Agustín Castilla
@agus_castilla
El sábado 10 de enero iniciaron formalmente las precampañas para diputados federales, con lo que arrancó también el bombardeo de millones de spots en radio y televisión y en los próximos días las calles se verán inundadas de propaganda que poco o nada nos dicen de quiénes son o qué proponen los aspirantes a obtener las candidaturas de los distintos partidos.
Las precampañas tienen una duración de 40 días por lo que concluyen el 18 de febrero, el plazo para el registro de candidaturas será del 22 al 29 de marzo y el 5 de abril darán inicio las campañas por un periodo de 60 días para que el 7 de junio se lleve a cabo la jornada electoral.
A las 500 diputaciones federales (300 de mayoría relativa y 200 por el principio de representación proporcional), habrá que sumarle los 1,659 cargos públicos que se disputarán en 17 entidades federativas (9 gubernaturas, 641 diputaciones, 993 alcaldías y 16 jefaturas delegacionales).
Es mucho lo que está en juego y aún con la solidez institucional y experiencia probada del Instituto Nacional Electoral, el panorama es incierto dadas las características particulares y los retos que presentan estas elecciones.
Por primera vez se pondrá en práctica el nuevo modelo electoral que incorpora las candidaturas independientes y la paridad de género, modifica la distribución de competencias y otorga al INE mayores facultades en materia de capacitación, ubicación de casillas y designación de funcionarios, fiscalización, nombramiento y remoción de los consejeros de los órganos locales así como la posibilidad de delegarles atribuciones o asumir la organización de los procesos locales.
Otro aspecto innovador es que ahora será el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el que resuelva, a través de una sala especializada, las quejas o denuncias que se presenten, además de que se establecen nuevas causales de nulidad (exceder el gasto de campaña en un 5%, comprar o adquirir cobertura informativa en radio y televisión, y recibir o utilizar recursos públicos o de procedencia ilícita).
Un elemento preocupante es el clima de inseguridad prevaleciente en el estado de Guerrero y la radicalización de algunos grupos como la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) que buscan impedir la celebración de las elecciones.
A ello hay que agregar el control que tienen los cárteles en diversas zonas del país, lo que rebasa el ámbito de responsabilidad de las autoridades electorales y demanda la intervención coordinada del Gobierno Federal y los gobiernos estatales, para garantizar que los comicios se puedan realizar de manera pacífica.
Tampoco debemos pasar por alto otros dos factores que seguramente tendrán un nivel de incidencia importante, la participación de tres nuevos partidos políticos (Morena, Partido Humanista y Partido Encuentro Social), así como la forma en que la ciudadanía habrá de manifestar su malestar ante la situación económica, los hechos de violencia y la irresponsabilidad y corrupción de la clase política.
Por supuesto no es deseable el escenario de un alto abstencionismo -que por cierto no creo que afecte mucho a quienes abandonan su cargo urgidos de fuero o a los que buscan saltar de una curul a otra (federal a local o viceversa) a pesar de que nunca han presentado una iniciativa seria, defendido una causa o participado en los debates importantes-, pero mucho menos el de la crispación social.
Debemos apostarle a un verdadero ejercicio de evaluación y rendición de cuentas utilizando al voto como la mejor vía para canalizar nuestra inconformidad, generar un contexto de exigencia y elevar la calidad de nuestro sistema democrático.
