EDITORIAL
Oaxaca se ha caracterizado durante los últimos años en ser un pueblo sin ley. No hay un solo día en que la ciudadanía pueda vivir en paz, realizar sus actividades cotidianas o transitar por las carreteras o la ciudad, sin tener que tolerar los bloqueos. Los motivos y actores son variados. Maestros, normalistas, organizaciones sociales, pobladores de tal o cual municipio, etc. La bandera es siempre la libre expresión, con la que se arropan abusos, obstáculos al libre tránsito, daño a la economía o secuestro de servidores públicos. Si ello fuera casual o esporádico como en otros estados del país, nadie medianamente cuerdo protestaría. Lo es, justamente, porque esto es diario y común. La entidad vive una perpetua agitación. Lo grave de todo ello es que los atropellos a los derechos civiles y al clima de libertades ciudadanas, pasan como si nada ocurriera. Las autoridades de los tres órdenes de gobierno, simplemente fingen demencia.
Lo cierto es que ningún funcionario se atreve siquiera a desafiar a quienes quebrantan la ley. Hace días, vecinos de Santa María Teopoxco, penetraron violentamente en Ciudad Administrativa. Sacaron muebles, papelería y otros para prenderles fuego. Antes, destruyeron torniquetes y rompieron vidrios. Nadie, absolutamente nadie les fincó responsabilidades. Hicieron destrozos, bloquearon cruceros en absoluta impunidad. El meollo de esta protesta brutal era atender a un grupo de vecinos, que a fuerza quieren echar fuera a la presidenta municipal. Detrás, por supuesto, la mano de operadores políticos y diputados locales de Morena, moviendo los hilos de la irrupción violenta hacia la ciudadanía de la capital y hacia trabajadores (as) inermes del gobierno estatal.
El lunes 2 de marzo, la ciudadanía de la capital, que vive en el norte de la misma, amaneció con el infierno cotidiano: vecinos de Santa María Colotepec, encabezados por el presidente municipal, Carmelo Cruz Mendoza, maestro de la Sección 22 y, por tanto, cebado ya en dichos métodos, cerraron las oficinas y la avenida en donde se ubica el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Y lo hicieron justo cuando dicha institución iniciaba las labores del Censo General 2020. La demanda de estos atolondrados, empezando por el edil, era que el conteo se hiciera a modo; como a ellos les conviene, porque en su argumentación, en 2010, les faltó contar a los ciudadanos de otras agencias. Por más de 12 horas el tránsito vehicular se colapsó. Ninguna autoridad salió en defensa de los derechos ciudadanos.
