 30 meses de haber logrado un aplastante triunfo en las urnas con el voto de 30.11 millones de mexicanos, luego de su tercer intento por alcanzar la Presidencia de la República, el gobierno de la Cuarta Transformación que encabeza Andrés Manuel López Obrador muestra un saldo negativo: fallas en el combate a la corrupción, no hay resultados positivos; desastre energético; nulo apoyo a las pequeñas y medianas empresas, y una política de austeridad que implica recortes y disminuciones de recursos a instituciones públicas
María FERNANDA NAVARRO
CIUDAD DE MÉXICO.- Acabar con la corrupción, desaparecer la impunidad, una estricta política de austeridad, hacer del sector energético la palanca del desarrollo nacional, promover el desarrollo de la pequeña y mediana empresa y un paquete robusto de programas sociales; eran parte de los lineamientos del “Proyecto Alternativo de Nación” que Andrés Manuel López Obrador “traía bajo el brazo” cuando ganó las elecciones el 1 de julio de 2018.
Dos años después de la victoria electoral del tabasqueño, gracias al voto de 30.11 millones de mexicanos, preentamos una revisión del avance y materialización de algunos de estos lineamientos.
ERRADICAR LA CORRUPCIÓN
La campaña presidencial de López Obrador estuvo plagada de propuestas y mensajes en torno a combatir la corrupción en el gobierno federal, fenómeno que consideraba “el cáncer de México”.
El proyecto alternativo de nación del entonces candidato de Morena apuntaba a “acabar con la corrupción, no solo reducirla, sino erradicarla por completo. De esta forma, no habría necesidad de aumentar impuestos ni de seguir endeudando al país”.
Sin embargo, el “combate a la corrupción” no ha sido sencillo para el gobierno de López Obrador ni ha arrojado resultados positivos durante sus dos años de gobierno.
De acuerdo con el “The Capacity to Combat Corruption (CCC) Index 2020” el programa anticorrupción del gobierno de AMLO se ha fincado en n su capacidad personal para erradicar el problema.
El ranking posiciona a México en el número ocho de 15 países y se le otorga una calificación de 4.55 en torno a la capacidad de combatir la corrupción menor al promedio de las naciones evaluadas. Esa evaluación es ligeramente menor a la del año pasado.
PROGRAMAS SOCIALES
Preferencia a los pobres era una de las premisas básicas de la campaña de López Obrador, quien señaló que la atención a los sectores más vulnerables de la sociedad sería sobre todo a través de programas sociales como la pensión universal a los adultos mayores, beca mensual a estudiantes de nivel medio superior, apoyos a personas con discapacidad y se garantizaría el derecho “del pueblo a la alimentación”.
Además de asegurar el destino de los recursos necesarios para la puesta en marcha de estos programas sociales, en marzo de este año el Congreso de la Unión aprobó las reformas para elevar a rango constitucional los programas sociales, con el objetivo de asegurar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de este sector poblacional.
POLÍTICA DE AUSTERIDAD
Con la promesa de que al pueblo “le costará menos mantener al gobierno”, López Obrador aseguró que se integraría una estricta política de austeridad republicana con la reducción de los sueldos de los altos funcionarios públicos, pensiones millonarias a los expresidentes, la erradicación de los servicios médicos privados ni cajas de ahorro especial y la venta de la flotilla gubernamental de aviones y helicópteros del gobierno.
La aplicación de esta “austeridad republicana” estuvo acompañada del despido de miles de servidores públicos que en algunos casos denunciaron violaciones a sus derechos laborales.
Pero los recortes y disminuciones de recursos a instituciones públicas no se limitaron al inicio del sexenio. El plan de emergencia económico del gobierno para afrontar la crisis provocada por la pandemia de Covid-19 incluyó la reducción salarial “de forma voluntaria” de altos funcionarios, la cancelación de 10 subsecretarias de Estado y 75% del presupuesto de las partidas de servicios generales, materiales y suministros.
SECTOR ENERGÉTICO
La visión de AMLO integraba al sector energético como una palanca para el desarrollo nacional a través de la construcción de refinerías, el impulso a la extracción del gas y el fortalecimiento de la industria eléctrica para dejar de comprar gasolinas y otros combustibles del extranjero.
Pero dos años y medio de su victoria electoral, la política energética del gobierno federal ha estado marcada por cancelación de licitaciones petroleras y eléctricas, negociaciones privadas de contratos y la degradación de calificaciones crediticias del país y las empresas estatales.
Para 2020 se destinó más de 1 billón de pesos a las empresas productivas del Estado y la Secretaría de Energía, pero la inyección de recursos no ha sido sinónimo de fortalecimiento, toda vez que ha quedado fuera del plan la organización y conducción del sistema energético y sus implicaciones para el sector.
IMPULSO A LAS PYMES
Otra de las promesas de Andrés Manuel López Obrador fue la integración de una política de Estado para promover el desarrollo de la pequeña y medianas empresas, sin embargo, la atención del gobierno a las unidades económicas que generan 90% de los empleos en el país ha quedado en entre dicho, sobre todo durante la crisis económica provocada por la pandemia de Covid-19.
Desde mayo de este año el gobierno federal estableció programas de apoyos como el de Créditos a la Palabra a pequeños y medianos negocios por hasta 25,000 pesos, así como a “empresas solidarias” denominadas así por no despedir a trabajadores durante la crisis sanitaria, créditos personales en el ISSSTE, a la vivienda, y nomina a trabajadores del estado y las denominadas Tandas para el Bienestar.
Sin embargo, líderes empresariales y organismos internacionales han señalado que dichos apoyos son insuficientes e incluso ponen en riesgo de desaparecer a muchos negocios familiares.
