En los últimos 17 meses han sido asesinadas en Oaxaca 168 mujeres; lejos de investigar los hechos, la Fiscalía General del Estado, a cargo de Rubén Vasconcelos Méndez, no sólo ha entorpecido las indagatorias ha disminuido la capacidad institucional para investigar crímenes y ha creado instituciones unificadas, sin atribuciones ni presupuesto como la Secretaría de la Mujer, incapaz de dar acompañamiento a las víctimas, pero lo más grave es que eliminó la subprocuraduría para la Atención de Delitos contra la Mujer por Razones de Género, creada en 2011, y la convirtió en una unidad de investigación, cuya zona de acción se limita a la zona metropolitana de la ciudad de Oaxaca
Alonso PÉREZ AVENDAÑO
La Fiscalía General del Estado de Oaxaca a cargo de Rubén Vasconcelos Méndez pretende maquillar la crisis de violencia de género que se vive en la entidad, donde hasta el 60% de los casos queda sin investigar. En su intento de negar la realidad la ha acompañado el gobierno de Alejandro Murat Hinojosa, que ha ocultado de la esfera de la sociedad civil los procesos legislativos y de acción que pretenden frenar la violencia de género, ha disminuido la capacidad institucional para investigar crímenes y ha creado instituciones nulificadas, sin atribuciones ni presupuesto como la Secretaría de la Mujer, incapaz de dar acompañamiento a las víctimas.
Desde el regreso del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al Gobierno del Estado han sido asesinadas 168 mujeres. En 17 meses la cifra de asesinatos de esta administración equivale al 31% de la registrada en el gobierno de Gabino Cué Monteagudo, que sumó 527 casos. Aunque se pensaba difícil que las cosas se hicieran peor que en el anterior sexenio, en éste los retrocesos son claros.
La Fiscalía no solamente ha continuado entorpeciendo la investigación de los casos -de los 40 asesinatos violentos de mujeres registrados durante 2018, solo tres han sido reconocidos como feminicidios-, sino que eliminó la subprocuraduría para la Atención de Delitos contra la Mujer por Razones de Género, creada en 2011, y la convirtió en una unidad de investigación, cuya zona de acción se limita a la zona metropolitana de la ciudad de Oaxaca.
“El retroceso que hay a partir de que Rubén está en la Fiscalía es que nombró a gente que no tiene idea de perspectiva de género y mucho menos de feminicidio, ha colocado la actuación de la Fiscalía en estar maquillando, en estar desestimando el tema y negar permanentemente la existencia de los feminicidios, ese es un error porque si niegas una realidad entonces cómo le entras frontalmente a la erradicación o a la prevención, si dices que no pasa entonces no haces nada, si asumes que pasa algo entonces te metes a revisar la actuación de fiscales, de agentes estatales, productividad, pero si no lo asumes”, señala Yéssica Sánchez Maya, directora de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, una de las organizaciones que ha documentado y denunciado la alarmante cifra de asesinatos de mujeres en el estado.
Fallas elementales
El problema para atender los feminicidios comienza desde la negativa del gobierno estatal a cumplir con una labor elemental: saber cuántos casos hay en el estado, dónde ocurrieron, las probables causas, así como datos del presunto asesino. Generar información y hacerla pública. El artículo 46 de la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia de género mandata a la secretaría del Consejo Estatal para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia de Género contra las Mujeres, representada por la Secretaría General de Gobierno, a administrar y sistematizar los instrumentos de información del Sistema, así como requerir y recabar de las instituciones estatales y municipales, públicas y privadas, los datos relativos a casos de violencia en contra de las mujeres.
El 18 de mayo de 2017 al presidir la sesión extraordinaria del Consejo Estatal, con la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Lorena Cruz Sánchez, el gobernador Alejandro Murat se comprometió a crear un Sistema Único de Información de Género, con el que “Oaxaca será la primera entidad que contará con esta herramienta tecnológica para documentar, registrar y dar seguimiento a los casos de violencia de género”. A casi un año de ese compromiso aún no se han presentado avances.
Ese día el gobernador también ofreció crear un modelo único de prevención que permita, a través de la educación, desalentar las expresiones de violencia desde todas las trincheras; un modelo único de atención para la “reconstrucción del proyecto de vida” de las víctimas. Tampoco hay avances.
Para la representante de Consorcio Oaxaca, el sistema estatal “lejos de garantizar el acceso a la justicia pone en entredicho a la mujer, a su defensa, en muchos casos para nosotros es complicado porque si quieres tener información cuantitativa, no la hay, quieres información sobre los presupuestos etiquetados, tampoco la hay, cómo se ejecutan los recursos, tampoco se sabe”.
De igual forma, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) ha señalado que en Oaxaca aunque el tipo penal de feminicidio está homologado con la legislación federal, el protocolo de investigación implementado por la Fiscalía General no incorpora la perspectiva de género para acreditar los homicidios por razones de género.
El informe Implementación del tipo penal del feminicidio en México señala que debido a esta situación la Fiscalía creará “líneas de investigación incorrectas”, que evitarán que el delito se acredite como homicidio por razón de género.
El protocolo “no cumple con uno de los estándares señalados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que menciona la importancia de la investigación del contexto en el que ocurren las muertes violentas de las mujeres”.
