Como parte del grupo de Los Pelones, oficiales de la Secretaría de Marina asignados a resguardar la seguridad en el estado de Oaxaca, José Raymundo Tuñón Jáuregui se ha visto involucrado en escándalos de corrupción con sus grupos especiales y es presa de un conflicto marital, en el que se han evidenciado abusos y corrupción en la Secretaría de Seguridad Pública que está a su cargo. En solo dos años, el funcionario, originario de Torreón Coahuila, ha demostrado que no puede ni con la seguridad ni con sus problemas personales
Agencia OMNIAmedia
Los problemas maritales del titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSPO), capitán de fragata José Raymundo Tuñón Jauregui, afectan ya al Gobierno del Estado. Su esposa ha revelado en redes sociales una serie de corruptelas al interior de la institución, que puede llevar al funcionario no sólo al cese, sino a una consignación penal, además de descrédito de la Secretaria de Marina en labores de seguridad.
A los episodios de desencuentro en esta telenovela política, el encargado de la seguridad en el estado ha sido protegido no sólo por su jefe y compañero de arma, el titular del secretariado ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, el teniente de Navío José Manuel Vera Salinas, sino también por el gobernador Alejandro Murat Hinojosa.
Durante un año y cinco meses, el ex agregado naval adjunto en la embajada de México en Estados Unidos vino a truncar una carrera exitosa, a ser incriminado en abusos de poder, a perder su matrimonio y a ser llamado a cuentas sobre su incapacidad ante el embate del crimen organizado y la delincuencia común.
Antes de asumir esta función desde el primero de diciembre de 2016, Tuñón Jáuregui encabezó el staff de planeación y materialización de operación de seguridad y logística en zona de alto impacto de Tamaulipas junto con el capitán José Aniceto Sánchez Saldierna, a quien Alejandro Murat designó como Comisionado de la Policía Estatal. Por su corte a rape total en el gobierno los conocieron como Los Pelones.
La banda de los pelones
Con 31 años de servicio, el oficial naval dijo, al asumir el cargo el 3 de diciembre de 2016, que habría que “enfrentar a la delincuencia organizada en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), principalmente en los focos rojos de la entidad”. Esto, durante la toma de posesión como comandante de la VIII Región Militar, del General Alfonso Duarte Múgica.
Los hechos distaron tanto de su promesa. Durante el 2017, Oaxaca se vio sacudida por varios asesinatos del crimen organizado, pero Tuñón Jáuregui negaba la existencia de dichas organizaciones.
De hecho, ese año fue considerado el más violento en Oaxaca entre los últimos ocho años, según las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Con un total de 919 homicidios dolosos, Oaxaca ocupó el lugar 11 en ese rubro. En promedio se registraron 76.5 muertes violentas al mes y 2.5 por día, un baño de sangre en varias regiones, principalmente en la Cuenca, Istmo, Costa y Valle Centrales.
Pero la policía no sólo demostró su ineficiencia, sino además se vio envuelta en abusos.
El más grave ocurrió a las19:45 horas del viernes 13 de octubre de 2017, cuando los 15 elementos de la policía estatal del grupo especial de la Secretaría de Seguridad Pública, llamado Dirección de Reacción y Alerta Inmediata (DRAI), que dirigía el teniente de infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional, Juan Benito Guzmán Vázquez, irrumpió en el rancho La Engorda, de Loma Bonita, ubicado a la orilla de la carretera federal 147 de Tuxtepec a Palomares, a unos metros de la entrada a la comunidad de Mixtlán.
Según el testimonio del velador y un vídeo de seguridad, los elementos lo sometieron, tras colocarle una toalla mojada en la cabeza y empezaron a preguntarle por armas, para enseguida torturarlo. Los policías se llevaron 46 mil 500 pesos que tenía en el bolsillo de su pantalón de la venta de alimentos para ganado, otros 20 mil pesos que sustrajeron de un cajón, 12 botellas de whisky de 12 años de añejamiento, 12 pares de botas de pieles exóticas, dos reguladores de energía y, por increíble que parezca, tres loros en jaulas.
