Francisco Ángel Villarreal pertenece a una casta del poder en donde la familia y amigos cosechan las ganancias por la cercanía con el gobernador Alejandro Murat Hinojosa. Muchos de ellos han sido cuestionados, acusados, evidenciados por sus abusos, pero en cada cambio de gabinete aparecen con las mejores posiciones dentro de la estructura gubernamental
Agencia OMNIAmedia
Desde su llegada al Instituto Estatal de Educación Pública (IEEPO), el nuevo director general, Francisco Ángel Villarreal se ha caracterizado por el dispendio, colocar a sus incondicionales y encubrir operaciones financieras de su antecesor. Es parte de una red de complicidades entre familiares y amigos que buscan ser una de las opciones de continuidad de poder estatal.
Pese a haber pertenecido primero al equipo de José Murat Casab y luego al de Ulises Ruiz Ortiz, la familia de Ángel Villarreal regresó a sus orígenes y ha sido ampliamente beneficiaría de los cargos del gobierno estatal y su equipo incluido en varios nombramientos, pese a que muchos de ellos han sido cuestionados y denunciados por abusos, robos y otros delitos.
Además, no obstante de contar con un edificio completo a su disposición, en el crucero de la carretera internacional 190 y la carretera al Panteón Jardín, a un costado de la 28 Zona Militar, en Santa Lucía del Camino, el funcionario rentó un lujoso edificio en la colonia Reforma, en cuya calle mantiene una vigilancia de guaruras que ya molesta a los vecinos.
Disfruta de un búnker moderno y lujoso, por el que paga una renta mensual de 50 mil pesos, a cargo del erario, cuando existe un edificio abandonado y a pesar de que el gobierno paga los complejos de Ciudad Administrativa y Ciudad Judicial. El primero, denominado «Benemérito de las Américas», fue inaugurado el 4 de abril del 2008 y pagado el 26 de septiembre de 2016 con un monto total de mil 116 millones de pesos. Se trata de ocho edificios donde laboran más de 4 mil 500 trabajadores.
Por Ciudad Judicial, denominado Complejo Administrativo «Porfirio Díaz», en Reyes Mantecón, se paga desde 2008 la cantidad de mil 867 millones 293 mil 977 pesos y se acabará de pagar hasta el 11 de noviembre 2025. Se trata de 13 edificios en donde, al igual que en Ciudad Administrativa, hay espacios disponibles para el IEEPO.
Pero Francisco Ángel Villarreal optó por nuevas oficinas del IEEPO. Se encuentran en un edificio de tres niveles que pertenece al grupo «Integra, Estrategias Municipales», en Belisario Domínguez 711-A, de la colonia Reforma y había sido inaugurado el 29 de mayo de 2017.
Antes de esta nueva renta, el IEEPO pagaba 53 oficinas alternas, tras el cierre del edificio de la carretera internacional, en mayo de 2016, ante las constantes tomas y cierre de calles por parte de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
El Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) destina para la renta de los 53 inmuebles, más 13 oficinas regionales en el interior del estado, más de 19 millones 200 mil pesos, a los que hay que sumar los 600 mil pesos del búnker del director general del IEEPO.
Un personaje gris
Luego de haber sido legislador en dos ocasiones: como diputado local y diputado federal por el principio de mayoría relativa, Francisco Ángel Villarreal sólo tuvo cargos menores y políticos en los últimos años.
El ocho de abril de 2016 fue nombrado secretario de organización del Comité Directivo Estatal del PRI, luego de fungir como secretario general de la CNOP (sector popular); dirigente estatal del Movimiento Territorial, Urbano y Popular; secretario técnico del Consejo Político Estatal; delegado de ese partido en las regiones del Istmo, Costa, Cuenca del Papaloapan y Mixteca; además de presidente del Comité Municipal del PRI de la capital del estado, desde donde coordinó la campaña de Javier Villacaña Jimenez en las elecciones de 2013.
En la función pública se desempeñó como director general del Instituto Estatal de Vivienda (IVO), del Fidelo (Fideicomiso para el Desarrollo Logístico) y del Idemun (Instituto de Desarrollo Municipal), durante la administración de Ulises Ruiz Ortiz, a quien sirvió durante su sexenio.
El 23 de marzo de 2014, una vez que ya se había cambiado al equipo de José Murat, fue designado por primera vez delegado del Infonavit en el estado de Oaxaca, cargo que repitió y ocupó el año pasado hasta ser nominado director del IEEPO, el 15 de enero de 2018.
El egresado de la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Iberoamericana fue incorporado al equipo de comunicación social de la campaña para gobernador de Alejandro Murat, del 3 de abril al 30 de mayo de 2016.
