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2018: Ejecutar agenda pendiente

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EDITORIAL

  El lunes 18 de diciembre, el presidente de México, Enrique Peña Nieto hizo en la ciudad y puerto de Salina Cruz, la Declaratoria de Zona Económica Especial, a poco más de dos meses de que la misma fuera prácticamente postergada al hacer la misma declaración de Puerto Chiapas y Lázaro Cárdenas. Entre los oaxaqueños confiamos en que dicho proyecto sea una realidad, habida cuenta de que históricamente, al menos durante los últimos cinco sexenios federales, el Istmo ha sido objeto de proyectos fallidos.

En efecto, los proyectos del Puente Multimodal Transístmico, del Corredor Industrial del Istmo y del Ferrocarril Interocéanico, entre otros, jamás se concretaron. Fueron sólo proyectos que nos hicieron forjar el sueño de que el Istmo sería al fin el pivote del desarrollo del sur-sureste de México, pero particularmente de Oaxaca. Es decir, creímos a pie juntillas de que ello nos sacaría del marasmo en que hemos caído en materia industrial y de desarrollo. El proyecto de las Zonas Económicas Especiales (ZEE), que coordina como representante presidencial, el oaxaqueño Gerardo Gutiérrez Candiani, apareció tardíamente. Esto es, estamos ya en las postrimerías del sexenio de Peña Nieto y, en opinión de algunos pesimistas, sólo que a quien llegue a gobernar este país le interese, si no, se agregará a los demás proyectos que mencionamos líneas arriba.

En su mensaje, el gobernador Alejandro Murat ponderó las bondades de las citadas ZEE. En principio, hay que subrayar que el gobierno estatal fue el facilitador para que la ZEE de Salina Cruz contara con el llamado Polígono Territorial. Ahí se instalará con certeza el Parque Industrial y las empresas que invertirán en esta región. Dichas empresas gozarán de beneficios importantes como es en el aspecto fiscal. La problemática de posesión de la tierra ha sido, también históricamente, un freno para el desarrollo de la entidad. La tierra es, en su mayoría, comunal. Una vez que se superó ese obstáculo, los tres órdenes de gobierno estarán obligados a mantener la certidumbre jurídica de los predios, pero además, a garantizar la seguridad en la región istmeña.

Lo más preocupante es que en la citada región confluyen en sus prácticas abominables de chantaje, el Cártel-22, la Coalición Obrero Campesino y Estudiantil del Istmo (COCEI), la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI), los promotores de la defensa del territorio que lidera Bettina Cruz Velásquez y Rodrigo Peñaloza, ello sin contar con la llamada Asamblea Popular del Pueblo de Juchitán (APPJ), que son entre otros, los obstáculos para cualesquier proyecto productivo, de generación de energía o despegue industrial que se instale en el Istmo. Con sus aberrantes métodos del bloqueo, algunos de ellos se han vinculado con grupos criminales para operar en absoluta impunidad.

Es evidente que lo que más requiere la zona es el establecimiento de mecanismos de orden, legalidad e institucionalidad para que la ZEE pueda caminar. Hay un sinfín de motivos de inconformidad como el hecho de la contaminación de las aguas del Pacífico, que ha afectado con dureza la pesca ribereña y de altura; que existen reglas poco claras en la generación de energía eólica y que movidos por intereses de los dirigentes políticos y de partidos de izquierda, comuneros y campesinos están en permanente agitación. Hace poco más de una semana, ya en pleno mes de diciembre, la Sección 22 –o más bien el Cártel-22- montó ocho bloqueos carreteros con la peregrina demanda de que quieren la reparación de sus escuelas y la construcción de nuevas aulas. El ingenio creativo se desplegó en las redes sociales: ¿acaso quieren escuelas y aulas nuevas para mantenerlas cerradas?

 

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