Con la evidencia del vídeo de una de las cámaras de vídeo, que se hizo viral y alcanzó los noticieros estelares de televisión, la Fiscalía General del Estado procedió contra los miembros de este grupo especial, que seguía las órdenes directas de Tuñón Jauregui. Todos fueron hechos presos e internados en el penal de Santa María Ixcotel, vinculados a proceso como presuntos responsables de los delitos de robo con violencia, abuso de autoridad y allanamiento de morada. Hasta hoy, los policías fueron abandonados a su suerte.
Fue la primera muestra de que los mandos policiacos estarían involucrados en abusos de poder y corrupción.
Durante el proceso penal, se dio a conocer que el comandante de este grupo, el teniente de infantería Juan Benito Guzmán Vázquez, había sido acusado en 2015 por habitantes de Nuevo Laredo de encabezar extorsiones junto con elementos de la Policía Estatal Acreditable y Fuerza Tamaulipas, cuando era coordinador de este grupo y Tuñón Jauregui era el secretario de seguridad pública en ese estado. Al militar lo conocían como El Manotas.
También se supo que en 2014, el mismo Benito Guzmán Vázquez había sido nombrado coordinador de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, en el sexenio del gobernador del PRI, Egidio Torre Cantú.
Por reportes periodísticos de esa entidad, se conoció que un mes después de su nombramiento, el 11 de diciembre de 2014, en distintos puentes de Nuevo Laredo, en el Centro de Emergencias C4 y ocho puntos más de la ciudad fronteriza, aparecieron mantas con la imagen del coordinador, acompañado de un pequeño texto que decía: “BIENVENIDO Juan Benito Guzmán Vázquez, EL QUE SE LLEVA SE AGUANTA!!!!!”.
Diarios de Tamaulipas reportaron que un año más tarde, en el 2015, Juan Benito Guzmán Vázquez fue acusado de robar una camioneta Chevrolet Equinox modelo 2009, en la Privada B-3 en la colonia Infonavit-Fundadores. El jefe policiaco despojó esta unidad y pedía mil dólares para devolverla, por lo que fue denunciado ante la Agencia Sexta del Ministerio Público de Tamaulipas por el delito de extorsión. El teniente Benito nunca fue cesado ni investigado por los delitos que se le imputaron.
Como parte de la estancia de Los Pelones en Tamaulipas, hubo una jornada violenta en Nuevo Laredo ese 2015.
Reportes hemerográficos señalan que el 26 de julio, dos elementos de la Fuerza Tamaulipas murieron y uno más resultó herido de bala, al ser atacados por hombres armados cuando se dirigían hacia Laredo, Texas, a realizar compras en una camioneta nueva Ford Expedition. Era parte del grupo que comandaba Tuñón Jáuregui y pertenecieron a la escolta del extinto general Ricardo Cesar Niño Villarreal, victimado en 2014 en Nuevo León.
A uno de los fallecidos le hallaron 51 mil pesos, cinco mil dólares y tres teléfonos celulares. Al otro, mil 900 dólares. El sobreviviente dijo que estaban francos y que iban a comprar a Estados Unidos, pero nunca pudo acreditar porque llevaban tanto dinero. Este testigo no fue presentado a declarar ante el Ministerio Público del Estado, porque fue concentrado a Ciudad Victoria, en el complejo de la Secretaria de Seguridad Pública Estatal, para evitar fuera interrogado.
Durante ese año, en Nuevo Laredo la ciudadanía denunció públicamente supuestas extorsiones de que eran víctimas por parte de los elementos de la Fuerza Tamaulipas, solapados por el delegado de la Policía Estatal Acreditable y Fuerza Tamaulipas, Néstor Daniel Medina Lugo y su coordinador Juan Benito Guzmán Vásquez.
“No vamos tan mal”
Catorce días después del asalto al rancho de Loma Bonita, el 27 de octubre de 2017, sospechosamente irrumpió un presunto grupo del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por el centro de Loma Bonita.
