Marcada por sospechas de desvío de recursos, la actual legislatura que concluye una gestión de dos años el próximo 13 de septiembre, se redujo a una oficina alterna de la gubernatura para atender y dar trámite a todas las peticiones enviadas desde el Poder Ejecutivo; así con una actitud de sumisión, los diputados salientes entregaron al gobernador Alejandro Murat, el control de todos los órganos autónomos encargados de combatir la corrupción y de impartir justicia en la entidad a cambio de jugosas recompensas
David MÉNDEZ
Sospechas de corrupción, despilfarro de recursos –más de mil 200 millones de pesos en dos años–, tráfico de influencias y conflictos internos entre las bancadas, son algunas de las polémicas por las que pasará a la historia la 63 Legislatura del Congreso del Estado, que culminará el próximo 13 de noviembre.
De la expectativa generada en 2016, en la víspera de su arribo, a la decepción 24 meses después. Es la síntesis de la actual Cámara de Diputados, convertida en Oficialía de Partes del Poder Ejecutivo, al que le cedió el control de prácticamente todos los órganos autónomos encargados de combatir la corrupción y de impartir justicia, mediante la designación de allegados al gobernador Alejandro Murat Hinojosa o al padre de éste, José Murat Casab, entre ellos amigos y ahijados.
Los dos últimos periodos legislativos marcaron, también, la incursión política en el ámbito estatal de Morena, el partido del presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, una fracción que se caracterizó por su sometimiento a la voluntad de la administración en turno. No duró ni un mes el encanto entre aquellos legisladores y el pueblo, pues el primero de diciembre de 2016, su líder, Irineo Molina, traicionó a sus compañeros de bancada al acudir a la toma de protesta del entonces mandatario entrante Murat Hinojosa.
Enriquecidas con presupuestos anuales de hasta 738 millones de pesos, las fracciones parlamentarias, a lo largo de sus dos años en funciones, no llevaron a cabo medidas de presión para obligar al Poder Ejecutivo del Estado a investigar los actos de desvíos de recursos documentados durante el gobierno de Gabino Cué Monteagudo (2010-2016), a quien se le achaca una malversación de 30 mil millones de pesos.
Fue tal el repudio social que causó el contubernio entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo, que los “representantes del pueblo” tuvieron que recurrir en diversos momentos a la votación por cédula, un mecanismo que tiene el objetivo de mantener en secreto la inclinación de los diputados al momento de pronunciarse por alguno de los temas de la agenda.
Entreguismo
Controlado por María de las Nieves García Fernández, vocera de la campaña proselitista de Murat Hinojosa durante el proceso electivo estatal de 2016, el Congreso entregó, en noviembre de 2017, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE) a Guillermo Megchun Velázquez, secretario de Finanzas durante el gobierno de José Murat (1998-2004) y contador mayor de Hacienda del Congreso local, durante la administración de Ulises Ruiz Ortiz.
Megchun, durante los próximos siete años, se hará cargo de vigilar la correcta utilización de los recursos públicos de los que disponga la entidad y que durante los últimos dos años oscilan en alrededor de 200 mil millones de pesos.
Meses antes, en junio de 2017, la Junta de Coordinación Política de la 63 Legislatura, que estaba integrada por María de las Nieves García Fernández, del PRI; Juan Mendoza Reyes, del PAN; Carol Antonio Altamirano, del PRD; Jesús Romero, del PT, e Irineo Espinoza, de Morena, avaló la designación de Jorge Emilio Iruegas Álvarez como titular de la Fiscalía Estatal Especializada en Combate a la Corrupción, quien de acuerdo con una denuncia presentada por el abogado Guillermo González Zavaleta cuenta con el respaldo político del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Raúl Bolaños Cacho Guzmán.
Iruegas Álvarez, según los señalamientos, es ahijado de bautizo del presidente del TSJE, además de que Jorge Alberto Iruegas Valdivieso, padre del actual fiscal, fue director de Administración del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca cuando Raúl Bolaños estuvo al frente por primera vez, durante el gobierno de José Murat Casab, entre 1998 y 2004.
En mayo de 2017, los diputados, luego de recibir la línea de Jucopo, nombraron a Rubén Vasconcelos Méndez, hijo del fallecido cronista de la ciudad, Rubén Vasconcelos Beltrán, como titular de la Fiscalía General del Estado, luego de la renuncia de Héctor Joaquín Carrillo Ruiz.
Por mayoría de votos, los legisladores respaldaron a aquel personaje, a pesar de que mantiene vínculos familiares con Germán Espinoza Santibáñez, quien en ese momento se desempeñaba como presidente estatal del PRI.
Ya en 2018, el 31 de julio, en otra determinación polémica, el Pleno del Poder Legislativo, nuevamente impulsado por el PRI, avaló la desaparición del Consejo de la Judicatura del Estado, una entidad administrativa creada en 2011 que tenía bajo su responsabilidad los recursos públicos del Poder Judicial, la carrera judicial y los procedimientos sancionatorios en contra de jueces y secretarios judiciales sobre los que recayeran acusaciones de corrupción.
Tal resolución se dio en medio de una serie de disputas políticas entre el actual presidente del TSJE y su antecesor, Alfredo Lagunas Martínez; éste último, allegado al ex gobernador Gabino Cué Monteagudo. Ambos buscaban el control financiero del Poder Judicial.
Luego, en agosto, con 29 votos a favor, el Pleno del Poder Legislativo nombró como consejera del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca (IAIP) a María Antonieta Velásquez Chagoya, por un periodo de cinco años, a pesar de que la hoy funcionaria es ahijada de bodas de Alejandro Murat Hinojosa y su esposa, Ivette Morán de Murat.
