A diferencia de los cinco preventivos emboscados el 8 de noviembre pasado en un San Vicente Coatlán, Ejutla, a cuyos deudos, por presiones de los policías, se le han otorgado las facilidades para que accedan de inmediato al cobro del seguro de vida y otros apoyos económicos, los familiares de los agentes de Vialidad estatal Rosalba Villegas González y Román Reyes Velasco, ultimados en la Mixteca el mes de abril, han vivido un suplicio al recorrer las oficinas públicas, pero hasta el momento no han tenido ni justicia ni la reparación daño
Luis RAMÍREZ
A siete meses del asesinato de una comandante y un elemento de la Policía Vial Estatal, en Santiago Juxtlahuaca, las familias continúan en un penoso peregrinar para pedir el pago del seguro de vida, entre las oficinas de esa corporación y la Secretaría de Seguridad Pública (SSPO)
Los funcionarios responsables de esta negligencia, al igual que la demostrada tras la muerte de los cinco policías estatales asesinados en una emboscada en San Vicente Coatlán, Ejutla, el pasado 8 de noviembre, son: el secretario de seguridad pública, Ernesto Salcedo Rosales; el ex director de la Policía Vial Estatal, Arturo Guzmán Santos y el director de la misma, David Antonio Jiménez, así como el enlace administrativo de la SSPO, Carlos Díaz Aguirre.
Estos dos últimos funcionarios se han visto envueltos en escándalos por asumir cargos sólo por compromisos políticos. David Antonio Jiménez es yerno del ex munícipe capitalino, José Antonio Hernández Fraguas y Carlos Díaz Aguirre es hijo del titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca (CEPCO), Heliodoro Díaz Escárraga, un personaje ligado al ex gobernador José Murat Casab.
EL CRIMEN
La comandante de la Policía Vial Estatal en Juxtlahuaca, Rosalba Villegas González, y el agente Román Reyes Velasco, fueron asesinados el 29 de abril pasado, a las 14 horas aproximadamente, sobre la carretera estatal de Juxtlahuaca a la agencia municipal de Santa Rosa Caxtlahuaca, perteneciente al mismo municipio.
Los cuerpos fueron hallados sobre la vía asfáltica, a unos metros de la patrulla 645 de la Policía Vial, que estaba aparcada a un costado de la carretera.
La Fiscalía General de Justicia sólo pudo establecer que los asesinos viajaban a bordo de un auto marca Nissan, tipo Tsuru,
mismos que huyeron rumbo a San Juan Copala, agencia de Juxtlahuaca.
DOS POLICÍAS MÁS CALCINADOS
Un año antes, el 20 de mayo de 2018, en la misma región Mixteca, fueron asesinados y calcinados los elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, Juan García y Labias Santiago Delfino; en el municipio de San Miguel El Grande.
La Fiscalía abrió la Carpeta de Investigación 1631/TX/2018 y al igual que el caso anterior, no hay avances en las investigaciones
EL PRESIDENTE MUNICIPAL, OMISO
Ante este escenario de violencia el presidente municipal de Santiago Juxtlahuaca, emergido del partido Morena, Nicolás Enrique Feria Romero, tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad pública a la población, señaló Ave María Leyva López, del Frente de Resistencia Indígena.
Actualmente, con 11 meses en poder del palacio municipal, la lideresa declaró a la prensa lo siguiente, después del doble crimen de los policías viales: “él, es la autoridad competente para brindar seguridad pública; bajo su tutela está el Bando de Policía y Buen Gobierno. Nosotros, nuestro movimiento de Resistencia no está limitándole tareas, bajo su mando está la policía, administra las patrullas, todo el personal y comanda la sede alterna del gobierno municipal, no tiene pretexto”.
Estas declaraciones fueron originadas por las afirmaciones del munícipe, quien culpó al frente –que mantiene tomado el palacio– de la ola delincuencial: “En los últimos 5 años Juxtlahuaca ha gozado de una gran tranquilidad, se vivía una paz que se podía respirar; pero desde la toma del palacio municipal coincide que las cosas han cambiado, con una ola de delincuencia como son asesinatos y robos se han incrementado de manera alarmante. No más violencia, pedimos la intervención del gobernador Alejandro Murat y que las personas que desestabilizan nuestro municipio tengan su castigo”, puntualizó.