En vídeos que fueron grabados, editados y difundidos en redes sociales, que esperaban el desfile de seis camionetas presuntamente blindadas y algunas con ametralladoras en el toldo, el grupo de encapuchados Irrumpia la noche al grito de “¡Somos el Cartel de Jalisco Nueva Generación!”, “¡Puro Cartel de Jalisco!”.
Esta incursión armada se realizó horas antes de la inauguración de la segunda Reunión de la Zona Sureste de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública (CNSSP) en Huatulco, encabezada por Alejandro Chanes Ortiz, jefe de la Oficina del Comisionado Nacional de Seguridad Pública (CNS) en representación de Renato Sales Heredia.
La prensa ha recabado opiniones de que la participación del grupo armado no es casual. Hay una coexistencia de la policía y los grupos delincuenciales.
Pese a ello, y en el colmo del cinismo, ante las presiones de la sociedad y de diputados sobre la inseguridad en Oaxaca, el 25 de febrero de este año, el secretario de seguridad publica en Oaxaca afirmó “no vamos tan mal”. Esto, a pesar del hallazgo ese mismo día de un cadáver desmembrado en Cinco Señores y un día después del sádico asesinato del empresario Pedro Francisco Silva Cancino, molido a golpes en su casa de la colonia Reforma.
Lo anterior también a pesar de ejecuciones masivas registradas en ese entonces en San Juan Lachigalla, Tuxtepec, Juchitán, Ixhuatán y Rincón Juárez, Zanatepec y en Ixtaltepec.
La impunidad de los marinos
No obstante lo anterior el capitán José Aniceto Sánchez Saldierna, comisionado de la Policía Estatal, no ha sido investigado ni llamado a cuentas, bajo la protección Tuñón Jáuregui y Manuel Vera Salinas.
Sánchez Saldierna es originario de Aldama, Tamaulipas. Tiene 50 años de edad y es ingeniero hidrógrafo por la Heroica Escuela Naval Militar, de Antón Lizardo, Veracruz y cuenta con un postgrado en Especialidad de Mando Naval en el Centro de Estudios Superiores Navales, que realizó en la Ciudad de México. Es un oficial calificado en paracaidismo, aseguramiento de enervantes, experto en combate, operaciones de alta montaña, zonas desérticas y contra el terrorismo, formado en cursos en Estados Unidos y en las zonas navales en México.
Al igual que Tuñon Jauregui, Sanchez Saldierna ha sido protegido por el teniente José Manuel Vera Salinas, quien asumió el máximo mando en materia de seguridad con el cargo inventado en esta administración del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública.
Vera Salinas llegó a Oaxaca como escolta del entonces candidato a la gubernatura por el PRI, José Murat Casab, de quien fue secretario de seguridad pública en su sexenio. El jefe de escoltas era otro marino, el teniente Manuel Moreno Rivas, quien sería el director de la Policía Ministerial. Ambos fueron acusados por organizaciones sociales de haber causado 26 muertos en el conflicto social en Oaxaca de 2016.
Son los únicos sobrevivientes impunes del conflicto social. Todos los demás jefes policiacos fueron ejecutados o desaparecidos.
Vera Salinas y Moreno Rivas son señalados de crear las “Caravanas de la muerte “, tras el fallido desalojo contra los profesores de la Sección 22, en el zócalo capitalino, el 14 de junio de ese año.
Este grupo actuó a la par de un grupo de choque conformado por porros de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), que atacó a profesores, realizaba disparos de armas de fuego en las noches contra los plantones, que incendió autobuses. Entre ellos estuvieron Marcos Mateo Esteva Cruz, alias “Aladdin”; Alejandro Vázquez Núñez, apodado “El Perro” y Rubén Marmolejo, sobrenombre “El Dragón”, quien fue ejecutado públicamente junto a José María González Porras, “El Güero”, en la explanada de Santo Domingo, el 29 de octubre de 2010.
