Más que combatir al crimen organizado, la nueva legislación aprobada en diciembre pasado es un arma que será utilizada por el Estado para fortalecer las políticas capitalistas en México. En un entorno en el que los poderes Legislativo y Ejecutivo buscan concretar la entrega de la riqueza natural del país a manos extranjeras, la militarización es la opción con la que el gobierno pretende contener el repudio y la protesta social, considera el sociólogo Porfirio Santibáñez
David Méndez
En la sesión del pasado 15 de diciembre, el Senado de la República no sólo terminó de aprobar la Ley de Seguridad Interior, que legitima la intervención de las fuerzas armadas en labores de Seguridad Pública, sino que firmó un nuevo baño de sangre en México, una “guerra no declarada” contra la sociedad que se traducirá en centenas o miles de muertos, sentenció el sociólogo e investigador oaxaqueño Porfirio Santibáñez Orozco, en entrevista con Real Politik.
Legalizar la presencia del Ejército y la Marina en las calles es un plan similar al implementado en la década de los 70 por el gobierno de Luis Echeverría, cuando soldados y grupos paramilitares recibieron órdenes de exterminar a las guerrillas, lideradas por personajes como Genaro Vázquez Rojas, Lucio Cabañas y Arturo Gámiz, entre otros, consideró el también escritor.
Además, criticó que la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, que se espera que en próximas semanas, como último filtro, sea analizada y debatida en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), termina de evidenciar dos factores, ahora inocultables: la traición de la clase política a su pueblo –a través de la promoción de ordenamientos nocivos que han sido repudiados por todos los sectores– y la entrega del país a los intereses de Estados Unidos, en acciones antipatrióticas que han hecho a un lado la soberanía nacional.
El Estado mexicano pretende utilizar a la milicia como un “aparato para matar”, para acallar las voces disidentes que cuestionen o se opongan a las determinaciones del sistema neoliberal, lo que dará pie a un sinfín de abusos y de impunidad, reiteró.
“Entrenados para matar”
“La dinámica que trae el Estado mexicano de permitir que el sector militar se encargue del control social está destinado al fracaso. Hay un ingrediente básico que es el siguiente: este sector (el militar) está entrenado para matar, para hacer guerra; no está entrenado para vigilar y permitir que los órganos de justicia hagan lo que tengan que hacer.
“Lo que va a hacer esta ley es abrir el cauce para que haya una guerra no declarada del sector militar contra la población y ahí la cadena de abusos, de impunidad, de situaciones que se van a dar (y) eso es lo que va a permitir que, en los hechos quede en una ley inoperante.
–¿Diputados y senadores son conscientes de lo que han hecho, lo que han aprobado, con esa ley?
–Ese mismo aparato para matar, cuando ese aparato de violencia se vuelva en contra de la propia clase política, entonces es cuando van a ver lo que aprobaron
–¿Usted cree que pase eso, que los militares se vuelvan contra la clase política?
–Son las dinámicas que hemos visto en los últimos 50 años en México; un ejemplo, los movimientos sociales de los 60 no (encuentran una) solución, se radicalizan, se van a la guerrilla y, entonces, (el gobierno) saca organismos de inteligencia entrenados para matar, para acabar con ellos: la Brigada Blanca, el Sistema Militar de Inteligencia (y) asesores estadounidenses.
>Les dan carta blanca para que hagan lo que quieran y éstos matan, secuestran, desaparecen y violan. Cuando acabó con la guerrilla, esta máquina de matar empezó a actuar en contra de la propia clase política, empezó los secuestros de personajes, empezó las atrocidades. A la hermana del presidente, Margarita López Portillo, intentaron secuestrarla; entonces, dijeron (los políticos), bueno, ¿qué está pasando?, tenemos que acabar con ellos.
–¿Como sucede con el narcotráfico?
–Están creando un aparato entrenado para matar, que va a atentar primero contra la sociedad, de acuerdo, pero ¿qué va a hacer cuando tenga a la sociedad sofocada?, se va a ir contra ellos; el Estado crea sus propios monstruos y después los tiene que destrozar, esa es la dinámica que hemos estado viendo en los últimos 50 años.
–El problema es que esto va a causar el derramamiento de mucha sangre, reviró Real Politik.
— Claro, claro, va a haber muchas víctimas, va a haber mucha impunidad, mucha violencia. Lo lamentable es que en eso se van a perder vidas muy valiosas, va a haber un periodo de inestabilidad.
–¿Aprobaron un baño de sangre?
Eso fue lo que hicieron; en realidad, eso fue lo que hicieron.
