Ocho años han pasado desde que el gobierno de Chiapas decidió invadir “legalmente” 160 mil hectáreas del territorio de Santa María y San Miguel Chimalapas, una de las zonas de mayor biodiversidad del continente, y a pesar de los reclamos para que se detenga esta injusticia, los consejeros jurídicos del gobierno oaxaqueño, Hugo y Ángel Alejo Torres, que destacaron por su “ignorancia o perversidad”, así como Octavio Zenil Tinajero, han actuado en contra de Oaxaca, denuncia el Comité de Defensa de los Chimalapas
Alonso PÉREZ AVENDAÑO
La controversia constitucional presentada contra el estado de Chiapas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por la invasión a 160 mil hectáreas de Santa María y San Miguel Chimalapas se mantiene como un tema silenciado por el consejero jurídico del Gobierno del Estado, Jorge Octavio Tinajero Zenil.
Pese a que esta invasión afecta a una de las reservas de biodiversidad más importantes del continente americano, el gobierno estatal ha sido omiso para exigir respuestas aun cuando el máximo tribunal de justicia del país ha tardado más de siete años en resolver los actos ilegales ejecutados por los poderes Ejecutivo y Judicial de Chiapas.
“Se va perdiendo la controversia constitucional que se debería ir ganando, van ganando los intereses de talamontes, de narco ganaderos, de neo latifundistas, de madereros, siguen avanzando en territorio de Oaxaca y son los Chimas los que se tienen que enfrentar a eso”, denuncia Miguel Ángel García Aguirre, coordinador regional en el Istmo de Tehuantepec del Comité Nacional para la Defensa y Conservación de los Chimalapas, para quien la inexperiencia del actual consejero jurídico del gobierno del estado, Jorge Octavio Zenil Tinajero, se suma a la negligencia con la que actuaron sus antecesores, Víctor Hugo Alejo Torres y Ángel Alejo Torres.
De acuerdo a las pruebas existentes, no debió haber durado más de cuatro años el juicio y ser favorable a Oaxaca, han pasado siete años y no se ven avances, está atorado, silenciado. El gobierno de Oaxaca, el de Gabino Cué y el de Alejandro Murat han escogido consejeros jurídicos que han hecho todo lo posible por perder el caso, porque Oaxaca pierda la controversia constitucional. El Congreso del Estado y los ciudadanos deben exigir al consejero que por escrito y de frente explique en qué estado se encuentra la controversia”, añade el entrevistado.
SILENCIAMIENTO EN EL ACTUAL GOBIERNO
El 27 de agosto de 2017, en su primer año de gestión, el gobernador Alejandro Murat se reunió con las autoridades municipales y ejidales de Santa María y San Miguel Chimalapas, con las que trató los dos temas de mayor relevancia para estas comunidades: la defensa del territorio, a través de la resolución de la controversia constitucional y los juicios agrarios, y la protección de la biodiversidad.
Para cuando ocurrió esa reunión, las autoridades y comuneros denunciaban que se habían perdido al menos 10 mil hectáreas depredadas para convertirlas en “potreros de baja productividad”, la mayor parte en Santa María Chimalapa, en la zona conocida como Cal y Mayor.
En un oficio entregado al gobernador, el 4 de septiembre de 2017 el Comité Nacional para la Defensa de los Chimalapas le pidió que ordenara a la Secretaría General de Gobierno (Segego) coordinar acciones con instancias estatales y federales como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Procuraduría Agraria y la Junta de Conciliación Agraria para verificar la devastación ambiental que se generó en la zona y realizar de inmediato acciones para detenerla. Para ese entonces, la administración estatal ya había admitido explícitamente la pérdida de la mitad del territorio en una especie de acuerdo político.
En 2015, el Instituto Nacional Electoral comenzó una redistritación electoral del estado de Oaxaca, cuyos resultados fueron presentados en 2016. Además de eliminar un distrito electoral federal de Oaxaca, violando la Constitución -que faculta únicamente al INEGI para elaborar cartografías oficiales- el INE “mordió” el territorio oaxaqueño, modificando los límites establecidos en la constitución local.
