En México, es necesario desarrollar un programa nacional de prohibición y reducción creciente de plaguicidas altamente peligrosos y de promoción de alternativas agroecológicas, sobre todo en los cultivos donde estén ya probadas y cerca de poblaciones vulnerables y ecosistemas sensibles, consideró Fernando Bejarano, director de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas en México (RAPAM).
Expuso que es necesario que haya un cambio profundo de la política neoliberal regulatoria, seguida por los gobiernos en las últimas décadas por parte de las autoridades de salud, ambiente y agricultura en nuestro país.
Con motivo de la publicación del informe Los plaguicidas altamente peligrosos en México, coordinado por la RAPAM, Bejarano añadió que se requiere poner en el centro de la política sobre plaguicidas y control de plagas la dignidad humana de los trabajadores y trabajadoras expuestos, así como de las comunidades y los consumidores, más que la protección de las ganancias y mercancías de poderosas empresas.
El coordinador del estudio de la RAPAM destacó que el informe detalla algunas recomendaciones a corto y largo plazos que las autoridades del próximo gobierno deberían considerar, tomando en cuenta las evidencias de los daños que han causado y aplicando el principio precautorio en los casos de controversia.
La RAPAM indica que en México se autorizan por parte de la Comisión Federal de Protección a Riesgos Sanitarios (Cofepris), 140 ingredientes activos de plaguicidas en miles de productos comerciales que están prohibidos en otros países, como los insecticidas paratión metílico, carbofurán y metamidofós.
Además de que están autorizados 183 ingredientes activos clasificados como altamente peligrosos por diversos organismos internacionales (en la lista de la Red Internacional de Plaguicidas), por sus efectos a corto y largo plazos, incluyendo 43 plaguicidas que son probables causantes de cáncer en humanos como el herbicida glifosato, y 35 alteradores hormonales como el insecticida clorpirifos etil, autorizado para uso agrícola, doméstico, urbano y pecuario; todo ello, beneficiando a empresas trasnacionales y nacionales.
El informe tiene un capítulo dedicado a los derechos humanos y los plaguicidas, escrito por las abogadas Victoria Beltrán, consultora, y María Colín, asesora legal de Greenpeace México.
En nuestro país hay una pésima gestión de estas sustancias. Entre los principales problemas están la ausencia de una definición de plaguicidas altamente peligrosos y de políticas que establezcan que por sus daños severos deben ser retirados del mercado, declaró María Colín.
Denunció su uso desmedido, deficiencias en su etiquetado, malas prácticas empresariales, excesiva confidencialidad, falta de transparencia y de generación de cifras y estadísticas en la materia.
También dijo que falta monitoreo y vigilancia, así como la ausencia del desarrollo de alternativas al uso de plaguicidas, junto a un sistema perverso de subsidios que apoyan su uso continuo por agricultores.
