EDITORIAL
Esta semana inicia el segundo año de gobierno de Alejandro Murat. El primero, como lo comentamos en el número anterior de Real Politik, fue el año de la novatez y el acomodo. Más de 300 bloqueos carreteros y a vialidades urbanas; cientos de protestas y desafíos a la gobernabilidad no son poca cosa para quien inicia su segundo año. En efecto, siendo indulgentes no podemos atribuirle al ejecutivo estatal toda la responsabilidad del atraso oaxaqueño. Al menos en su primicia gubernamental, la naturaleza le dio una lección irrebatible, primero con sequías, luego con inundaciones y finalmente con los sismos que terminaron de devastar nuestra accidentada geografía oaxaqueña.
Murat, siempre lo hemos reconocido, es un joven político, formado en la academia y el sector público. Hemos advertido en él nobles propósitos, deseos de hacer bien su papel como gobernador y sacar a Oaxaca del marasmo en que lo dejó su antecesor Gabino Cué. Pero con esa misma claridad debemos reconocer que las cosas no se han hecho bien; que hace falta compromiso de trabajo y dedicación de parte de la mayor parte de su equipo de trabajo; que algunos de su círculo cercano han contribuido a la lejanía entre el gobernador y sus antiguos aliados. Sería una torpeza que no revise quiénes le han funcionado y quiénes no.
Una de las primeras señales de que las cosas quieren hacerse bien será una sacudida al gabinete. En efecto, como lo anunció en el mensaje de su Primer Informe, Oaxaca requiere de funcionarios de tiempo completo y además, con vocación de servicio. Hay algunos que aspiran y se publicitan para cargos de elección popular y están incumpliendo con el compromiso que contrajeron con el gobernador. Éstos, definitivamente, deben irse, al igual que otros que están ubicados en áreas que han mostrado ineficiencia e incapacidad. Desde hace meses se sabe que Murat Hinojosa tiene en la mira a varios de sus colaboradores, pero ha sido prudente para despacharlos. El único que se fue con cajas destempladas luego del sismo del 7 de septiembre fue Amando Demetrio Bohórquez Reyes, quien fuera titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPCO), que ciertamente no tenía ni idea del cargo que le fue asignado.
El gobernador debe darle certidumbre jurídica a la estructura gubernamental y a quienes ahí se desempeñan. Es aberrante que a la fecha a muchos funcionarios designados por el mismo ejecutivo, les sigan pagando por honorarios y no en nómina. Hay empleados que van desde directores, jefes de unidad, departamento y hasta analistas, que no han cobrado su salario durante meses. Y ello se debe a la falta de consistencia jurídica en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo que, por cierto, casi nadie conoce. La misma fue aprobada por los señores y señoras diputadas en la opacidad, en absoluta discrecionalidad y cual si fuera un traje a la medida de los titulares de las secretarías.
Ya fue un año para estar metidos en la curva de aprendizaje; ya fue tiempo suficiente para enmendar los errores del pasado y dejar de culpar a los que se fueron de los errores. Ha transcurrido un año y es necesario rectificar el rumbo; enderezar las cosas que han ido mal y sin temor alguno, despachar a quienes al interior del gabinete, no han dado el ancho. Una buena sacudida es lo que hace falta. Sólo así, Murat Hinojosa podrá ir tirando el lastre que significa cumplir compromisos teniendo a personajes que son incapaces de cumplir fielmente con el propósito de hacer bien las cosas.