“El INE se come la mitad de las 162 mil hectáreas en conflicto, en la nueva cartografía la mitad pertenece a Chiapas y el gobierno de Oaxaca lo avaló. Firmó y aceptó ese mapa, lo que significaría que habría un acuerdo de que la mitad del territorio invadido se da en un reparto 50 y 50%, no hay razón jurídica ni histórica para hacer ese reparto, es un acuerdo político”, denuncia García Aguirre.
Aunque el consejero jurídico Tinajero Zenil tuvo en las elecciones de 2018 la oportunidad de solicitar una rectificación al INE, el gobierno avaló nuevamente el mapa que otorga el territorio invadido a Chiapas. “Tenemos las denuncias de estos hechos, los oficios recibidos por Mafud, por Murat, no se hace nada, nuestro temor es que haya un acuerdo político entre el gobierno de Oaxaca y de Chiapas para que se repartan las 162 mil hectáreas, que el gobierno de Oaxaca diga que ya hay un acuerdo y que retire la controversia”.
CRONOLOGÍA
El 23 de noviembre de 2011, el gobierno del estado de Chiapas publicó el decreto que avala la creación del municipio de Belisario Domínguez, que abarca 162 mil hectáreas de Santa María y San Miguel Chimalapas, un acto contra el que el gobierno de Gabino Cué reaccionó interponiendo un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este recurso fue rechazado el 24 de enero de 2012 porque se omitió informar si el nuevo municipio se asentaba sobre territorio oaxaqueño y chiapaneco. Una vez corregida la falta, el recurso fue presentado nuevamente, pero en mayo de 2012, la Corte lo rechazó por completo, alegando que el Senado tendría que resolver el problema limítrofe que daba origen a la reclamación.
Posteriormente, una reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de octubre de 2012 para devolver a la SCJN la atribución de conocer, analizar y resolver conflictos de límites territoriales entre entidades federativas permitió la interposición de una nueva controversia constitucional.
El 27 de junio de 2013, la Corte habiendo ya admitido el nuevo reclamo del estado de Oaxaca ordenó al gobierno de Chiapas abstenerse de realizar cualquier acto de gobierno en los territorios en disputa, hasta que se resolviera por completo el juicio. La orden no fue acatada, el municipio de Belisario Domínguez continuó su curso, al igual que las invasiones de tierras, la depredación de los Chimalapas y los yerros del gobierno de Oaxaca.
LOS YERROS DE LOS ALEJÓ
En abril de 2013, Jesús Martínez Álvarez, quien había coordinado los trabajos de la Secretaría de Asuntos Indígenas, a cargo de Adelfo Regino Montes, y de diversos especialistas en historia, cartografía y derecho para consolidar la demanda de inconstitucionalidad por la creación del municipio de Belisario Domínguez, renunció al cargo como secretario General de Gobierno. El tema de la controversia fue entonces entregado al consejero jurídico, Víctor Hugo Alejo Torres.
Desde el principio, el funcionario comenzó a limitar la participación de las comunidades chimalapas en el reclamo jurídico y presionó a síndicos y presidentes de Santa María y San Miguel para que emitieran un oficio a la SCJN renunciando a su derecho a ser terceros interesados en el caso, lo que les impidió conocer el expediente e intervenir en el desarrollo del juicio.
Además, hubo una extensa serie de yerros cometidos por el abogado, que contrató a su hermano, Ángel Alejo Torres, para llevar el caso, a pesar de su inexperiencia en temas de conflictos limítrofes, agrarios y derecho constitucional.
Entre las pifias cometidas por los hermanos Alejo Torres, una demuestra su desconocimiento o perversidad, asegura García Aguirre. Ambos aconsejaron a las autoridades de los Chimalapas pedir a la Suprema Corte de Justicia derogar el decreto por el cual el gobernador Heladio Ramírez estableció en el artículo 28 de la Constitución de Oaxaca que los límites entre la entidad y Chiapas se encuentran partiendo del “Cerro Martínez” en línea recta hasta el “Cerro de la Gineta”, siguiendo al “Cerro Tres Cruces”. El objetivo del consejero jurídico era “ganar 100 mil hectáreas más para el estado”.
