EDITORIAL
Desde el gobierno de Gabino Cué (2010-2016), la antes pujante industria de la construcción entró en un impasse peligroso. No fueron pocas las empresas que sencillamente suspendieron operaciones ante la imposibilidad de seguir pagando impuestos o mantener en nómina a profesionales, maestros de obra, albañiles y peones. El directorio existente decreció. Y con justa razón. Sólo tres o cuatro constructoras foráneas se chuparon el 90 por ciento del presupuesto, mientras que con sólo el 10% restante se quiso darles a las empresas locales, lo que vulgarmente se conoce como “atole con el dedo”. Era un insulto escuchar en público a quien fuera titular de la Secretaría de las Infraestructuras y Ordenamiento Territorial Sustentable (Sinfra), Netzahualcóyotl Salvatierra decir, que el 90% de las empresas locales figuran como beneficiarias. Le faltó decir, que con sólo el 10% del presupuesto.
Con la transición, a los constructores no les fue mejor. En el cuarto año de gobierno no la han visto llegar. No hay obras relevantes dignas de mencionar. Tampoco proyectos que sirvan como esperanza a los quebrados empresarios. Ni siquiera la emergencia que vivimos por los sismos de septiembre de 2017, pudo paliar su precaria situación. Muchos de quienes participaron en la reconstrucción de escuelas o de vivienda o retirando escombro, tuvieron después que andar de la Seca a la Meca para recibir el pago de sus servicios. Hubo un total desorden administrativo y otro mayor, financiero. Eso no fue todo. Recientemente la delegación Oaxaca de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción (CMIC), develó que en la referida dependencia –Sinfra- se han otorgado contratos de manera discrecional, es decir, por asignación directa, sin darle a los empresarios locales la oportunidad de participar.
Lo que queda en evidencia aquí es que, sin recato alguno, los titulares de las áreas de gobierno que pueden asignar obras, se pasan por debajo de las piernas la Ley de Adquisiciones de Bienes y Servicios y la normatividad vigente en la materia. Eso es corrupción y debe ser sancionada por las dependencias que verifican el uso del gasto público. Esto es, la irregularidad a que nos referimos, debe ser sancionada por la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental o, en su caso, cuando se haya que verificar la Cuenta Pública. Es muy lamentable no atender las quejas que sobre este uso ilícito han hecho los empresarios de la industria de la construcción, más aún, que se desestimen sus quejas y denuncias.