POLICÍAS MUERTOS, EN EL OLVIDO
Hasta el momento suman 28 los policías asesinados en Oaxaca desde enero de 2018, de acuerdo a un informe de la asociación civil Causa Común.
Antes de la masacre de cinco policías en San Vicente Coatlán, el último crimen contra los guardianes del orden se cometió el 4 de noviembre pasado, cuando un comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones fue ejecutado en su vehículo en Santo Domingo Barrio Bajo, Etla.
En lo que va de 2019, 15 policías fueron asesinados, luego de que el año pasado sumaran 13 muertos, de acuerdo con la misma organización, que indica que en lo que va del año han sido asesinados en el país 357 policías.
TRÁMITES BUROCRÁTICOS INDOLENTES
De acuerdo a un comunicado del Gobierno del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO) “brinda atención integral y acompañamiento permanente” a las familias de los cinco elementos de la Policía Estatal Preventiva que fallecieron el pasado 8 de noviembre, tras un ataque armado que sufrieron en el municipio de San Vicente Coatlán.
“El enlace administrativo de la SSPO, Carlos Díaz Aguirre, señaló que por instrucciones del gobernador Alejandro Murat Hinojosa y del titular de la dependencia, Ernesto Salcedo Rosales, se han otorgado a las viudas y familiares de los elementos las facilidades administrativas para el cobro del seguro de vida, apoyos económicos por prestaciones y cobro de la pensión al haber fallecido en cumplimiento de su deber”.
Se les ha apoyado –continúa– para el cobro del seguro, cuyo importe es por 445 mil pesos, ellos deben de llevar cierta documentación, pero la instrucción es ayudarlos para que consigan lo más rápido este beneficio, se les apoya con trámites ante la Fiscalía, el Registro Civil para las actas de defunción e incluso con el INE”, refirió.
Esta versión fue la respuesta a críticas a la administración estatal por parte de usuarios de redes sociales, tras darse a conocer que la SSPO exigía a los deudos 13 requisitos, algunos de ellos indolentes ante el trance de las familias.
Por ejemplo, solicitaba juegos de copias de diversos trámites, que podrían hacer los mismos burócratas para aligerar la pena de los beneficiarios.
Asimismo, solicitaba que viudas o hijos de fallecidos tramitaran actualización de documentos como actas de nacimiento, acta de matrimonio o que soliciten facturas de servicios funerarios.
Los requisitos son los siguientes, de acuerdo a un oficio que fue entregado por la Coordinación de Desarrollo del Personal de la Policía Estatal:
1. Original de acta de defunción.
2. Copia simple del certificado de defunción.
3. Copia simple del oficio de baja, expedida por el Departamento de Personal.
4. Original de la constancia de servicios del extinto, expedida por el Departamento de Personal.
5. Original del acta de nacimiento actualizada, no mayor a 3 meses del fallecimiento.
6. Original y copia de la credencial de elector del extinto.
7. Original del acta de matrimonio actualizada, no mayor a 3 meses del fallecimiento
8. Copia simple de la póliza del seguro de vida.
9. Original del acta de nacimiento del beneficiario actualizada, no mayor a 3 meses del fallecimiento.
10. Original y copia simple de la credencial de elector vigente de la beneficiaria.
11. Original y copia simple del último sobre del pago, expedido por la Pagaduría de la Policía Estatal o la Dirección de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor.
12. Original de la factura de sepelio (tiene que ser factura, no se aceptan recibos o notas de remisión y debe ser expedida a nombre de la beneficiaria y en el concepto tiene que anotarle para quién fue el servicio, es decir el nombre del fallecido.
13. Copias certificadas del legajo de investigación
El oficio está firmado por el licenciado Enrique Eduardo Ruiz Estudillo, jefe del departamento adscrito a la Coordinación de Desarrollo de Personal de la Policía Estatal
HASTA BECAS PROMETIERON
El coordinador de enlace de la SSPO, Carlos Díaz Aguirre, ofreció a los deudos, a nombre del gobernador, becas a las y los hijos de los policías, así como la posibilidad de apoyar a las viudas con la adquisición de una vivienda, en el caso de quienes no contaban con casa propia.
“Se está trabajando en los trámites, posibilidades y alcances, ya con la instrucción del gobernador, la SSPO ha entregado todos los documentos necesarios a instituciones como la Comisión Estatal de la Vivienda y otros, para que vean en sus posibilidades una atención inmediata en estos rubros”, mencionó.
