Oaxaca, Oax., noviembre 30 de 2018
C. LIC. ENRIQUE PEÑA NIETO,
PRESIDENTE DE MÉXICO
A LA OPINIÓN PÚBLICA:
A LOS MEDIOS DEL INTERIOR DEL PAÍS:
El pasado día primero, Usted señor presidente de México, rindió su VI y último informe de Gobierno, ante un pueblo mexicano no sólo lastimado por la pobreza y la desesperanza; sino además, fustigado por la corrupción gubernamental y el abandono de cualesquier principio del buen gobierno. Las estadísticas de la violencia recrudecida en el país, son simplemente incomparables con el régimen anterior, que fue quien inició una batalla perdida en contra de los cárteles de la droga. Los ilícitos han crecido de manera exponencial, ante un gobierno que ha dado sólo palos de ciego para restituir a los mexicanos, su legítimo derecho a la paz y la vigencia del Estado de Derecho.
Existe la certeza de que se ha gobernado sólo para unos: la casta política en el poder y no para el pueblo de México. El alza en el precio de la gasolina; la pobreza lacerante de millones de mexicanos y la espiral inflacionaria, hacen pensar que su administración fue un rotundo fracaso en materia de equidad para las mayorías. El compás entre ricos y pobres se abrió aún más; las desigualdades y los desequilibrios, ni siquiera se paliaron con ficticios programas contra el hambre que, hoy también lo sabemos, fue el eje de prácticas aberrantes de corrupción. Pese a cifras alegres que se manejaron, en la realidad la pobreza y la corrupción fueron el quid de su gobierno.
Pero existe un factor en el que el gobierno de la República no retrocedió un ápice: la soberbia, la megalomanía y la autocomplacencia. Al menos, los medios de comunicación del interior del país, la prensa escrita principalmente, padecimos un nuevo capítulo de discriminación. Es cierto pues, lo que siempre hemos sostenido: en México, la relación prensa/gobierno no existe. Pese a los discursos políticos, es una ficción. Y nos referimos a la prensa del interior del país, pues cualquier intento de indagar vía Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), los onerosos gastos de imagen, traería consigo una realidad ineluctable: miles de millones de pesos se gastaron en fortalecer los monopolios televisivos y mediáticos, ante una industria periodística nacional que sólo vive de milagro, pero haciendo su trabajo profesional y con verdadera vocación de servicio, cada día.
SEÑOR PRESIDENTE:
Resulta paradójico que en su gobierno se desgarraron las vestiduras para lamentar el asesinato de periodistas en el interior del país, haciendo de su gestión, una de las más cruentas para el ejercicio del periodismo. Sería largo hacer un recuento de los colegas asesinados en Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Sinaloa, Chihuahua y otras entidades del país. Mejor sería preguntarse, ¿cuánto aportó su gobierno en pautas publicitarias o convenios a los medios de los periodistas asesinados? Porque tanto el gobierno federal como los editores, concesionarios o propietarios de medios en todo el país, entendemos que la publicidad oficial no es un ilícito, siempre que esté en el marco del derecho a la información, que se establece en el Artículo 6º., de nuestra Carta Magna.
Las restricciones impuestas por las instancias responsables de su administración en materia de comunicación social e información, dejaron entrever la supina ignorancia de la historia de la Reforma, pues siguieron anclados en esquemas centralistas y no en los de una República federal. He ahí el por qué, los medios del interior del país, en su gobierno, se siguieron viendo de soslayo, en el viejo esquema de que sólo la prensa de la CDMX –que no nacional- es la que vale y no en el entorno de un mundo global, en donde ciertamente la política –que parece ser lo único que interesa- siempre será local. Ignoran que pese a la resistencia a los viejos cartabones autoritarios, la tendencia de las políticas nacionales es de la periferia al centro y no al revés. La muestra está en un país que a cada momento parece naufragar entre la incredulidad y la corrupción galopante; entre el terror y la zozobra.
Nos sorprendemos al censurar y descalificar a actores políticos, como quienes entrarán en funciones con un generoso bono democrático. Ello no obsta para reafirmar que en este régimen, que por fortuna termina, siguieron prevaleciendo los cartabones autoritarios, en donde la ley de la Omertá –o del silencio- fue mejor para el marketing, que hablar de cara a la Nación. Los atentados en contra de la libre expresión, que se agudizaron en su gobierno, fueron fatales y graves. Por fortuna, la pesadilla terminó, que bien puede calificarse como la peor administración de la historia política del país, en la que, haciendo un recuento, jamás hubo la menor atención –o siquiera simulación- para reconocer la importancia de la prensa nacional. Seguiremos pues nuestra lucha de tener el legítimo lugar que nos corresponde en nuestra ficticia democracia, a pesar o en virtud de su cuestionado régimen.
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