A pesar del discurso de paz y trabajo por la seguridad que pregona el gobierno estatal, Oaxaca se mantiene entre las entidades más peligrosas del país, donde se registran con mayor frecuencia actos de violencia extrema como personas decapitadas, ejecuciones con el tiro de gracia –propias de las bandas del crimen organizado, las cuales, de acuerdo con las autoridades, no tienen presencia en la entidad–, homicidios a plena luz del día, secuestros y asaltos. Organizaciones no gubernamentales cuestionan el Plan para la Paz y la Seguridad del gobierno federal
ALONSO PÉREZ AVENDAÑO
Hombres y mujeres descabezados, ejecuciones con el tiro de gracia, policías asesinados a plena luz del día, el crimen presente cada vez en mayor número de municipios. La violencia en Oaxaca es cada vez más grave y la respuesta de las autoridades parece lejana. A pesar de que en el primer trimestre del año –el más violento en la historia de México- se registraron 212 homicidios dolosos en Oaxaca, 2.35 diarios en promedio, negar la realidad parece ser la primera opción que defiende el gobierno de Alejandro Murat Hinojosa.
Oaxaca vive “un nivel de paz como nunca se había visto”, dijo el gobernador priista el 16 de noviembre en el marco del informe de gobierno de su segundo año de mandato. Ese año su gobierno cerró con un reporte de 983 homicidios dolosos, que superaron a los 855 ocurridos en 2017; en diciembre de 2016 se registraron 82. En total, el actual sexenio suma 2 mil 132 asesinatos intencionales, más de dos mil personas que han sido ejecutadas, descuartizadas, que han recibido el tiro de gracia y que parecen contradecir las frases insistentes del gobernador.
Apenas el pasado 14 de mayo, en el marco de la firma del acuerdo de paz entre los municipios de Ayutla, Mixes y Tamazulápam, el gobernador volvió a reiterar que su gobierno está trabajando para “garantizar la seguridad de los oaxaqueños”.
“Poco a poco hemos ido avanzando en este tema, este año bajó un 30% los delitos de alto impacto, por eso delineamos acciones en las regiones donde operan distintos tipos de delincuencia”, dijo el gobernador. Su afirmación, sin embargo, se cae ante las estadísticas con las que cuenta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Sin disminución del 30%
Aunque en comparación entre el primer trimestre de 2019 y 2018 se observa una disminución en cuanto a homicidios dolosos, ésta no alcanza ni la mitad del porcentaje estimado por el gobernador. Entre enero y marzo del año pasado, en el estado se cometieron 240 crímenes de este tipo; este año la cifra es de 212, la disminución es de solo el 13%.
Si comparamos las cifras de enero-marzo 2019 con las de 2017, el aumento este año representa 6.5% al pasar de 199 a 212.
En robo a vehículo automotor el incremento entre periodos es de 3% al pasar de 803 registros en los primeros tres meses de 2018 a 833 en 2019.
Respecto al secuestro, entre enero y marzo de 2019 se reportaron nueve incidencias, mientras que en 2018 fueron nueve. De nuevo, la disminución en la incidencia de este delito (18%) es mucho menor a la anunciada por el gobernador.
Otros delitos registran una disminución aún menor. Al comparar las cifras del primer trimestre del año en cuanto a robo a casa habitación, se observa que los registros son prácticamente los mismos: 366 en 2018 y 353 en 2019.
Focos rojos
También contradicen las declaraciones del gobernador las estadísticas de la organización Semáforo Delictivo, que coloca a Oaxaca como una de las ocho peores en cuanto a desempeño para disminuir la incidencia delictiva. De los once crímenes que registra mensualmente la organización, ocho están en rojo en el caso de Oaxaca, lo que implica que el reporte supera la media histórica de casos ocurridos en la entidad.
En cuanto a extorsión hay 34 registros ante el Secretariado Ejecutivo, con una meta de que se reduzcan a solo cinco incidencias mensuales; en cuanto a denuncias por narcomenudeo hay 89 casos, con una meta de que se reduzcan a 18.
En robo a negocio en el año se han registrado 325 incidencias, lo que representa un incremento de 14% respecto a 2018. Para este crimen, la meta es que se reduzcan los casos a 71 mensuales.
Escenas contradictorias
Por el grado de inseguridad que presenta, Oaxaca está más cerca de entidades con un largo historial de crímenes cometidos por bandas de la delincuencia organizada, como Morelos y Nuevo León, que de la paz con que cuentan estados como Campeche y Yucatán, cada uno de los cuales reporta en 2019 menos de una decena de homicidios dolosos en el primer trimestre del año.
De acuerdo con los reportes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Oaxaca es el estado número 14 con mayor registro de homicidios dolosos. Con más de 500 registros solo hay cuatro entidades: Guanajuato (727), Estado de México (686), Baja California (597) y Jalisco (576).
Siguen en la lista seis estados con un promedio entre 300 y 500 asesinatos intencionales: Guerrero, 393; Ciudad de México, 380; Veracruz, 348; Michoacán, 337; y Sinaloa, 313.
En el tercer grupo está Oaxaca (212), después de Puebla (297), Nuevo León (263) y Morelos (236).
La saña con que se han cometido los crímenes en el estado también contradice el mensaje de paz que se desea construir desde el gobierno estatal. En los últimos 30 días se han registrado tres personas descabezadas, dos en el municipio de San Juan Bautista Tuxtepec –que concentra el 10% de los homicidios dolosos registrados en el país- y una en la ciudad de Oaxaca de Juárez.
