Aun cuando es una prioridad para el presidente Andrés Manuel López Obrador, el megaproyecto que pretende unir los océanos Pacífico y Atlántico se ha presentado ante las comunidades originarias del Istmo de Tehuantepec como un riesgo para sus derechos; se ha negado información, se han realizado consultas amañadas y, la ingente cantidad de recursos que se aplicarán prometen excluirlos del proceso de regeneración de la Cuarta Transformación
Alonso PÉREZ AVENDAÑO
CIUDAD DE MÉXICO.- Violación a derechos humanos, despojo de tierras a comunidades indígenas, pérdida de soberanía nacional y el reforzamiento de la represión de los flujos migratorios se esconden detrás de uno de los proyectos estrella del presidente Andrés Manuel López Obrador, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, obra prioritaria que cuenta con una disponibilidad de recursos inicial de 3 mil 487 millones de pesos, equivalentes al 60% del presupuesto de la Secretaría de Gobernación para este año y que duplican el gasto de la Secretaría de la Función Pública.
Investigadores, activistas y defensores de derechos humanos, coinciden en advertir que más allá de los discursos triunfalistas de desarrollo que expresa el gobierno de la Cuarta Transformación, acabar con la pobreza en la región del Istmo de Tehuantepec es un falso objetivo en este proyecto, que pretende modernizar los 63 kilómetros que componen la ruta ferroviaria que conecta los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos, además de construir parques de desarrollo industrial libres de impuestos.
“EL PUEBLO YA VOTÓ”, FALLAS DE ORIGEN
Las fallas de origen del megaproyecto, en el cual de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024, se invirtieron ocho mil millones de pesos solo en 2019, fueron expuestas por la Organización de las Naciones Unidas.
Aunque de acuerdo con el documento del gobierno federal, los días 30 y 31 de marzo de 2019, “en una consulta realizada mediante asambleas regionales, se obtuvo la autorización del proyecto por parte de los pueblos de la región –zapoteco, mixe, zoque, ikoots, chontal, chinanteco, mazateco, mixteco, popoluca, náhuatl y afromexicano–”, consultas como la avalada por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) han sido rechazadas por la ONU.
Refiriéndose a la consulta realizada por el gobierno federal en comunidades indígenas de siete estados que serán afectadas por el Tren Maya, la ONU señaló que “no ha cumplido con todos los estándares internacionales en la materia”. El proceso utilizado en las comunidades indígenas de Oaxaca es el mismo. En el estado, de acuerdo con un informe de la Red de Defensores y Defensoras Comunitarias de los Pueblos de Oaxaca (Redecom), las acciones del gobierno son tendientes a “agravar conflictos internos”.
“Estas asambleas consultivas convocadas por el gobierno federal son una mentira, una simulación, un engaño”, expresaron dirigentes del Consejo Nacional Indígena respecto a este proceso. A los reclamos, en una visita a Juchitán el pasado 28 de abril, el presidente respondió “el pueblo es sabio, nos dio la confianza, nos apoyó en la consulta, dijeron que sí, va ese proyecto de desarrollo del Istmo”.
CONTENCIÓN, MILITARIZACIÓN
Sin siquiera haber comenzado a retirar los viejos rieles del tren, el gobierno mexicano está avanzando ya en el primer objetivo para el cual sirve la construcción del Corredor Transístmico, contener los flujos migratorios. “No es, como se ha querido interpretar, resolverle a Estados Unidos el problema de la llegada de migrantes, sino garantizarles, los derechos al trabajo, la vivienda, la seguridad, la educación y la salud que el país les ha negado por décadas”, según expresa el Plan Nacional de Desarrollo en su apartado de migración.
Esta intención de la política migratoria nacional se está convirtiendo en los hechos en el pretexto idóneo para convertir el sureste del país en la región más militarizada, acusan investigadores y activistas.
“Es la zona más militarizada de México”, acusa el antropólogo Miguel Ángel García, de la organización Salvemos los Chimalapas. La intención de López Obrador, enfatiza, ha sido explícitamente informada al gobierno de Donald Trump. “Once días después de asumir la presidencia, López Obrador envió una carta en la que le entrega el Istmo de Tehuantepec, en su página 3 y 4 le dice a Trump que se van a sembrar un millón de árboles frutales y maderables, con el programa de Sembrando Vida y cosechando muerte, le dice que se va a promover la actividad turística en la zona del Caribe, que se va a construir un corredor económico y comercial que implica aprovechar la ubicación estratégica de esta franja para unir el Pacífico con el Atlántico, le dice que toda esta zona se convertirá en zona franca o libre”, agrega.