“El templo de Santo Domingo de Guzmán fue el lugar elegido por María Antonieta Velásquez Chagoya y Gabriel Morales Desales para unir sus vidas en matrimonio y prometerse amor y fidelidad”, reza una nota de sociales que hace referencia al día de la boda que protagonizó en octubre de 2017 la hoy comisionada de transparencia.
“Testigos de su amor fueron sus padres: Carlos Salomón Velásquez Jarquín y Antonieta Chagoya Méndez por parte de ella; Gabriel Morales Ramos y Fidela Desales Rustrían por parte de él; sus padrinos de velación: Alejandro Murat Hinojosa e Ivette Morán de Murat; así como familiares y amistades…”, continúa el relato.
En enero de 2018, la Cámara de Diputados había nombrado como integrante y presidenta del Comité Ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción a María Isabel Chagoya Méndez, tía de María Antonieta Velásquez Chagoya y hermana de la notaria pública número 78, María Antonieta Chagoya Méndez, cuya familia ostenta al menos cuatro fiats.
Cuatro meses después de su nombramiento, funcionarios del gobierno del estado filtraron una serie de documentos en los que se establece que María Isabel Chagoya Méndez pretendía cobrar un sueldo de 116 mil pesos mensuales como titular del Comité de Participación Ciudadana del SEA, a pesar de que aquel se trata de un cargo honorífico.
En abril de 2018, el mismo Congreso local aprobó el nombramiento de Manuel Velasco Alcántara, ex vocero de Alejandro Murat durante su campaña política de 2016 y asesor fiscal del ex gobernador José Murat, como magistrado de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa. Esa instancia es la encargada de castigar los actos graves de corrupción documentados dentro de la administración pública estatal.
De acuerdo con Alberto Aguirre, columnista del diario El Economista, que se edita en la Ciudad de México, en 2014, Velasco Alcántara, licenciado en Derecho egresado de la Universidad Regional del Sureste (URSE), fue apoyado por el grupo político de José Murat para convertirse en presidente del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), pero quedó descalificado al reprobar el examen correspondiente.
Antes, en 2011, según otras citas periodísticas, Alcántara fue considerado como aspirante del PRI a obtener la candidatura federal por el distrito cuatro; ello, sin embargo, no se concretó.
En cuestión legislativa, el Congreso estatal accedió refinanciar la deuda pública del estado de Oaxaca en dos ocasiones, ha respaldado la petición del Ejecutivo para contratar mayores créditos bancarios y avaló extender por 15 años más la vigencia del contrato para prestación de servicios a largo plazo para el diseño, la creación de infraestructura, equipamiento y mantenimiento de la de Ciudad Judicial.
Congreso multimillonario
Al término de la 62 Legislatura (2013-2016), el Congreso del Estado no transparentó la correcta utilización de los 2 mil 27 millones de pesos que recibió durante sus tres años de gestión.
En una revisión a las cuentas públicas respectivas, se estableció que en 2014, la Cámara de Diputados ejerció directamente 619 millones 988 mil pesos; en 2015, 685 millones 866 mil pesos, y en 2016, 721 millones 288 mil pesos; sin embargo, a pesar de ello, al término de la legislatura, la Junta de Coordinación Política afirmó que el Congreso se encontraba en quiebra y sin recursos para el pago de proveedores de servicios elementales como el acarreo de agua y papelería.
Aquella legislatura fue considerada la más improductiva de la historia del estado.
A su arribo, los miembros de la 63 Legislatura se comprometieron a cuatro cosas: investigar el destino que habían tenido los recursos recibidos por sus antecesores y exigir que el gobierno de Gabino Cué fuera sometido a investigaciones penales por los presuntos desvíos de recursos documentados durante su administración; además, ser, desde el primer día de su gestión, una oposición real del gobernador de Oaxaca y, finalmente, dar paso a la austeridad para no repetir el derroche de recursos visto anteriormente.
Dos años después, nada de ello se cumplió. Nunca presionó al Ejecutivo para que agilizara la presentación de recursos penales en contra del gobierno pasado, nunca auditó a la 63 legislatura y nunca funcionó como contrapeso del Poder Ejecutivo.
Mientras se realizaban los nombramientos de los fiscales General y Anticorrupción, avalaban el refinanciamiento de la deuda pública del estado o le permitían a la Secretaría de Finanzas contratar nuevos préstamos bancarios, en 2017, el Congreso de Oaxaca recibió un total de 738 millones 954 mil pesos, 17 millones de pesos más que el último año de la 62 legislatura.
El Poder Ejecutivo realizó a lo largo del periodo “ajustes” presupuestales por un total de 341 millones 657 mil pesos, con lo que el presupuesto de los diputados pasó de 397 millones 297 mil pesos, monto autorizado en el Presupuesto de Egresos, a 738 millones 954 mil pesos; es decir, 17 millones 594 mil pesos por diputado.
“En 2017, 27 congresos locales gastaron mil 340 millones de pesos adicionales a lo presupuestado. El congreso que más gastó por arriba de lo aprobado fue Oaxaca, el cual tuvo un gasto adicional de 88% (342 mdp), monto mayor al Fondo de Reconstrucción de Oaxaca por los sismos de septiembre de 2017”, criticó el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) al dar a conocer su Reporte Legislativo 2018.
No es todo, pues entre enero y junio de este 2018, su presupuesto inicial de 261 millones 239 mil pesos, sufrió modificaciones por 243 millones 899 mil pesos para un gasto total en seis meses de 505 millones 139 mil pesos. A ese paso, el Poder Legislativo, al término de este ejercicio, ya habrá gastado al menos mil millones de pesos, 300 millones de pesos más que la anterior.
