Integrantes de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados federal promueven una de para reformar el Código Penal Federal, a fin de establecer que cometen traición a la patria quienes realicen actos de corrupción y se aprovechen de desastres naturales para lucrar, delinquir o sacar ventaja de la situación, por lo cual se les impondrá de cinco a 40 años de prisión y multa hasta de 50 mil pesos.
En la exposición de motivos, se establece que aquel ilícito ha “alcanzando cifras escandalosas” que cuestan de cinco a nueve por ciento del Producto Interno Bruto.
La propuesta considera que quienes cometen actos de corrupción afectan las libertades de terceros, condenan a millones de mexicanos a recibir malos servicios en seguridad, salud, educación y se pueden perder años de vida al no realizarse las obras a tiempo. Los efectos son irreversibles, y por tal motivo las penas a imponerse deberían ser mucho más severas.
Ante ello, propone adicionar las fracciones 16 y 17 al artículo 123 del Código Penal Federal para considerar los actos de corrupción como traición a la patria.
Con ello, dice, se fortalecerá lo establecido en el artículo 109 constitucional fracción II, la cual señala que “la comisión de delitos por parte de cualquier servidor público o particulares que incurran en hechos de corrupción, será sancionada en los términos de la legislación penal aplicable”.
En la iniciativa también se establece que estudios recientes “nos ubican como la nación más corrupta de las que componen la Organización para el Crecimiento y Desarrollo Económicos (OCDE), ocupando el lugar 34 de 34 países que integran el organismo”.
Asimismo, añade que, según estudios del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), sólo dos por ciento de los delitos cometidos por funcionarios públicos, a los que se les abre una averiguación previa, deriva en encarcelamiento.
El documento destaca la gravedad “de los irresponsables endeudamientos en estados y municipios llevados a cabo por ex gobernadores bajo la complicidad y ayuda de un gran número de funcionarios que tienen a esas entidades en malas condiciones financieras y, por ende, la inseguridad ha ido al alza”.
