Tal cual
El nuevo PRI que presume y dirige Enrique Ochoa Reza tiene entre sus activos y negocios al menos medio centenar de taxis en Nuevo León que, asegura, adquirió legalmente y no por medio de actos de corrupción o concesiones de dudosa procedencia como lo acusó el gobierno de Nuevo León.
Luis Carlos RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
La corrupción en que se encuentran inmersos todos los presidentes o dirigentes de los partidos políticos en México es variopinta y democrática porque abarca todos los colores y emblemas. Desde un “zar” de taxistas con liquidaciones millonarias en CFE, hasta quien tiene una casa de interés social en Las Lomas o quien ostenta empresas y terrenos de dudosa procedencia.
Sin contar a los “ecologistas” vinculados con negocios y episodios oscuros en zonas turísticas o quienes se dicen los salvadores de la patria pero que no logran sacudirse a los señores de las ligas y los fajos de billetes.
Alejandra Barrales, presidenta del PRD y quien presume en spots un trabajo a favor de los ciudadanos y los más desprotegidos, se alejó de la zonas populares de la capital y del país para comprarse una “casita” de “interés social” en la ganga de 13.3 millones de pesos en Lomas de Chapultepec. Cuando fue descubierta de inmediato aclaró que la compró con crédito hipotecario y con mucho “esfuerzo”. En marzo pasado también se reveló en una investigación periodística que es dueña de un departamento de 990 mil dólares en Miami.
Barrales, ex líder del Sindicato de Sobrecargos y muy cercana al Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, en 2011 cuando fue presidenta de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, creó un fideicomiso para becar a 45 mil jóvenes pero dos años después apenas 2 mil 700 recibieron el apoyo. 250 millones de pesos desaparecieron y nunca se aclaró el destino.
El nuevo PRI que presume y dirige Enrique Ochoa Reza tiene entre sus activos y negocios al menos medio centenar de taxis en Nuevo León que, asegura, adquirió legalmente y no por medio de actos de corrupción o concesiones de dudosa procedencia como lo acusó el gobierno de Nuevo León. El precio actual de unas placas en ese estado es de 250 mil pesos más el vehículo en promedio de 150 mil pesos adicionales.
Es decir, el líder del PRI tiene un negocio de 20 millones de pesos rodando en las calles regiomontanas. El origen de esos recursos nunca lo ha aclarado más que por un escueto boletín donde asegura que los adquirió legalmente. A Enrique Ochoa se le suma en su fortuna reciente una liquidación por 1.2 millones de pesos por “renunciar” a la Comisión Federal de Electricidad con antigüedad apenas de 2 años y cinco meses. Justificó el premio señalando que no fue por el tiempo sino por su buen desempeño.
Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN, es tal vez el más exhibido recientemente en la prensa por sus “buenos negocios” y los de su parentela. Si bien es evidente que hay una estrategia de golpearlo políticamente, también es indefendible que tengan inmuebles por más de 300 millones de pesos, muchos de ellos obtenidos con terrenos expropiados cuando fue funcionario del gobierno de Querétaro.
El eterno “Niño Verde”, Jorge Emilio González Martínez, actualmente en año sabático, es dueño de la franquicia familiar llamada PVEM y que en últimas fechas se la ha prestado a sus amigos “ecologistas”. Este partido ha sido una máquina de negocios y tráfico de influencias. Gracias a las alianzas en su momento con el PAN y PRI lograron una reforma en materia de medicinas genéricas que permitió fortalecer el imperio de las cadenas de farmacias de la familia González Torres, lo mismo el Doctor Simi que otros consorcios.
Los escándalos de corrupción para gestionar terrenos en zonas de reserva ecológica en Cancún donde se dijo “chamaqueado”, la fiesta donde murió una modelo húngara en esa misma ciudad y en donde se vincula al “Niño Verde” con el caso, son sólo un botón de muestra de quien encabeza los destinos del PVEM.
Andrés Manuel López Obrador, líder de Morena, también tiene sus asignaturas pendientes por no desligarse de personajes como René Bejarano, el llamado señor de los ligas y de los video-escándalos, pero también por impulsar a políticos vinculados con casos de represión y de fraudes electorales como lo es Manuel Bartlett, por cierto ex secretario de Gobernación en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, a quien el tabasqueño califica como el líder de “la mafia en el poder”.
Un caso emblemático es el del dirigente vitalicio desde hace 26 años del Partido del Trabajo, Alberto Anaya Gutiérrez, amigo de Raúl Salinas de Gortari. Sin tantos reflectores por estos días ha logrado que esta franquicia, familiar y de amigos sobreviva en ocasiones en alianzas con el PRD, Morena y el PRI.
Anaya ha sido tres veces diputado federal, dos veces senador. Ha sido acusado de repartir candidaturas entre sus amigos e incluso con su familia. En los últimos días del gobierno de Rodrigo Medina, en Nuevo León, fue acusado de recibir un bono por 60 millones de pesos al Partido del Trabajo (PT) ello a través de una institución de educación superior ubicada en Monterrey que no es Asociación de Beneficencia Pública (A.B.P), sino una Asociación Civil (A.C.) que cobra cuotas a los estudiantes y está imposibilitada para recibir subsidios estatales. Tal Cual.
