Agencias
El servicio de transporte público enfrenta presunto riesgo de “paro por insolvencia”. Los costos de operatividad e insumos han rebasado los ingresos, aseguran.
El incremento diario de los combustibles, así como de las refacciones que se adquieren en dólares hizo crisis en el último mes, indicó la presidenta de la Sociedad Cooperativa Chóferes del Sur, Alejandra Gómez Candiani.
De acuerdo con un análisis realizado por los transportistas, para tener liquidez, el costo del pasaje debería de establecerse en 13 pesos. La propuesta planteada en la mesa con la Secretaría de Vialidad y Transporte (Sevitra) es de 10 pesos, sin embargo, el encargado del despacho, Alejandro Villanueva López, quien a su vez es socio de Sertexa, planteó un alza de 50 centavos.
Hasta el momento -dijo- lo único certero es que se autorizará el aza pero aún no se establece de cuánto y cuándo será. La próxima reunión esta programada para el martes. “Esperamos que en ésta se definan montos y fechas (…) Si no hay una respuesta que permita solucionar el problema que tenemos de retraso en nuestros proveedores, tendríamos que tomar otras acciones”, declaró.
La empresaria advirtió que no aceptarán el alza de 50 centavos propuesta por la Sevitra. “Es ahí en donde estamos atorados, 50 centavos no nos solucionan el problema. Para salir bien la tarifa debería quedar en 10 pesos, aunque estamos dispuestos a negociar”, expuso.
Gómez Candiani indicó que presentó un estudio de tarifa “elaborado con un método brasileño” en el que arroja que el costo debería de ser 13 pesos. El estudio toma en cuenta el costo de los insumos como el combustible, llantas, refacciones, muelles y aceites, además considera el número de pasajeros, rutas recorridas, kilometrajes y modelos de vehículos. “Nosotros estamos basados en algo real y es algo que se aplica en muchos países y empresas de transporte”, declaró.
Indicó que, si bien como concesionarios tienen que realizar mejoras en las unidades y el servicio se que se presta, también requieren que el gobierno del estado cumpla con su responsabilidad de garantizar seguridad para que las unidades no sean vandalizadas por agrupaciones sociales y sindicales durante sus movilizaciones.