Antecedentes
La Brigada Especial, como se le llamó oficialmente a la Brigada Blanca, integró en junio de 1976 un grupo con 240 elementos, entre policías capitalinos y mexiquenses; militares y personal de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), así como de la Policía Judicial Federal, para “investigar y localizar por todos los medios a los miembros de la llamada Liga Comunista 23 de Septiembre, de acuerdo con el diario La Jornada.
La orden era limitar las actividades de la liga y “detener” a los guerrilleros que actuaban en el Valle de México, según documentos obtenidos de la Procuraduría General de la República (PGR), que son el respaldo de las investigaciones que aún se realizan en torno a hechos sucedidos durante la llamada Guerra Sucia.
Aunque la Brigada Blanca se formó en 1972 y operó en Guerrero, Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León, Jalisco, Puebla y Morelos, fue hasta junio de 1976 cuando el gobierno de Luis Echeverría decidió que se integrara un grupo especial que actuara en la Ciudad de México, y en el que los mandos estaban en manos del coronel Francisco Quiroz Hermosillo, el capitán Luis de la Barreda Moreno y Miguel Nazar Haro.
En los años 60 y 70, en México actuaban más de 25 distintas organizaciones guerrilleras, entre ellas el Movimiento de Acción Revolucionaria (MAR), las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo, el Frente Urbano Zapatista y la Federación de Estudiantes Revolucionarios. La Liga Comunista 23 de Septiembre surgió de la unión del Frente Estudiantil Revolucionario, los Enfermos de Sinaloa, el Comando Lacandones, Los Guajiros y miembros del MAR.
Hasta la fecha se desconoce el número exacto de activistas y guerrilleros que fueron asesinados o desaparecidos durante la Guerra Sucia.
Militarización
La Ley de Seguridad Interior forma parte de un paquete de leyes que, de acuerdo con Porfirio Santibáñez y otros especialistas, tienen el objetivo de allanar el camino para fortalecer el régimen capitalista en México.
Con el pretexto de dar certeza a la intervención del Ejército y la Marina en la lucha contra el narcotráfico, el Congreso de la Unión terminó de aprobar el dictamen el pasado 15 de diciembre; sin embargo, debido a la inconformidad de asociaciones civiles, los partidos Morena, PRD y PT, organismos internacionales e instituciones académicas, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, difirió la promulgación hasta que la SCJN determine si el nuevo precepto es anticonstitucional.
Al margen de las críticas por la mala redacción de la ley y la poca precisión en los términos que utiliza, los artículos que mayores suspicacias causaron son los siguientes: En el artículo 11, se establece que el Presidente de la República podrá ordenar por sí o a petición de las legislaturas de las Entidades Federativas, la intervención de la Federación para la realización e implementación de Acciones de Seguridad Interior; es decir, una intervención del Ejército y la Marina en zonas de conflicto cuando se identifiquen Amenazas a la Seguridad Interior, que “comprometan o superen las capacidades efectivas de las autoridades competentes para atenderla”, o se identifique “la falta o insuficiente colaboración de las entidades federativas y municipios en la preservación de la Seguridad Nacional”. No se pormenoriza qué tipo de escenarios entran en ese supuesto.
Luego, en el artículo 16, se establece que “en aquellos casos en que las amenazas representen un grave peligro a la integridad de las personas o el funcionamiento de las instituciones fundamentales de gobierno”, el Presidente de la República, “bajo su estricta responsabilidad”, podrá ordenar acciones inmediatas de las Fuerzas Armadas.
Asimismo, el artículo 8 indica que “las movilizaciones de protesta social o las que tengan un motivo político-electoral que se realicen “pacíficamente de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, bajo ninguna circunstancia serán consideradas como Amenazas a la Seguridad Interior, ni podrán ser materia de declaratoria de protección a la seguridad interior”.
En ese punto, queda de manifiesto que las protestas que se radicalicen y salgan del contexto constitucional, como el conflicto político de Oaxaca en 2006 o los bloqueos magisteriales de 2016, podrán, entonces, ser combatidas por las fuerzas militares.
Al respecto, Santibáñez opinó que el combate al crimen organizado fue la coyuntura para subir al debate nacional la creación de aquel ordenamiento; no obstante, éste tiene un trasfondo más político.
–Tenemos que reconocer que hay un modelo imperial, que es el modelo de Estados Unidos y que es el que va dictando algunas políticas de alcance global y que tienen dificultad al implementarse en el plano local.
La entrega de México
El sociólogo se refiere al sistema político y económico neoliberal, ideado por el economista austriaco Friedrich von Hayek e implantado en la Unión Americana por Milton Friedman.
