EDITORIAL
A casi dos semanas de haberse dado el sismo de 7.2 grados que devastó algunas poblaciones de la costa oaxaqueña, como Santiago Jamiltepec, Pinotepa Nacional, Huaxpaltepec, San José del Progreso y otras, siguen las contradicciones y los señalamientos; las investigaciones y las pesquisas, en torno al accidente mortal que generó el desplome del helicóptero Black Hawk de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM), por la noche del viernes 16 de febrero, lo que provocó la muerte de 13 personas y heridas a 15 más. Sin duda alguna, las autoridades responsables, presumiblemente la Procuraduría General de la República (PGR) y tal vez instancias militares, deben agilizar las pesquisas a fin de dar una satisfacción a los familiares de las personas fallecidas, así como a las autoridades y habitantes de Santiago Jamiltepec, en donde se dio el fatal accidente.
Para tranquilidad del gobierno de Alejandro Murat Hinojosa, desde el sábado 17 de este mes, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), General Salvador Cienfuegos Zepeda, asumió la responsabilidad del siniestro que propició la aeronave y afirmó que se indemnizará a los deudos de las personas fallecidas. De hecho, la SEDENA ya inició la construcción de casas de los familiares de las víctimas. En tanto, autoridades estatales y federales de Protección Civil, están documentando los daños ocasionados por el sismo y los cientos de réplicas que se han presentando desde el día 16. Desde el fin de semana pasado, se han documentado más de seis mil casas destruidas. Por lo pronto, la Secretaría de Gobernación (SEGOB), declaró hace unos días a 22 municipios en situación de emergencia, lo que los hace susceptibles de recibir el apoyo del FONDEN.
Hay que reconocer que la lección de septiembre en el Istmo de Tehuantepec, evitará que se sigan cometiendo errores similares ahora en la Costa. Por lo pronto, se montó un operativo policíaco en las carreteras que conducen a la costa para evitar el pillaje y la rapiña con la ayuda solidaria que llegue a la zona del siniestro. El gobierno estatal, debería designar una comisión responsable que, desde el momento del sismo, debe capitalizar la ayuda gubernamental y el apoyo social, para evitar dispersión, en donde haya muchos generales. Habrá que evitar asimismo, el protagonismo político de diversos actores que, con miras al proceso electoral que se llevará a cabo el primero de julio, querrán llevar agua a su molino. No son tiempos de pillaje político, mucho menos de solapar a buitres que se quieran investir de gloria, para obtener ventajas político-electorales.
Lo ocurrido en el Istmo en el mes de septiembre, definitivamente no debe ocurrir más en la zona afectada por el siniestro que nos ocupa. Es necesario evitar los actos de corrupción, el tráfico de influencias, las complicidades y los negocios. Las tareas de la reconstrucción deben ser asignadas a empresas constructoras locales, que siguen esperando las bondades del actual gobierno y otorgar los apoyos de la Federación a los damnificados, de manera directa y sin intermediarios. Que no ocurra lo que pasó en el Istmo, en donde hubo fraudes hasta con las tarjetas de BANSEFI que se otorgaron a los afectados. Hay que entender que existe desconfianza en la ciudadanía; que al final del día cada quien se habrá de rascar con sus propias uñas y que, aunque los gobiernos federal y estatal asuman la responsabilidad de la reconstrucción, sólo la voluntad de los pueblos afectados hará posible que todo vuelva a la normalidad. Lo demás son sólo cuentos chinos.