La entonces procuradora de justicia en el 2006, Lizbeth Caña Cadeza, llamó a estas caravanas como “operativo de limpieza de vialidades”. Reconoció que el grupo parapolicial era integrado por 150 policías ministeriales, 150 preventivos estatales y 100 de la policía municipal de Oaxaca de Juárez.
El operativo contra las barricadas fue ordenado por el ya fallecido Lino Celaya Luria, entonces secretario general de gobierno de Ulises Ruiz Ortiz y por su sucesor Jorge “El Chucky” Franco Vargas, en coordinación con Manuel Moreno Rivas y el coordinador de Seguridad Pública Vialidad y Tránsito, Aristeo López Martínez.
Tras la represión policiaca, en 2006, Alejandro Barrita Ortiz, jefe de la Policía Auxiliar Bancaria Industrial y Comercial (PABIC) y Aristeo López Martínez, ex coordinador de Seguridad de la Policía Municipal de Oaxaca de Juárez, fueron ejecutados el 30 de enero de 2008 y el 23 de enero de 2009, respectivamente. Aristeo López Martínez, ya trabajaba en el área de inteligencia de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI). Versiones periodísticas señalan que llegó a este puesto de la mano de Ardelio Vargas Fosado, jefe de operaciones de la PFP, en la invasión de Oaxaca en 2006.
Al término del mandato de Ulises Ruiz Ortiz y el triunfo del opositor Gabino Cué Monteagudo, José Manuel Vera Salinas, se fue de Oaxaca y reapareció en la península de Yucatán, ocupando el cargo de jefe de la Dirección General de la Policía Preventiva, Tránsito y Bomberos (DGPPTyB) en Cancún Quintana Roo, el 7 diciembre de 2007.
En octubre de 2008 renunció a ese cargo y regresó como director de la Academia de Policía Municipal de Cancún.
También fue asesor del alcalde con licencia de Benito Juárez, Cancún, el perredista Gregorio Sánchez Martínez, quien sería preso en el Penal de Nayarit por presuntos nexos con el narcotráfico.
A mediados de 2010, Vera Salinas fue señalado como el principal operador de una red de espionaje en Cancún, tras ser localizados el 14 de abril de 2010, centros de espionaje donde se monitorean llamadas de teléfonos fijos y mensajes de celulares; en los domicilios ubicados en Supermanzana 57, manzana 6, lote 18, Privada Venezuela, Residencial las Américas, en Cancún, y en el departamento 401 del condominio Xcaret, ubicado en Supermanzana 20, manzana 1, lote 3, edificio B, retorno Jaleb, en la misma demarcación; ahí se encontraron diversos artefactos para la intervención de comunicaciones.
La PGR incautó de 55 discos compactos y analizó el disco duro de una computadora, donde se encontraron 240 archivos de audio con 13 conversaciones telefónicas grabadas. También confiscó 12 grabadoras tipo pluma y un equipo que sirve para intervenir y monitorear conversaciones telefónicas y mensajes de texto. Además, los investigadores descubrieron una camioneta equipada con sistemas de intervención telefónica.
De acuerdo con la averiguación PGR/QROO/CAN/193/2010, Vera Salinas contaba con 11 personas de la dirección de seguridad pública municipal para realizar labores de espionaje, y al ser descubierto desapareció hasta ser nombrado el mayor jefe policiaco con Alejandro Murat.
La esposa incómoda
Lo que más incomoda a Raymundo Tuñón Jauregi no son las críticas en la prensa o el enjuiciamiento de diputados locales, sino las revelaciones hechas por su esposa Gabriela Basilisa Ortiz Aguilar. Ambos son originarios de Torreón, Coahuila, de donde llegaron a Oaxaca al inicio del gobierno de Alejandro Murat, pero sin saber que esto marcaría el final de su relación, con un desenlace que se prevé de escándalo.
Con perfiles sociales desde 2012, en los que aparece con el nombre de Gaby Ortiz de Tuñón, ha hecho pública su relación amorosa y sus desencuentros.