60% de los casos no se investiga
El Observatorio Ciudadano Nacional solicitó información a la Fiscalía Estatal, que reportó que de 2014 a junio de 2017 se registraron 385 asesinatos de mujeres, de los cuales 256 fueron investigados como feminicidios, el 66%.
De igual forma, la Fiscalía reportó que en 60% de los casos registrados se desconoce al victimario, lo que “evidencia un grave problema de violencia comunitaria, lo que deriva en investigaciones más complejas, por lo que el desconocimiento del victimario significa que el caso no se está investigando y se convierte en un campo fértil para la impunidad”.
De acuerdo con la información proporcionada por la FGJEO, de los 256 casos reconocidos como feminicidios siete eran menores de 10 años; 36 tenían entre 11 y 20 años; 48, entre 21 y 30; 54, entre 31 y 40 años; 46 de 41 a 50; 58 mujeres eran mayores de 50 años, y en tres casos, la autoridad desconocía la edad de las víctimas.
La autoridad informó que 41 mujeres tenían una relación de pareja, cinco eran familiares de la víctima, una mujer fue asesinada por un conocido; en 152 casos el victimario era un desconocido, en cuatro casos no había ningún tipo de relación y en 53 casos la autoridad desconoce la relación de la víctima con el victimario.
Consorcio Oaxaca refirió al Observatorio que en el estado existan varios casos de asesinatos violentos de mujeres clasificados como homicidios y que debieran ser reclasificados como feminicidios.
“Aunque todo asesinato de una mujer debe investigarse como feminicidio, lo que hacen es desestimarlo por miedo al costo político, es un tema de que quieren tapar el sol con un dedo cuando hay una realidad lacerante por el incremento de asesinatos contra mujeres que tendrían que ser calificados como feminicidios”, señala Sánchez.
En la Fiscalía, dice, hay muy poca voluntad para colaborar con organizaciones defensoras de derechos humanos que asesoran a víctimas de violencia, “solamente son reunionitis, sin avances, hacia las víctimas realmente no hay el mínimo interés del fiscal de avanzar en ningún caso, de verdad, la indiferencia es la práctica institucional, de negligencia, no les interesa, las víctimas están esperando tres o cuatro horas a que se les atienda en oficina de Fiscalía y luego les repiten lo mismo, no hay eficacia en su actuaciones en contra de la violencia contra la mujer”.
Más deficiencias
A las fallas de la Fiscalía se suma el Poder Judicial, que carece de jueces capaces de juzgar con perspectiva de género. A las víctimas, señala la directora de Consorcio, “no les creen, la mujer es sospechosa de su hacer y entonces ella tuvo la culpa, lleva a que quienes lo acompañamos tengamos que abrir un litigio contra el propio Estado para que crea, genere una acción afirmativa para el acceso a las mujeres.
“Se tiene que acreditar que existe violación, que existe acoso laboral, porque no les alcanza con la concepción machista que tienen para generar acciones que abonen al acceso a la justicia, son obstáculos que se van marcando y muchas mujeres a partir de eso deciden no denunciar, dicen ‘es muy desgastante, ya me corrieron de la escuela, me pusieron a disposición, me quitaron el trabajo”.
Secretaría de la Mujer,
nulificada; DDHPO, omisa
En 2016, el último año de existencia del Instituto de la Mujer Oaxaqueña su presupuesto fue de siete millones 645 mil pesos y para 2018, convertida en Secretaría de la Mujer, sus recursos aumentaron a 17 millones 166 mil pesos. Aun con 10 millones de pesos más, no ha desempeñado un papel determinante para apoyar a víctimas.
“El problema es que está improvisada, Alejandro solo por un tema de rating mediático decide dar un salto del Instituto de la Mujer a una secretaría, revisamos las atribuciones y no alcanza, es claramente una simulación la política de género de Alejandro Murat, qué le puedes pedir a una institución que solamente es de membrete, que no tiene presupuesto, que improvisa a sus secretarios, llevan tres titulares y ha ido en decadencia, alguien que piensa que está en la secretaría de Turismo, tomándose fotos permanentemente”.
La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) tampoco ha sido una aliada en la lucha contra la violencia de género y los feminicidios. “Tiene en la legislación aprobada una defensoría especializada para la atención de derechos humanos de las mujeres, pero es una persona, no tiene presupuesto, no emite alertas por personas desaparecidas, no dice nada por los feminicidios, anda en otro carril”, agrega.
-¿Oaxaca es un estado violento?
-Oaxaca es una expresión muy precisa de todo el tema de impunidad y permisibilidad del Estado a la violencia contra las mujeres y que se descuidó mucha parte de la seguridad por parte de Seguridad Pública y de la Fiscalía, eso ha desencadenado en que haya un incremento de violencia. Es diferente a decir Oaxaca es violento, hay un alto grado de violencia generalizado, imputable al Estado, no hacen investigaciones efectivas.
Yo lo que creo es que tenemos un Oaxaca abandonado por parte de quienes tendrían que haber garantizado seguridad y justicia y no impunidad. Sin presupuesto, sin sanciones a los funcionarios corruptos, reciclando gente que quedó documentada en diversos sexenios como asesinos, como corruptos y que están de regreso, como quienes operan el tema de seguridad. El que Oaxaca esté atravesando por una etapa de incremento de la violencia generalizada es responsabilidad exclusiva de Alejandro, Tuñón y de Rubén, no hay mucho más que buscarle.
