Ruth ZAVALETA SALGADO/Excélsior
Sin lugar a dudas, las noticias que “menos venden” son las acciones positivas que un gobierno realiza. Son varias las razones por las que, de hecho, un analista político o un columnista no escriba sobre ello. La principal se sustenta, quizás, en el temor de ser señalado de “aplaudidor del régimen”; pero, tal vez, también se deba a que la convicción colectiva se incline a escuchar más a aquéllos que señalen los desaciertos o errores que, por omisión o comisión, cometen quienes están en el quehacer público.
Estos comentarios vienen al caso a propósito de una reflexión que, esta semana, realizó nuestro estimado Ciro Gómez Leyva, respecto a que al Gobierno no se había percatado de tres buenas noticias que evidencian la disminución de algunos delitos de alto impacto. Me gusta escucharlo porque me parece justo que, cuando existan fallas se señalen, pero, cuando haya aciertos también se reconozcan. Él se refería a los datos de “Alto al secuestro” y al Instituto para la Economía y la Paz pero, ya en semanas pasadas, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, había dado cuenta de los avances positivos que se han realizado en materia de combate a la inseguridad y la violencia.
Sin lugar a dudas, uno de los más grandes retos que ha enfrentado el presidente Enrique Peña Nieto y su gabinete es el del combate a la inseguridad y la disminución de la violencia. De hecho, durante su campaña, en diciembre de 2012, dentro de las 6 líneas que presentó en materia de Seguridad Pública, estaba la de mantener una constante evaluación de la política de seguridad (con indicadores claros, medibles y transparentes) y el 30 de abril de 2014, ya como titular del Poder Ejecutivo de la República, presentó el Programa Nacional de Seguridad Pública 2014-2018 (PNSP), como una estrategia integral que incluye la educación de calidad, el combate a la pobreza y la prevención del delito y el fomento de la cultura de la legalidad. Es decir, se entendía que una estrategia de confrontación sin atender los cambios normativos, el desarrollo social, la coordinación institucional y los acuerdos políticos no era viable.
El PNSP describió en un documento el “escalamiento” de la violencia registrada desde el 2010 y advirtió que “… las denuncias por el delito de homicidio doloso en el periodo de 2006 a 2012 se incrementaron en 84%, al pasar de 11,806 a 21,728 respectivamente; las extorsiones registraron un incremento del 130%, pasando de 3,157 a 7,272; mientras que los secuestros se incrementaron en 92%, al pasar de 733 a 1,407 denuncias en el mismo periodo”.
A un año, el PNSP tiene resultados positivos en delitos de alto impacto. Los informes de 2014 y 2015 del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), con datos que le proporcionan los estados de la República, señala que la tasa sobre homicidios dolosos, por cada 100 mil habitantes, experimenta una importante tendencia a la baja: en 2010 fue de 18.10, en 2011 de 19.75 y en 2012 de 18.57, en 2013 disminuyó a 15.48, en 2014 a 13.08 y en este 2015 es de 2.10. Respecto al delito de robo con violencia, en 2010 fueron cometidos 230,835; en 2013 solamente se registraron 214,281 y en 2014, 183,400. Es decir: 47,435 robos menos que hace cuatro años. En relación a la tasa de robo de vehículo con violencia, por cada 100 mil habitantes, disminuyó; si en 2010 fue de 53.69% y en 2011 de 62.23 por ciento, para el 2013 fue de 48.03% y en 2014 de 40.04% (en este 2015 es de 6.19 por ciento). Sucede lo mismo en el caso del robo de vehículo sin violencia.
Sin lugar a dudas, los datos del SNSP son importantes pero, en estos momentos que en el Senado se ha reabierto el debate de la iniciativa del Mando Único de la Policía en los estados de la República, es necesario escuchar a todos los actores que, sin fundamentalismos ni intereses políticos, evalúan de forma imparcial los buenos resultados de la estrategia de seguridad pública.
*Maestra en derecho constitucional por la UNAM