Como una familia unida, en la que aparecen con sus dos hijos, la señora ha subido fotos en la que se veían felices. La foto de perfil familiar era una constante como el 17 de febrero de 2017, en que celebraban 20 años de feliz unión, o el Día de la Familia, el 5 de marzo, como también el cumpleaños del secretario de seguridad pública, el 11 de mayo, que acompañó con la leyenda “Cumpleaños de una de mis personas favoritas». Muy sonrientes aparecen también en el Día del Padre, el 18 de junio.
Todo era miel sobre hojuelas. En la Graduación de Secundaria de su hija, el 22 de junio y la Noche de Graduación, dos días más tarde, precedieron la última feliz unión familiar por el viaje de XV Años de la joven.
Así, la señora Gabriela posteó fotografías de lo que etiquetó #ToriEuropeTour, el 11 de julio, cuando visitó con su hija Londres. Al día siguiente en el famoso Moulin Rouge y el Museo de Louvre, en París, Francia. El 14 publicó fotos en Frankfurt, Alemania y al siguiente día en, Múnich, del mismo país.
Siguieron más fotos de su paso por Salzburgo Austria el día 16 y por Viena el 17. Al otro día reportó gráficas de Liubliana, Eslovenia y el 19 por Venecia, Italia.
El día 20, a través de sus mismas cuentas, su esposa felicitó por su cumpleaños a Tuñón desde La Toscana, en Florencia y el 21 en Assis, del mismo país, famoso por ser el origen de San Francisco. El día 22 se tomó fotos en El Vaticano y en lugares de la ciudad de Roma.
El día 23 todo iba bien. A las 4:39 horas de México y siendo las 11:39 en Italia, dijo optimista: «A disfrutar del solecito en Isla Capri».
Su siguiente comunicación fue cinco horas después, a las 9:21 horas locales. «El colmo del descaro», escribió acompañando la foto del secretario de seguridad pública y la diputada federal Yarith Tannos; él poniendo la mano encima de la de ella, enseñando brochas con las que el gobierno del estado había puesto a realizar tequio a sus funcionarios.
Menos de una hora después, a las 10:09 horas, Gaby recrimina: “La moral perdida”.
Hasta las 5:15 de la tarde y ya medianoche en Italia, la mujer se quejaba de que había sido bloqueada en las cuentas de la Secretaría de Seguridad Pública y que la legisladora era “toda una fichita”, tras comentarios de que había salido con otros funcionarios.
La supuesta infidelidad del funcionario no interrumpió las vacaciones y el 24 de julio, madre e hija realizaron una caminata en Mónaco, donde se quedó al siguiente día a festejar los XV Años, en un restaurante local. El día 25 se fueron madre e hija a Barcelona, España y un día después a Madrid, ya para regresar a México.
Ahí inicia una serie de acusaciones que derivaron en el mal desempeño de la función pública por parte del jefe policiaco. El 28 de julio denunció que fue clonada su cuenta en Facebook, debido a que fue colocada una disculpa pública, en la que supuestamente decía que todo lo que había hecho hasta entonces había sido bajo el influjo de drogas y alcohol.
Por dichos del propio Tuñón, dejó de vivir con su familia. Fue hasta el
16 de noviembre en que su esposa se quejó en las redes por la tardanza en Oaxaca por ejecutar el exhorto 247/2017 dentro del expediente 1910/2017 de procedimiento oral por alimentos y violencia familiar, en contra del secretario. El exhorto lo había demandado desde el 6 de noviembre y que el Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Orden Familiar de Torreón lo había hecho desde el 27 de octubre. “Que ciencia tiene”, reclamaba, “cuando tardan 5 días en promedio”. Y preguntaba si era negligencia o abuso de autoridad del Gobierno de Oaxaca. En defensa, un empleado, Josué Reyes Mora, le contestaba que había mucha carga de trabajo y que esto lo sacaban los empleados de confianza como él, ya que “los de base tuvieron casi un mes de descanso”.
