Su costo estimado será de 127 mil 830 millones de pesos erogados a lo largo de todo el sexenio. El costo anual se estima en 21 mil millones de pesos; su financiamiento sería preponderantemente público, pero se considera participación privada en obras e infraestructura.
El argumento: cambiar el exacerbado centralismo, eficientar trámites de gestión y reactivar economía y empleo en distintas comunidades. La mudanza, según la propuesta, será ordenada y no afectará los derechos de los burócratas.
Sólo el primer año, en el arranque, el gasto total será público y ascenderá a 22 mil 805 millones de pesos debido a que se contemplan estudios de factibilidad, planes y proyectos ejecutivos.
Su costo estimado será de 127 mil 830 millones de pesos erogados a lo largo de todo el sexenio. El costo anual se estima en 21 mil millones de pesos; su financiamiento sería preponderantemente público, pero se considera participación privada en obras e infraestructura.
El argumento: cambiar el exacerbado centralismo, eficientar trámites de gestión y reactivar economía y empleo en distintas comunidades. La mudanza, según la propuesta, será ordenada y no afectará los derechos de los burócratas.
De acuerdo con el Proyecto de Nación 2018-2024 de AMLO, las nuevas tecnologías de comunicación y la interconexión posibilitan los trámites a distancia y hacen viable la descentralización.
Sólo el primer año, en el arranque, el gasto total será público y ascenderá a 22 mil 805 millones de pesos debido a que se contemplan estudios de factibilidad, planes y proyectos ejecutivos.
Dos de las secretarías que iniciarán su traslado inmediato serán la de Educación Pública (SEP), a la capital de Puebla, y la de Energía (Sener), a Villahermosa, Tabasco, por lo que sus titulares, Esteban Moctezuma y Rocío Nahle, ya despacharán ahí desde el 1 de diciembre.
Según el documento, el programa será financiado en coparticipación con el sector privado a través de Fideicomisos para la Inversión en Bienes Raíces (Fibras).
Para echar a andar el proyecto, se prevé un gasto de 250 millones de pesos en estudios sobre las capacidades físicas de las ciudades a fin de calificar su viabilidad y detectar las necesidades de inversión para eficientar su infraestructura.
Se pagarán otros 56 millones de pesos en estudios sociológicos y antropológicos para identificar las problemáticas de la burocracia federal y los requerimientos relacionados con su eventual mudanza.
También se desembolsarán 80 millones de pesos en estudios de mercado inmobiliario, y otros 25 millones para gestionar autorizaciones a nivel local y federal.