Sin embargo, Francisco Ángel Villarreal fue visto como una imposición del ex gobernador José Murat, por lo que su equipo fue marginado como uno alterno, ya que la vocería recayó desde entonces en Alfonso Martínez Córdoba, quien fue designado director de Comunicación Social del actual mandatario, desde el inicio del sexenio.
Un coordinador de nada ni nadie
Fue hasta el 4 de diciembre de 2016 en que Ángel Villarreal fue incluido por Alejandro Murat dentro de su gabinete ampliado, al ponerlo al frente de la coordinación de delegados de gobierno en el estado, una estructura que había desaparecido en el gobierno de Gabino Cué y que duplica las funciones de la Secretaria General de Gobierno, donde el gobernante nombró como titular a Alejandro Avilés Álvarez.
Ahí inició una lucha política entre Ángel Maldonado y Avilés Álvarez, que tuvo episodios de encuentros y desencuentros. Aquel se decía pertenecer a la corriente de José Murat Casab, éste a la de Alejandro Murat, tal como le había pasado en la campaña con el vocero.
Las delegaciones de gobierno fueron una cartera sin presupuesto y tendría que depender de la Segego.
El coordinador hizo sus nombramientos, pero no fueron efectivos. Si iban a las regiones tenían que enfrentar a los subsecretarios de gobierno de Alejandro Avilés o tenían que hacerlo por su propia cuenta y gastos.
Francisco tuvo que soportar una afrenta más cuando el 4 de abril de 2017 Avilés hizo sus nombramientos de «representantes» de la Segego, que no eran más que la sustitución anticipada de sus figuras de delegados de gobierno.
“Designé a representantes de la Secretaría General de Gobierno en los distritos de Zimatlán, Sergio Meraz Concha; Matías Romero, Fredy Cabrera Cruz; Loma Bonita, Lorena Villar Amador y en Tuxtepec a Eduardo Loyo Maza”, escribió Avilés en sus redes sociales. “Los exhorto a cumplir sus funciones con el debido compromiso y respeto a la ley”, agregó.
A diferencia de los hipotéticos funcionarios de Francisco Ángel, el secretario de gobierno les adelantó un salario de 20 mil pesos mensuales. Columnistas políticos señalaron que el exhorto que les hizo Avilés fue trabajar para su proyecto político, que era la candidatura al Senado de la República en el 2018.
En Facebook, el político de la Cuenca añadió: “Este martes designé a nuevos representantes de la Secretaría General de Gobierno en los distritos de Ixtlán de Juárez, Juan Carlos Romero Olvera; Santo Domingo Tehuantepec, Enrique Pahul García Sánchez y a José Francisco Pérez López en el distrito de Juchitán”. “A ellos los exhorto a conducirse apegados a la legalidad y justicia”.
En este perverso juego político, el gobernador fue simple observador, hasta que se entrometió el Congreso del Estado, cuando la coordinadora de la fracción parlamentaria del PRI y el presidente de la mesa directiva, María de las Nieves García Fernández y Samuel Gurrión Matías, respectivamente, impulsaron la propuesta de que los administradores fueran nombrados nuevamente por el legislativo y se le quitara esa facultad a la Secretaría General de Gobierno, en ese entonces de Alejandro Avilés Álvarez.
Según las crónicas políticas, lo anterior motivo una reunión del jefe del Ejecutivo con los legisladores. Ambos pertenecían al PRI, ya que meses después Gurrión se volvería independiente y recientemente fue el candidato a la presidencia municipal en la capital por los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC). Se abordó el tema de que la Comisión Permanente de Asuntos Constitucionales existían hasta tres iniciativas del PAN, PRD y Morena, para desaparecer la figura de administrador porque es anticonstitucional. La petición del gobernante fue simple: no volver a abordar más el tema. Y el tema se cerró.
Cae Avilés, asciende Villarreal
Las diferencias entre Villarreal y Avilés fueron definidas como parte de la guerra entre yuppies y yopes en el gobierno, por participantes en las redes sociales. Esta guerra dio un giro de suerte para el primero el 13 de abril de 2017, cuando el poderoso secretario de gobierno fue evidenciado en redes sociales, con un parte de la policía estatal, sobre la utilización del helicóptero del Gobierno del Estado para el traslado de su hijo a sus vacaciones en Puerto Escondido.
Las evidencias fotográficas, en las que se apreciaba a Alejandro Avilés Junior y amigos abordando la aeronave oficial, fue achacada a integrantes del propio gabinete gubernamental. Por eso, a la madrugada del siguiente día, el Gobierno del Estado dio a conocer la renuncia del entonces responsable de la política interna del estado.
En el comunicado, pese a que se trataba de un delito que merecía no sólo el cese, sino además la consignación del funcionario por abuso de autoridad y uso indebido de recursos públicos, «Alejandro Murat Hinojosa aceptó la renuncia de Avilés Álvarez, a quien reconoció por el trabajo realizado al frente de la Secretaría General de Gobierno en estos primeros cuatro meses de su Administración.»