La Suprema Corte respondió que la solicitud era improcedente. “La Constitución dice que un decreto solo puede ser derogado mediante un recurso de controversia interpuesto 30 días después de emitido el decreto y ya habían pasado más de 28 años. Si no lo sabían fueron unos estúpidos, si sí lo sabían y lo metieron a propósito fueron perversos, es solo un ejemplo de muchos recursos que ejecutaron para retrasar la controversia”, señala.
El gobierno de Gabino Cué acabó y la controversia constitucional fue heredada a Alejandro Murat, cuyo actual consejero jurídico ha encontrado como única respuesta por parte de la Corte que no hay respuesta. El 16 de marzo de 2018, el consejero jurídico acompañó a autoridades municipales y comunales de los dos municipios Chimalapas a una reunión con Patricia Guzmán Miranda, secretaria de la sección de trámite de controversias constitucionales de la SCJN, quien explicó que el procedimiento aún carecía de fecha para la audiencia de desahogo de pruebas. Solo eso después de siete años, casi tres correspondientes al actual gobierno.
“Tinajero sigue cobrando sin hacer nada en la Consejería Jurídica, el pueblo de Oaxaca y el Congreso de Oaxaca deberían exigirle a la Consejería y al gobernador un informe detallado no solo por escrito, de frente, que explique cuál es la situación de la controversia constitucional”, expresa el representante del Comité por la Defensa de los Chimalapas.
ADELFO, “UN TRAIDOR”
A pesar de ser oaxaqueño, abogado, indígena y de tener un lugar prioritario en la toma de decisiones en el gobierno de la Cuarta Transformación, Adelfo Regino Montes, director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), ha omitido cualquier acción para intervenir en este caso que afecta a comunidades de las etnias zoque, mixe y zapoteca.
Regino Montes, dice, García Aguirre, “es un traidor”. Al comenzar el actual gobierno, el funcionario se reunió con el Comité de Defensa de los Chimalapas, les ofreció conformar un equipo interinstitucional para atender la controversia constitucional pero después, los bloqueó.
“Cuando Jesús Martínez Álvarez renuncia, en abril de 2013, para julio de 2013 el gobernador Gabino Cué le entregó el seguimiento de la controversia a Víctor Hugo Alejo, que llamó a Adelfo y le prohibió que volviera a entrar a los Chimalapas, que le prohibía que volviera a asesorar a las comunidades Chimalapas, que se volviera a meter a la controversia constitucional, y que tenía que correrme porque no se le podía estar pagando a un enemigo del gobierno. Me corrió y Adelfo nunca más se volvió a meter al tema de la controversia. Él fue testigo de cómo se ha traicionado a los Chimalapas, de cómo se ha enredado el tema. Él lo sabe y lo convalida, es un traidor”, acusa.
UNA NUEVA AMENAZA PARA LA SELVA
El Comité Nacional de Defensa de los Chimalapas ha denunciado que el proyecto para conectar los puertos de Salina Cruz, Oaxaca, y Coatzacoalcos, Veracruz, representa una nueva amenaza para la biodiversidad de los Chimalapas.
A pesar de que el trazo del Tren Transístmico no corresponde a territorio de Santa María o San Miguel, esta obra es solo la columna vertebral de un corredor comercial que acelerará el saqueo de recursos naturales de Oaxaca, particularmente de la región del Istmo.
García Aguirre señala que los seis parques industriales que se instalarán en la zona con el proyecto ferroviario, serán acompañados por nuevas concesiones de extracción minera.
“Hay una amenaza muy fuerte sobre el territorio comunal de San Miguel Chimalapa, donde se pretende impulsar en el poblado de La Cristalina una concesión para la extracción de oro, plata y cobre, son casi seis mil hectáreas, los comuneros han impedido que inicien las tareas de exploración, pero la concesión está dada, que no digan que no afecta a los Chimalapas el Transístmico, porque es una amenaza muy fuerte”, denuncia.