El 18 de noviembre reveló que en julio su familia había recibido ataques de difamación y que ahora la atacaba el “pseudoperiodista” Baltasar (@BaltazarMoroco), un troll creado en agosto de 2017 y que no tenía seguidores (hoy tiene 157). Dicho personaje le señalaba que su hermano Manuel Héctor Ortiz Aguilar usurpaba una profesión en Coahuila, para llegar a ser oficial del Registro Civil en Torreón. Fue el primero de varios bots empleados por el funcionario contra su esposa.
Otro troll, Manuel Otero (@manuel_otero1_1) creado en julio para ser atacada, le recriminaba “que tiene medios hermanos de la edad de sus hijos» Ella le respondió que como la familia Ortiz de la Rosa, Ortiz Barroso y hoy Ortiz Aguilar “somos uno solo”. Se revelaban así datos de la familia de Torreón que nadie, excepto el funcionario, podían saber.
Los ánimos se tranquilizaron, a pesar de que las demandas en contra de Tuñón se dirimía en juzgados de Oaxaca y Coahuila. El. 11 de marzo de este 2018, anunció el apoyo y asesoría legal de Edna Franco, hija del ex procurador de justicia Jorge Franco Vargas y hermana del ex secretario de gobierno de Ulises Ruiz. Con “El Chucky” se sumó el ex presidente municipal de Santa Cruz Amilpas, Miguel Garza Quintana, quien hoy se ostenta como un experto en redes sociales.
El 17 de junio la esposa del marino lo felicitó por el Día del Padre. “Aún cuándo estamos inmersos en diferentes procesos legales, no quiero dejar de felicitar a mi esposo quien me ha dejado lo más bello de la vida». Pero tres días después, se dijo lista para venir de Torreón a “ratificar mi intervención en las carpetas de investigación”. Y colocó la carátula de la demanda la trabajadora de la Secretaria de Seguridad Pública Perla Yaritza Cervantes Delgado en su contra, por amenazas y demás que resulten bajo el número VI 12/VFGZN/2017.
El 21 de junio señaló a esta empleada de la SSPO de haberse coludido con su mamá, la asesora y empleada de Atención Ciudadana de a Gubernatura, Cristina Delgado, para enviar a prisión al fotorreportero Nacxit López, tan solo por tomar fotos de vehículos oficiales que ocupaba a las banquetas de la oficina de gobierno en la calle de Las Rosas, de la colonia Reforma. Esta funcionaria fue despedida por el abuso, pero con su hija Perla Yaritza no pasó nada.
El 26 de junio afirmó que pidió la intervención de la Fiscalía de Torreón para actuar legalmente contra cuentas falsas de Twitter desde las que la atacan.
El primero de septiembre, escaló sus acusaciones al comentar una foto de Twitter en la que aparece José Manuel Vera Salinas y su compadre de éste, Nilson García, a quien un troll acusaba de haberse “hecho millonario al amparo del gobernador Alejandro Murat, cuando éste fue director del Infonavit.
El 27 de septiembre, la señora Ortiz de Tuñón pidió a través de las redes sociales una entrevista con el fiscal Rubén Vasconcelos Méndez para atender las denuncias en su contra.
Hasta el 13 de octubre, involucró a Tuñón en una relación con Mariel López, directora de la Oficina de Convenciones y Visitantes de la Secretaria de Turismo del Gobierno del Estado, a quien saluda y le recuerda: “espero tu respuesta del WhatsApp que te envié. Ojalá y contemos con tu apoyo para terminar con los procesos legales que tenemos con mi esposo. La verdad ya estoy cansada de tanto y tanto. Quedó al pendiente hermosa! Bendiciones Saludos a tu nena Marielita”.
Esto le valió una serie de ataques de los mismos perfiles que apoyan al secretario de seguridad. Le decían que no se vale meterse con una menor de edad, como es la hija de la funcionaria de Convenciones, que ella ha lucrado con despensas para víctimas del sismo en Oaxaca, que ha sacado provecho económico con un supuesto cáncer que padece, que su papá tiene otra familia, que pagaba para mantener espiado a su esposo. La mujer respondió a todos estos trolles. A Constanza (@Constan57917541) y quien se ostenta como “Maestra en Derecho Constitucional”, le dice que un día antes Tuñón Jauregui le había rogado quitarle el recurso de revisión a una sentencia de divorcio incautado, dictada en Altamira, Tamaulipas. “Obvio no”, le señala. Y precisa que vendría la nulidad de esta sentencia.
