Jorge Villalobos Seáñez / Mensaje Político
Es lamentable que las 10 medidas anunciadas por el presidente Enrique Peña Nieto hace unos días para combatir la inseguridad, no responden a ninguna sensibilidad social del gobierno hacia los ciudadanos, y tampoco se derivan de un estudio realista sobre la situación que impera en todo el país.
Este decálogo, es sólo una reacción desesperada y tardía ante una crisis política que puso en jaque la credibilidad del gobierno federal, así como la gobernabilidad del país, y sólo fueron anunciadas tras un acontecimiento tan desgarrador como la desaparición de 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, un hecho que nos llenó de indignación dentro y fuera de México.
En el delicado tema de la inseguridad en nuestro país -que es motivo de preocupación entre las familias mexicanas- es imprescindible detenernos un momento para analizar el contexto nacional.
Según datos oficiales aportados hace unos días por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), en lo que va de 2014, se han contabilizado mil 228 secuestros. Y si atendemos a los datos de la organización Alto al Secuestro, en este sexenio se han realizado un total de 4 mil 809 plagios.
El SNSP informó, por su parte, que el secuestro aumentó en 12.2%, entre diciembre de 2012 y octubre de 2014, en comparación con los 23 meses finales de la pasada administración federal. En el mismo período, la extorsión también creció un 22.5%. Los estados donde se concentra un mayor índice de estos delitos son: Tamaulipas, Estado de México, Veracruz, Morelos, Michoacán, Guerrero, y el DF.
Sobre homicidios dolosos, de acuerdo con el SNSP, el conteo alcanza los 13 mil 129 asesinatos en 2014. Los robos con violencia aumentaron un 4.49%, al totalizar 155 mil 891 robos con violencia en los primeros diez meses de 2014.
Para agravar este contexto tan preocupante, está el caso de Tlatlaya, en donde aparecieron 22 personas presuntamente ejecutadas por militares y, por supuesto, el de Ayotzinapa, en el cual 43 normalistas fueron desaparecidos -según la versión oficial- por policías y grupos del crimen organizado.
Si toda esta información ha estado disponible para el gobierno federal y para la ciudadanía –a través del propio SNSP – es incomprensible que el gobierno del PRI haya esperado a que ocurriera una tragedia tan lamentable como la de Ayotzinapa para reconocer la gravedad de la situación.
¿Por qué esperaron a que la indignación ante Ayotzinapa recorriera no sólo Guerrero y México, sino todos los rincones del mundo, para iniciar acciones contra la inseguridad? ¿A qué se dedicó el gobierno del PRI los dos primeros años de esta administración para fortalecer la seguridad ciudadana?
Según observamos, estos 24 meses de gobierno federal del PRI han sido desperdiciados en materia de seguridad. Sólo hasta que las presiones nacionales e internacionales subieron de intensidad, poniendo en crisis al gobierno federal, se decidieron a lanzar propuestas por la seguridad de la ciudadanía.
Entre el 1 de diciembre de 2012, y el 27 de noviembre de 2014 en que Peña Nieto anuncia sus 10 medidas de seguridad, el gobierno fue omiso en enfrentar un problema de máximo interés para los mexicanos. Jamás mostró sensibilidad ante la desgracia que viven las miles de familias que se enfrentan a delitos de alto impacto.
Y ahora que se han anunciado estas 10 medidas, observamos que al menos tres de ellas, son propuestas del PAN que el PRI, como oposición, se negó a respaldar en detrimento de la seguridad de todos los mexicanos.
Por ejemplo: la idea de un mando único de 32 policías estatales, que sustituye a las más de mil 800 policías municipales, es una propuesta panista. Sin embargo, el planteamiento del gobierno, de posibilitar la disolución de ayuntamientos en caso de supuestos indicios de colusión entre autoridades y crimen organizado, puede prestarse a excesos del gobierno federal, contra la indefensión de ayuntamientos opositores o incómodos.
Así, esta medida podría prestarse a un uso político de la aplicación de la justicia. De hecho, el esquema de injerencia centralista ya se ha aplicado en Michoacán, donde el comisionado de seguridad, Alfredo Castillo, ha sido señalado ampliamente por actuar como un gobernador de facto, al otorgarse atribuciones no conferidas en la ley, y especialmente porque ningún michoacano votó por él.
A esta situación se suma el riesgo de que con las policías estatales propuestas, la pérdida de autonomía y autodeterminación municipal podría afectar la libertad e independencia de los ayuntamientos, aumentando el poder a los gobernadores con tendencias autoritarias.
Por otro lado, el Sistema Nacional Anticorrupción es un planteamiento de Acción Nacional, que hoy avala y lanza como suyo el gobierno del PRI. Asimismo, la idea de impulsar mejoras salariales, para que los trabajadores cuenten con un salario digno, a la altura de sus verdaderas necesidades, es otra bandera que el PAN impulsó meses atrás.
La implementación de un número único de emergencia –el 911–, por otro lado, es una acción ejecutiva que pudo hacerse desde el inicio de esta administración federal, acompañando dicha medida de una inversión para estructurar un mejor sistema de respuesta ante emergencias.
Otras de las propuestas de seguridad lanzadas por Peña son “refritos” de compromisos no cumplidos de Presidencia que dormían en el limbo:
Por ejemplo, ya se había anunciado la Cédula Única de Identidad al clausurar el «Tercer foro nacional Sumemos Causas», el 25 de septiembre pasado, un día antes del trágico día 26, cuando los normalistas de Ayotzinapa fueron atacados y desaparecidos.
De igual forma, desde el 17 de diciembre de 2012, el presidente Peña prometió fortalecer “el marco legal para atender la desaparición forzada de personas, conforme a estándares internacionales”; esa promesa fue archivada, hasta ahora, tras la tragedia de Ayotzinapa. En esa misma ocasión, hace casi 2 años, el presidente habló de “la instrumentación de una política pública en materia de personas no localizadas, que contemple bases de datos de información genética, protocolos de búsqueda y fuerzas de tarea especializadas”, y que sólo ahora, con las presiones sociales y políticas, se intenta reciclar.
La sexta propuesta de Los Pinos representa el reconocimiento del fracaso de la actuación del comisionado para la seguridad en Michoacán, quien ha presumido el logro de una entidad pacificada y sin crimen organizado. Sin embargo, la sexta propuesta de Peña implica la realización de un “Operativo especial” en Tierra Caliente, con “despliegue de Fuerzas Federales” en municipios de Michoacán y Guerrero, por lo que se infiere que trabajo del comisionado Castillo no ha sido tan exitoso, por lo que ahora se requiere un nuevo operativo conjunto en la región supuestamente “pacificada”.
El anuncio de estos Operativos Especiales evidencia también -por primera vez en dos años- que la inseguridad está apoderada de Tamaulipas y Jalisco, dos entidades gobernadas por el PRI.
Ante este escenario de caos y omisiones del gobierno federal, en Acción Nacional hoy vemos cómo el clamor social nos obliga a buscar caminos hacia la verdad, la justicia, y la paz, y nosotros queremos ser parte activa del diálogo para encontrar y concretar las acciones de corto, mediano y largo plazo que canalicen el descontento de las calles hacia acciones y propuestas que empujen las transformaciones necesarias para, desde esta crisis que a todos nos duele, construir un México mucho mejor del que tenemos.