La remoción ya había sido exigida por la dirigencia de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, ya que no había podido concretar la atención a sus demandas en las diferentes mesas de trabajo que habían participado.
El comunicado oficial también anunció la remoción del cargo del Coordinador de Transportes Aéreos del Hangar Oficial del Gobierno, José Álvarez Romo de Vivar, por haber permitido el uso de la aeronave para fines particulares.
Días después, la policía estatal trató de enmendar el caso con otra filtración, aduciendo la transcripción de un supuesto diálogo entre el responsable de la nave y la policía para aducir que esperaban al titular de Segego, para realizar un viaje oficial a la Costa, pero no había podido llegar por causas de fuerza mayor, así que solo transportó a la familia del funcionario.
El Gobierno del Estado ordenó una investigación de la Secretaria de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, como lo comunicó el 17 de abril. «Se ha abierto una investigación, que el mismo ex funcionario aludido solicitó para que se aclaren los hechos», dijo el gobernador Alejandro Murat, quien «dejó claro que seguirá actuando con firmeza y sancionando a todos aquellos funcionarios que cometan excesos en sus encomiendas.»
Todo fue una farsa. Bajo el manto protector del gobierno, el primero de agosto Avilés fue designado delegado de la Secretaria de Desarrollo Social (Sedesol). En la toma de posesión, el entonces Oficial Mayor de la dependencia federal, Rodrigo Nieto, afirmó que el nuevo funcionario no tenía ningún impedimento legal para asumir, ya que fue exonerado por la Contraloría. Sus aspiraciones al Senado continuaban, pero ya fuera de la función estatal. Al final se vería frustrado.
Funcionarios cuestionados y con deudas
Ya sin Avilés, quien lo había acompañado desde su precampaña, el gobernador reforzó la función de Francisco Ángel Villarreal y les tomó protesta a los delegados de gobierno y los coordinadores regionales, el 29 de agosto de 2017, en un evento realizado en uno de los salones del Palacio de Gobierno.
Después de revivir por decreto la coordinación de delegados, que fueron sustituidos por los Módulos de Gobierno con Gabino Cué, Murat Hinojosa intentó justificar la duplicación de funciones: «Les llamo a apuntalar el trabajo que se desarrolla en las ocho regiones de Oaxaca y atender las peticiones de los oaxaqueños, tener mayor eficiencia, hacer un trabajo adecuado de rendición de cuentas, generar gobernabilidad y ejecutar a tiempo las obras de gobierno para evitar la inconformidad ciudadana.»
De esta manera, asumieron funciones el subcoordinador general, José Luis Rangel; en la coordinación regional de gobierno de Papaloapan, en San Juan Bautista Tuxtepec, Gabriel Cué Navarro; en Acatlán de Pérez Figueroa Guillermo Peña Canseco; Loma Bonita, Saraí Larissa León Montero; y San Juan Cortzocón (María Lombardo de Caso), José Luis Albores Gaspar.
En la región de la Cañada, en Teotitlán de Flores Magón, Eduardo Vicente Martínez Bautista, coordinador regional; Ruffo Soriano Díaz, Huautla de Jiménez; San Juan Bautista Cuicatlán, Tonatiuh Curiel Gómez.
En la coordinación regional de gobierno en la Mixteca, en Huajuapan de León, Enrique Camarillo Ramírez; Asunción Nochixtlán, Omar Arellano Cruz; Putla Villa de Guerrero, Pablo Sánchez Carrada; Tlaxiaco, Heriberto Jiménez Vásquez; Santiago Juxtlahuaca, Sergio Lara Ballanes; San Martín Itunyoso, Jesús Martínez Mendoza.
Asimismo a Omar Lara Juárez, como coordinador de la Sierra Norte en Ixtlán de Juárez; Floriberto Vásquez Vásquez, San Pedro y San Pablo Ayutla.
Región del Istmo, Ciudad Ixtepec, coordinador Eduardo Pedro Reyes; Matías Romero Avendaño, Amado Marín Santiago; Salina Cruz, Modesto Pineda Romero; Santo Domingo Tehuantepec, Consuelo Zamudio González; Juchitán de Zaragoza, Pastor Hernández Santiago Santa María Ecatepec (La Reforma Yautepec), Eric Job López Martínez.
También Carlos López Toledo, coordinador regional de los Valles Centrales, en Oaxaca de Juárez; Jesús Guillermo Díaz, en la Delegación Oaxaca Norte; Oaxaca Sur, Julio César Alonso Chávez; Santa Cruz Xoxoxolán, René Vargas Gutiérrez; Santa Lucía del Camino, Belén Morales Bautista; Villa de Etla, Ricardo Federico García Cruz; Tlacolula de Matamoros, Gregorio Israel Jarquín Magno.
