Padres de niños con cáncer no saben qué va a pasar, cuándo recibirán atención sus pacientes ni cómo va a operar el Instituto Nacional de la Salud y el Bienestar (Insabi); hay desesperación porque los tratamientos de sus pequeños cuestan más de un millón de pesos mensuales y no tienen respuesta de las autoridades
“No hemos recibido respuesta. Las quimioterapias de mi niño son muy caras y no podría solventarlas, él necesita un trasplante de médula ósea, cuesta un millón y medio de pesos y yo no podría costearlo”
Dora Hernández
“El instrumento jurídico legal que nos garantiza el derecho a la salud es la póliza de garantía de salud del Seguro Popular, al eliminar este instrumento se nos quita el derecho a la salud, en otros términos, se vuelve un derecho difuso”
Israel Rivas
“…la desbandada de los 20 mil migrantes que viene; los hondureños, los salvadoreños son hermanos, pero por qué te pones a atender a otros antes de atender a quienes confiaron en ti”
Henry Martínez
Alonso PÉREZ AVENDAÑO
CIUDAD DE MÉXICO.- Son 10 horas de traslado desde su comunidad de origen, Matías Romero Avendaño, un municipio desconocido para la mayoría de los pobladores de eta capital. Dora Hernández tuvo que salir de ahí para buscar salvar la vida de su hijo, Ángel, diagnosticado con leucemia y cáncer en la médula ósea desde agosto de 2018. Después de buscar apoyo en el hospital del Seguro Popular de Matías Romero, donde los médicos se mostraron incapaces de darle un diagnóstico preciso, su destino fue la capital del país, donde recibe atención en el Federico F. Gómez, el hospital número 1 de México para la atención de niños con cáncer.
Sin ingresos suficientes, sin seguridad social ni posibilidad de obtener un tratamiento médico en hospitales privados, el traslado fue ineludible pese a los gastos que representa. El tratamiento que recibe Ángel tiene un costo de más de un millón de pesos mensual y es cubierto a través del Seguro Popular, desaparecido oficialmente el pasado 29 de noviembre, cuando en el Diario Oficial de la Federación se publicó el decreto por el cual se crea el Instituto Nacional de la Salud y el Bienestar (Insabi).
Para Dora esta reforma en materia de Salud representa incertidumbre, pues los senadores de Morena, que por mayoría avalaron la nueva Ley Nacional de Salud, no han explicado cómo funcionarán los servicios médicos para aquellas personas no derechohabientes del IMSS e ISSSTE.
Para Dora, las respuestas son urgentes, pues Ángel, de cuatro años y medio de edad, requiere un trasplante de médula ósea que cuesta más de un millón y medio de pesos.
“No hemos recibido respuesta. Las quimioterapias de mi niño son muy caras y no podría solventarlas, él necesita un trasplante de médula ósea, cuesta un millón y medio de pesos y yo no podría costearlo”, dice Dora.
Las protestas, el bloqueo del Senado el pasado 15 de noviembre en el que participó Dora junto a decenas de padres de niños enfermos con cáncer, no funcionó, no hubo respuestas a sus preguntas, cómo recibirán atención las personas atendidas a través del Seguro Popular.
“El instrumento jurídico legal que nos garantiza el derecho a la salud es la póliza de garantía de salud del Seguro Popular, al eliminar este instrumento se nos quita el derecho a la salud, en otros términos, se vuelve un derecho difuso”, explica Israel Rivas, uno de los padres de familia.
RIESGOS DEL INSABI
Rivas explica que, pese a que han pedido información respecto a la operación del nuevo instituto, persiste la cerrazón del gobierno, de los legisladores y de las autoridades de la Secretaría de Salud. Uno de los puntos que más grave consideran los padres de familia es la utilización del seguro catastrófico para hacer viable la operación del Insabi.
Este fondo cuenta con alrededor de 40 mil millones de pesos y su uso está restringido para el tratamiento de enfermedades de alta especialidad o complejas, pero ahora será utilizado para el Insabi.
“La mitad seguramente se va a gastar en burocracia, la otra mitad en el segundo y primer nivel de atención médica, entonces nosotros que estamos en el tercer nivel nos va a quedar muy poquito, pero los senadores se creen dioses, semidioses, ellos no se atienden en el Seguro Popular, no saben lo que significa y no les interesó dar explicaciones antes de aprobar la nueva ley”, señala.
Otra de las críticas de los padres de familia, es que el Insabi dará atención a todos los residentes del país que no sean derechohabientes. “La ley dice que el Insabi es para residentes que no cuenten con seguridad social, tienen derecho a recibir de forma gratuita la prestación de servicios públicos de la salud, medicamentos asociados al momento de requerir la atención, a qué vamos, la desbandada de los 20 mil migrantes que viene; los hondureños, los salvadoreños son hermanos, pero por qué te pones a atender a otros antes de atender a quienes confiaron en ti”, denuncia Henry Martínez, otro padre de familia.
DOS ESCENARIOS
Un reporte del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) señala que con la creación del Insabi hay dos escenarios extremos. De un lado, puede haber “una gestión impecable y los recursos necesarios” para dar un mejor trato a todos y reducir la desigualdad. Del otro, existe el riesgo de que haya problemas de coordinación y la gestión termine siendo muy mala, como ocurre actualmente, sin la atención que se requiere”.
Salomón Chertorivski, ex secretario de Salud federal, ha advertido que otra diferencia clara es que en el Seguro Popular había una fórmula para proporcionar recursos a los estados dependiendo del número de afiliados. No obstante, con la desaparición de la fórmula, la asignación de fondos depende de los acuerdos de coordinación que se firmen con cada una de las entidades, la entrega de dinero puede ser discrecional.