El pasado 26 de abril, el cadáver sin cabeza de una mujer fue encontrado en la Cuenca del Papaloapan. La fecha coincidió con la puesta en operación de la Guardia Nacional, que se estrenaría en la región con 200 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y 100 de la Policía Federal.
AMLO debe asumir que ya es presidente
Organizaciones de la sociedad civil, académicos y ciudadanos han prolongado un reclamo hecho al presidente Andrés Manuel López Obrador desde el principio de su gobierno: que asuma que a pesar de que en materia de seguridad pública la anterior administración le dejó “un cochinero”, él es el actual responsable de la conducción del país y como tal debe plantear soluciones eficaces para hacer una limpia que signifique paz y justicia para México.
Hasta ahora, apuntan especialistas, aunque se han enunciado alternativas para comenzar a combatir la criminalidad: desde la disminución de la pobreza, la regulación del uso y venta de drogas como la mariguana, la dignificación del sistema penitenciario nacional y la mejora en la procuración e impartición de justicia, la Cuarta Transformación se encuentra en cero respecto a la elaboración de políticas públicas con las que pueda avanzar en estos objetivos.
El único avance hasta ahora en la implementación del Plan para la Paz y la Seguridad –que López Obrador presentó días antes de su toma de posesión el 1 de diciembre pasado- es la construcción de la Guardia Nacional, un cuerpo de seguridad que jamás fue presentado como una promesa de campaña del tabasqueño y que desconcertó no solo a sus detractores, sino también a sectores de la población que se habían sumado a la oferta de devolver a los cuarteles al Ejército.
Con este cuerpo, ya en funciones López Obrador ha asegurado que en seis meses logrará disminuir los índices de criminalidad en el país.
Su aseveración, aseguran especialistas, es poco confiable. Juan Francisco Torres Landa, secretario del consejo directivo de la organización México Unido Contra la Delincuencia, señala que no solo el compromiso del presidente López Obrador de reducir en seis meses los índices delictivos es una declaración sin sustento, sino que el proyecto de seguridad pública que plantea es un error de continuismo, “es más de lo mismo y por ello los resultados no pueden ser distintos replicando lo que ya vimos que durante 12 años no generó un solo resultado positivo”, expresa.
Lo que sí sorprende, señala, “es que no ha habido congruencia y consistencia entre los pronunciamientos que ha hecho en la época electoral y las decisiones de gobierno, ha habido errores importantes, primero se tendría que reconocer la dimensión del problema, que es una cuestión del presente y no del pasado, el seguir atribuyendo que ésta es una cuestión que proviene de lo que se hizo antes y que esto les otorgue un salvoconducto para no responsabilizarse es una sinrazón, no ayuda”.
Pese a las protestas y las objeciones de la oposición, el pasado 25 de abril, el primer regimiento de la Guardia Civil, con mil efectivos, fue desplegado en Minatitlán, la ciudad veracruzana en la que se plasmó la estampa más violenta de la inseguridad durante el actual sexenio. Seis días antes de que la Guardia se presentara, el 19 de abril un comando armado, aún sin identificarse, asaltó una fiesta en la palapa Los Potros, donde asesinaron a 14 personas, incluido un niño de un año de edad y a varias mujeres mayores de 50 años.
“Estamos en la antesala de una crisis de seguridad y justicia aún mayor que la que tenemos, escenarios como los de Minatitlán se van a replicar justamente porque la percepción que la autoridad está en un grado de desorden tal que no puede no solamente contener, sino que hay condiciones para un abuso creciente por parte de las bandas delincuenciales”, asegura Torres Landa, de México Unido Contra la Delincuencia.
La apuesta por la Guardia Nacional, asegura “es totalmente anacrónica, lo es militarizar la seguridad pública a sabiendas de que ellos habían ofrecido expresamente que las tropas regresarían a los cuarteles porque no eran las mejores herramientas o instrumentos para resolver un problema de seguridad pública, eso lo dijeron ellos, el actual presidente”.
Becas no ayudarán a disminuir inseguridad
Torres Landa señala además que en el resto de los ejes del Plan Nacional de Paz y Seguridad que presentó Andrés Manuel López Obrador aún carecen de una estrategia para su puesta en marcha. Incluso las propuestas que más aceptación han generado entre la opinión pública y los ciudadanos, como la legalización de la mariguana se mantienen marginadas.
El eje 2 del plan “garantizar empleo, educación salud y bienestar” ha avanzado con la puesta en marcha de nuevos programas de asistencia social, no obstante, para Torres Landa la consecuencia inmediata de la entrega de dinero a más personas será generar una base clientelar estable, no disminuir la brecha de desigualdad de ingreso y oportunidades entre los mexicanos.
“Las dádivas, pensar que dar dinero va a alivianar la presión y la desigualdad es engañarse, tenemos ya las experiencias desde Solidaridad hasta Progresa, las diferentes denominaciones que han tenido, ha habido alguna incidencia, pero realmente no atacan el problema, lo que es realmente importante es que tengas una economía boyante, que se mejore la inversión, la certidumbre para que los proyectos generen, para que las fábricas se establezcan, esas son las medidas de fondo que pueden ayudar a disminuir la desigualdad”, asegura.