En la Sierra Sur, el coordinador regional de Miahutlán de Porfirio Díaz fue José Herrera López; Ejutla de Crespo, Mitzi Joaquina Mauro Ojeda; Zimatlán de Álvarez, Renato Rafael Luis Esperanza.
En la región de la Costa, en San Pedro Mixtepec, Julio César Carballido Ramos; San Pedro Pochutla, Feliciano Cruz Martínez; Santa María Huatulco, Pavel Copka Flores; Santiago Pinotepa Nacional, Pedro Gustavo Cabrera Rivero; Santa Catarina Juquila, Cipriano Eduardo Rodríguez Santiago; Santiago Jamiltepec, Braulio Hernández Ocampo.
Pese al discurso de la equidad de género del gobierno estatal, de los 38 nombramientos, 34 fueron hombres y sólo 4 mujeres. Se trataba de Saraí Larissa León Montero en la delegación de Loma Bonita; Consuelo Zamudio González, en la delegación de Santo Domingo Tehuantepec; Belén Morales Bautista en la delegación de Santa Lucía del Camino, y Mitzi Joaquina Mauro Ojeda, en la delegación de Ejutla de Crespo.
En septiembre, un mes después de ser asumidos los cargos, el PRD los cuestionó. El presidente del Comité Ejecutivo Estatal , Raymundo Carmona Laredo, señaló que esas figuras eran ilegales, al violentar el artículo 115 constitucional, porque se establecen intermediarios entre el gobierno estatal y los ayuntamientos, lo cual además contrarresta la autonomía de los municipios.
Esta estructura, añadió, fue creada para ser usada como trampolín político para el proceso electoral del 2018, y una merma a las arcas estatales.
Y efectivamente los cargos fueron decepcionantes más allá del evento del gobernador. Solo a algunos de estos delegados, subdelegados y coordinadores, el gobierno les pagó tres meses de salario, de los cinco que duraron en el cargo, quedándoles a deber también el aguinaldo de ley.
Según la queja que hicieron algunos de estos funcionarios a la prensa local, en noviembre del año pasado y en enero de este año, dejaron pendiente el pago en diferentes regiones.
Explicaron que el 21 de diciembre de 2017, la Secretaría de Finanzas del gobierno del estado, les informó en Ciudad Administrativa que no tenían contemplados más pagos y muchos menos aguinaldos.
Muchos delegados manifestaron que los cinco meses que prestaron sus servicios no recibieron salario, ningún vehículo, pago de renta de las oficinas, ni pagos a asesores y secretarías ni gasolina para trabajar, y que a pesar de que enteraron del caso al gobernador, no tuvieron alguna respuesta.
Y aún así, muchos de estos mismos servidores públicos fueron cuestionados desde sus nombramientos.
La prensa local dio cuenta de acusaciones, como la del entonces delegado en Santa Cruz Xoxocotlán, René Hernández Gutiérrez, quien fue acusado en el año 2010 por el delito de robo de auto con violencia. El hecho ocurrió en la colonia La Cieneguita, de la Agencia de Cinco Señores, perteneciente al municipio de Oaxaca de Juárez y el presunto responsable es líder local de la CTM, el sector obrero del PRI.
Asimismo, Floriberto Vásquez Vásquez, delegado en San Pedro y San Pablo Ayutla, y quien en el 2010, siendo diputado local por el PRI en los mixes, fue señalado de cometer el presunto delito de violación y secuestro de una adolescente originaria de San Miguel Quetzaltepec Mixes. La acusación fue hecha por la organización Huaxyacac.
En tanto, el coordinador regional del Istmo con cabecera en Ciudad Ixtepec, Eduardo Pedro Reyes, presunto tío del ex gobernador Gabino Cué Monteagudo, fue señalado en el 2013 por rebasar topes de campaña en su candidatura por la presidencia de Ixtepec.
El delegado de gobierno de Matías Romero, Amado Marín Santiago, fue denunciado de que siendo autoridad municipal en Santo Domingo Ingenio, en febrero del 2016, desapareció 6 millones de pesos, que le otorgó la empresa eólica Acciona para la construcción de un Centro de Salud. La queja la interpuso un grupo de trabajadores del ayuntamiento y hasta ahora sigue impune.
En tanto, al delegado en Santiago Juxtlahuaca, Sergio Lara Ballanes, le revivieron las declaraciones que hizo en enero del 2016 de que la designación de Alejandro Murat como candidato a gobernador «fue una decisión equivocada del PRI, con el fin de extender el cacicazgo de José Murat Casab».
La utilidad de estos servidores la evidenció Francisco Ángel Villarreal cuando asumió la titularidad del IEEPO.
