La Ley de Seguridad Interior es el resultado de dos sexenios de una violencia sin precedente en un siglo, con los resultados contraproducentes que todos conocemos. En la imposibilidad de resolver los problemas por la vía política, Felipe Calderón y su sucesor optaron por la matanza de mexicanos. Como también eso ha fracasado, pues crece inconteniblemente la criminalidad, se recurre a las fuerzas armadas, a las que, como se sabe, es muy fácil sacarlas de los cuarteles. El problema es regresarlas.
Humberto MUSACCHIO
Con la aprobación en lo general de la Ley de Seguridad Interior, el gobierno federal asume cabalmente su fracaso. El ordenamiento confirma que la autoridad civil no puede y acepta dejar en manos castrenses lo que ocurra en 2018. Si el PRI repite el numerito de Coahuila y el estado de México, con la desaforada compra de votos e incluso el fraude y ante tal cochinero no bastara la complicidad del Tribunal Electoral, será muy útil tener a los militares, legalmente, en el papel de gendarmes.
Igualmente, en el remotísimo caso de que dejaran ganar a López Obrador, al PRI-AN-RD le quedarán recursos como el desafuero, que ya puso en práctica bajo la batuta de Vicente Fox (¿de a millón por diputado?), y si eso fallara, queda el golpe de fuerza, el desplazamiento sin más del eventual presidente.
Si como resultado brota el hartazgo popular y se producen protestas masivas, otra vez se depositará en manos de los soldados la responsabilidad de resolver los problemas que crea lo que López Obrador llama la mafia del poder. Para eso precisamente es la malhadada ley que se aprobó con 248 votos y 48 abstenciones de diputados que no representan al pueblo, sino su propio interés y el de su jefe sexenal.
Con una notoria dosis de cinismo, la diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente, la hermana del llamado Subcomandante Marcos, declaró que la ley de marras “regula la participación de las fuerzas federales y las armadas en las tareas de defensa y preservación de la seguridad y la paz al interior del territorio nacional”.
Más bien, la Ley de Seguridad Interior es el resultado de dos sexenios de una violencia sin precedente en un siglo, con los resultados contraproducentes que todos conocemos. En la imposibilidad de resolver los problemas por la vía política, Felipe Calderón y su sucesor optaron por la matanza de mexicanos. Como también eso ha fracasado, pues crece inconteniblemente la criminalidad, se recurre a las fuerzas armadas, a las que, como se sabe, es muy fácil sacarlas de los cuarteles. El problema es regresarlas.
Con la ley de marras y la probada incapacidad del gobierno, se ha optado por el camino que siguió Juan María Bordaberry, presidente de Uruguay que en 1973 disolvió el parlamento, prohibió los partidos políticos y suprimió las libertades civiles para gobernar con un gabinete de militares y políticos fascistas, hasta que tres años después, los propios uniformados declararan que le habían perdido la confianza y lo defenestraron. El PRI y sus comparsas han ignorado esa lección histórica.