“Lo único que se está generando es devastación ecológica y cultural, es la zona más militarizada del país. Trump está muy feliz diciendo que este corredor va a detener las oleadas de migrantes. Además, se les va a dar empleo, lo cual va a generar xenofobia, que ya empieza a verse, en Chiapas, por ejemplo, va a haber una lucha por esos empleos y qué empleos van a ser, son empleos para la obra negra, de peones y albañiles. Ese es el modelo de desarrollo que nos están proponiendo”, agrega.
PROCESOS ANTIDEMOCRÁTICOS
El resultado de la implementación del megaproyecto del corredor interoceánico en el Istmo de Tehuantepec está generando procesos antidemocráticos de exclusión de poblaciones históricamente rezagadas y desatendidas por el Estado mexicano.
Para el investigador del Departamento de Producción Económica y del Posgrado en Desarrollo Rural de la UAM-Xochimilco, Roberto Diego Quintana, el presidente López Obrador “está diluyendo sus expectativas y la esperanza de que ahora sí, con el gran cambio en la política gubernamental, antineoliberal y reformista de AMLO y la Cuarta Transformación, se daría un giro de 180 grados a la política entreguista, a favor del capital privado, de los sexenios neoliberales anteriores, y de que, finalmente, se buscaría beneficiar principalmente a las comunidades nativas”.
Para el antropólogo Alfredo López Austin, investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), la respuesta de Obrador ante la petición de comunidades indígenas para que se respete su voz ha mostrado su forma personal de gobernar:
“La respuesta pública de López Obrador fue tajante, concluyente, dolorosamente sorpresiva para quienes anhelamos la democracia. No fue un razonamiento, sino una serie de descalificaciones injustificables”. “Fue lamentablemente la obertura de una forma personal de enfrentar los asuntos de Estado: quien no está de acuerdo con los designios superiores es contrario al cambio, a México; es un representante de los regímenes corruptos del pasado. Hay buenos y malos, en una división primera y maniquea de quien no está conmigo, está contra mí”, señala.
OPOSICIÓN
El pasado 6 de enero, pueblos zapotecos e ikoots de la zona mareña del Istmo denunciaron que como parte del proyecto se pretende crear un patio de maniobras en un área de 250 hectáreas, de la laguna perteneciente a San Mateo del Mar, San Dionisio del Mar y Álvaro Obregón. También comunidades de Juchitán de Zaragoza y San Juan Guichicovi han denunciado amenazas en su contra por la oposición mostrada al proyecto del Tren Interoceánico. Ante esta situación solicitaron la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que se protejan los derechos de las comunidades indígenas cuyo territorio está afectado directa e indirectamente por el proyecto del gobierno federal.
“Ahora mismo ya estamos viendo la criminalización de la protesta, hay amenazas en todo el territorio”, señala el investigador de la Dirección de Etnología y Antropología del INAH, Juan Manuel Sandoval, quien resalta que las comunidades del Istmo de Tehuantepec van a ver cómo se destruye no solo el tejido social, sino su sentido agrícola.
“Es un proyecto enfocado a la concentración de grandes capitales, ¿qué va a ofrecer a las comunidades?, empleos de mano de obra barata, ¿cómo se puede traducir este proyecto? Es el mismo discurso desarrollista que hemos tenido por décadas y cada vez hay más desempleo, más pobreza”, sentencia.
OPACIDAD
La autoridad controlada por el empresario Rafael Marín Mollinedo aún se encuentra al margen de la ley federal de transparencia, pues ni a través de la plataforma nacional ni en la página de internet de esta entidad no sectorizada se pueden conocer los documentos básicos con los que opera.
De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec cuenta con un presupuesto de 3 mil 487 millones de pesos, de los cuales 292.6 serán destinados a gasto corriente y 120.4 a servicios personales, es decir, sueldos y prestaciones de funcionarios públicos.
De estos recursos, solo un millón 240 mil pesos (el 0.03%) se invertirán para programas de mejoramiento ambiental, como el ahuyentar, rescate y reubicación de fauna, conservación de suelos y reforestación, entre otros.
Hasta ahora no existen informes del proyecto de inversión para este año, no obstante, las denuncias de amenazas por despojo de tierras se han multiplicado.