Este sistema se basa en el razonamiento de que el mercado, la iniciativa privada, debe controlar y regular todas las actividades productivas sin la presencia del Estado.
Para Hayek, Friedman y Estados Unidos, los grandes capitales deben encargarse de generar fuentes de empleo, definir los salarios y las condiciones de trabajo. Por ende, ellos también se hacen cargo de las políticas de consumo.
La IP también debe hacerse cargo de explotar las riquezas naturales de los países –petróleo, gas y minería– y otorgar el suministro de servicios elementales como agua potable, electricidad, servicios de salud, educación, gasolina e incluso servicio de recolección de desechos.
La intención neoliberal, de acuerdo con economistas, es suprimir al máximo la intervención del gobierno, que éste no tenga injerencia en
la vida de las naciones y no imponga ningún tipo de norma en el funcionamiento de la economía.
Y México se sumó a este sistema desde 1982, durante el gobierno de Miguel de la Madrid e intensificó su participación con Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Con la promesa de que el país accedería al primer mundo, Salinas de Gortari comenzó a promover una serie de leyes con el objetivo de, primero, permitir la apertura internacional del mercado mexicano y luego la participación de empresas extranjeras en sectores antes restringidos.
Treinta años después del comienzo del neoliberalismo en México y sin que las promesas de Gortari se hayan cumplido, desde el sexenio de Vicente Calderón y ahora con Enrique Peña Nieto, proliferó la implementación de leyes que permiten a empresas extranjeras, sobre todo estadounidenses, obtener el control de la explotación de gas, minería, electricidad, energía eólica y la venta de gasolina.
A la par, el legislativo mexicano suavizó, paulatinamente, las obligaciones patronales de las empresas, desvinculó del sector público los fondos para el retiro y, hoy, pretende promover reformas a la Ley del Trabajo con el objetivo de desaparecer la obligatoriedad de otorgar seguridad social a los obreros.
Asimismo, se han ideado ordenamientos para coartar la libertad de expresión y controlar el acceso a internet y redes sociales.
Neoliberalismo y militarización
La Ley de Seguridad Interior cobra relevancia en estos puntos, pues varios sectores de la sociedad han respondido con marchas y protestas a los cambios implementados por el Estado mexicano.
En enero de 2017, tras la autorización del aumento al precio de la gasolina, se efectuaron marchas multitudinarias y se suscitó el saqueo de centros comerciales.
Un año después, al comienzo de este 2018, ya con la liberación total de los precios de los carburantes, la sociedad ha manifestado su inconformidad por el encarecimiento de hasta 40 por ciento de productos de primera necesidad. En la actualidad, México vive la peor inflación de los últimos 20 años.
Mientras ello sucede, en estados como Oaxaca, Chiapas y Guerrero, las comunidades indígenas han intensificado su oposición a la implementación de megaproyectos mineros y de energía eólica, bajo el argumento de que las empresas saquean la riqueza sin dejar ningún tipo de beneficio.
En ese contexto, en caso de que las protestas llegaran a radicalizarse y si la SCJN otorga el rango constitucional a la Ley de Seguridad Interior, el gobierno mexicano podría argumentar que las manifestaciones van en detrimento de los intereses de la nación y que ponen en riesgo la seguridad interior, para permitir, con ello, la intervención de las fuerzas armadas.
Santibáñez resaltó que el proyecto neoliberal acabó con el sistema de política pública de bienestar de México, donde el estado era generador de empleo, el redistribuidor del ingreso y un motor de la promoción social.
–La política imperante de ese tiempo era la siguiente: estudia una carrera, consigue un buen empleo, trabaja durante años, jubílate y disfruta de la vida. Hoy, ese esquema está roto.
–¿Los funcionarios mexicanos son apátridas?
–Precisamente, es uno de los valores más importantes del proyecto neoliberal: borrar las fronteras en su sentido histórico. La era del nacional es una era que ya quedó atrás. Hubo una etapa de la historia en la que el patriotismo, los valores nacionales, las fronteras, eran algunas de las ideas que fundamentaban una forma de ver el mundo, eso se está borrando; estamos en proceso de eso.
—¿Son apátridas, antipatrióticos, los políticos actuales?
–Los que son subordinados, los gobiernos de México y de acá (Latinoamérica) acceden a esas políticas traicionando el sentir de sus propias comunidades. Pero eso lo podemos poner en los tres niveles de gobierno.
–¿Habrá una confrontación social de clases, una confrontación entre la clase política y la ciudadanía?
–Ya estamos en esta situación… la mayor parte de los conflictos sociales tienen su origen en el reparto desigual de la riqueza.