Dijo que ya fue entregada la documentación a la Oficina de Pensiones, para que las viudas y sus hijos puedan acceder también a “una pensión del 75% del salario que percibían sus esposos”.
Añadió que sumado a lo anterior, la SSPO otorgaría con profesionales atención psicológica permanente a los familiares de las víctimas e incluso servicios médicos a quienes lo requieran; estas acciones serán directamente en sus domicilios, e iniciarán la próxima semana por respeto a los días de duelo y actividades religiosas que realizan tradicionalmente.
El hijo de Heliodoro Díaz Escárraga puntualizó que apoyó a los deudos con un monto de 13 mil pesos, de un total de $20 mil, “para los gastos inmediatos que se originaron en ese mismo día”.
INCUMPLEN OFRECIMIENTOS
Francisco Javier Villegas González es hijo de la comandante Rosalba Villegas González. A sus 30 años, aún le duele recordar la muerte de su madre, quien ayudaba al sostén de su casa. Lleva los mismos apellidos de su mamá, porque así lo registró para crecerlo como madre soltera.
La recuerda siempre al pendiente de él y de su casa, que desde su nacimiento ella ya elemento de Tránsito del Estado, de cómo no descuidó su alimentación y crecimiento a pesar de que estuvo comisionada en Huautla, Teposcolula, Juxtlahuaca, Zaachila, Ixtlán de Juárez y Putla, entre otros lugares, durante sus 30 años de existencia.
Aunque él ya trabajaba en una empresa de la construcción, todos los días salía a las siete de la mañana, luego de que desayunaran juntos. “Siempre fue muy responsable, pero también muy alegre”, recuerda.
Francisco agrega que regularmente su mamá regresaba a comer a las tres de la tarde y después volvía al trabajo, del que salía a las nueve de la noche. “Siempre estaba pendiente de mi”, afirma.
Esa rutina se repetía el 29 de abril. La comandante salió a las 6.30 horas luego de hacer el aseo de su casa, rumbo a la comandancia. A la una y media de la tarde le habló por teléfono para decirle que se verían a la hora de la comida. Pero a las 2.41 de la tarde le habló por teléfono un compañero de trabajo para decirle que su mamá había sufrido «un accidente».
Me dijo que me fuera a Santa Rosa Juxtlahuaca “y que me viniera tranquilo”.
–Qué tipo de accidente- cuestionó.
–Es que balearon a tu mamá…
No toleró más información y colgó intempestivamente. Se fue rápidamente al lugar. Vio que pasando el puente vehicular y después de un tope estaba la patrulla y cerca de una miscelánea tirado el cadáver de su mamá. La zona estaba ya acordonada por policías y al acercarse a su mamá la vio tirada boca abajo y con la camisa manchada de sangre.
Francisco hace una pausa del dolor al recordar la escena. Ella no se merecía morir así, dice. “Era muy tranquila, no tenía enemigos ni problemas con nadie, menos con la gente de Juxtlahuaca, no tenía pareja sentimental o novio, nunca me dijo que alguien la estuviera molestando”, precisa.
Más le duele que a siete meses de la tragedia, las autoridades no tengan ningún avance en las investigaciones. Las dudas se multiplican y hacen del dolor una presencia permanente.
Y más cuando hasta la fecha, el Gobierno no ha cumplido con el pago del seguro de vida o las prestaciones que por ley deberían corresponderle. Ha tenido que enfrentar las tortuosas visitas a las oficinas de vez en vez que tiene que venir a la capital del estado, después de seis horas de viaje. “Como no tengo dinero más que el que gano en mi trabajo no puedo estar viniendo seguido, y cuando vengo es solo para darme largas, de que ya mero va a salir mi pago”.
Ha hecho todo lo que le han dicho. Los trámites burocráticos, las esperas en las oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública, en Tránsito del Estado, en Ciudad Administrativa y nada ha fructificado.
Entrevistado el pasado lunes, dijo que ha soportado lo que para muchos sería una burla: le dijeron en esta última visita que su pago ya iba a salir pero que por la muerte de los cinco policías estatales en San Vicente Coatlán tuvo que ocuparse el dinero y que esperara un poco más.
Impotente, frustrado, con su pena a cuestas cuenta al reportero que el Gobierno no ha cumplido con todas esas promesas que ha hecho en los discursos y boletines.