El 28 de octubre se querelló de una intimidación a su domicilio en Torreón por parte de un actuario de dicho juzgado, y que atendieron sus hijos. En respuesta, ella ventila la relación sentimental de Tuñón con Mariel López y exhibe fotos de ambos, abrazados y saliendo de un gimnasio.
El 30 de octubre publicó la identificación oficial de la jefa de departamento de la Secretaría de Seguridad Pública Yolanda Sáenz Guerrero, a quien supuestamente se le benefició con el nombramiento por ser hermana de otra pareja sentimental de Tuñón, Yaneth Sáenz Guerrero, quien es teniente de corbeta especialista en enfermería, por lo que demandó una auditoría al gobernador.
En franca guerra, el 31 de octubre grabó la conversación con la Oficial Mayor de la SSPO, Rosalba Melgar, quien le informaba que el secretario solo gana 17 mil 280 pesos al mes, luego de la demanda ante un juez de lo familiar para que pague una pensión alimenticia. Este dato va en contra de lo declarado en Transparencia Oaxaca y en su declaración 3de3 del propio Tuñón, en el que afirma percibir 75 mil pesos mensuales.
Ese mismo día, Tuñón fue acusado de espiar en Oaxaca por su esposa. “Siempre lo supe”, señala.
Más activa que en otros meses, el primero de noviembre y a propósito del Día de Muertos, Gaby Ortiz reveló a través de su cuenta de twitter que la SSPO hizo irregularmente un pago excesivo por un seguro de vida al ex jefe de recursos humanos de la dependencia Marcial Torres Castro, quien murió en un accidente de tránsito, pero que hicieron pasar como muerte violenta.
El percance ocurrió a las 04: 25 de la madrugada del martes 25 de julio del 2017 cuando la víctima, de 46 años, manejaba a exceso de velocidad su camioneta marca Nissan, color blanco, con placas de circulación RX4-29-45, sobre la avenida las Etnias, en la capital del estado. Al llegar al cruce con la avenida México 68 volcó de manera aparatosa. Al parecer el conductor no llevaba puesto el cinturón de seguridad.
De esta manera, el 27 de noviembre del 2017 pagaron la cantidad de 805 mil pesos como seguro de vida.
Con imagen de documentos oficiales, la señora de Tuñón señaló que la beneficiaria fue la viuda Sonia Elizabeth Casanova Guillén, quien vive en Reynosa, Tamaulipas, pero causó alta el 18 de agosto de este año en la Coordinación Regional Operativa, dependiente de la Dirección de Recursos Humanos de la SSSPO. Es decir, 24 días después del accidente de su marido.
La mujer afirma que tuvo paciencia para dirimir sus diferencias maritales, pero que al atentar contra su familia, especialmente por una presión a su hija, no lo iba a perdonar jamás.
Apenas el cuatro de noviembre, la señora denunció que en su fase de espía, Tuñón Jáuregui ha recetado o borrado datos de su teléfono en tres ocasiones con el sistema Pegasus que tiene a su disposición. Este programa le sirve para espiar a opositores del gobierno, según acusaciones de organizaciones no gubernamentales.
Una de sus últimas comunicaciones de esta semana la hizo la señora Gabriela Basilisa el día miércoles, cuando le preguntó a Tuñón: “¿Necesitasen respaldo de un estado para confrontar las denuncias y las demandas en tu contra? Esto deja muy en claro esta pregunta: ¿qué le sabes al gobernador Alejandro Murat que te da su respaldo?”
El desenlace de esta trama novelesca, salpicada de corrupción gubernamental, puede ir a los juzgados judiciales, mientras el Gobierno del Estado hace nada ante la ineficiencia y corrupción en el sistema de seguridad pública.
